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La presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró que mantiene en alto su compromiso de contribuir a la obtención de la verdad plena, a la reparación integral de las víctimas y a la construcción de garantías de no repetición para los colombianos

La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, aseguró que las objeciones determinadas por el presidente de la Republica, Iván Duque contra seis de los 159 artículos que componen la Ley Estatutaria que le da vida a la dependencia a su cargo no impedirá que las entidad siga funcionando.

A través de su cuenta de twitter Linares expidió un comunicado en el que sostiene que en su condición de presidenta de la JEP “recibe con respeto la decisión presidencial”.

Les dijo a las víctimas así como a los comparecientes, a la sociedad y a la comunidad internacional que la JEP seguirá funcionando plenamente, ejerciendo a cabalidad todas y cada una de sus competencias y funciones, como lo ha venido haciendo desde el 15 de enero de 2018.

La JEP reitera su compromiso de contribuir a la obtención de la verdad plena, a la reparación integral de las víctimas y a la construcción de garantías de no repetición para los colombianos.

Termina la carta asegurando que la paz estable y duradera es el compromiso de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Veinticuatro horas antes de que venza el plazo que tenía, el presidente de la Repú.

ara reso y el lpa ormas que s utaria para la paz eis de los artpartido Liberal o armado or el contrario la objeta y con elo lablica, Iván Duque exhibió las razones por las que objeto por inconvenientes seis de los artículos que conforman la Ley Estatutaria para la paz e indicó que está es una oportunidad única que tiene el Congreso y el país para construir un consenso institucional alrededor de la Justicia transicional.

Argumentando razones de inconveniencia, el presidente de Colombia, Iván Duque decidió objetar seis de los 159 artículos que constituyen la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), razón por la cual la iniciativa deberá regresar al parlamento para hacer las enmiendas recomendadas por el Jefe del Estado y que en determinado momento podría determinar una fuerte tropezón al proceso de paz firmado por el Estado colombiano con la desaparecida guerrilla de las Farc, hoy convertida en partido político.

En una alocución, el mandatario colombiano   explicó los motivos y razones por los que decidió objetar los seis artículos y precisó que lo hacia más con el ánimo de contar con una norma que realmente una a los colombianos y no con una Ley que genera divisiones e inconformismo.

Invitó al Senado y la Cámara de Representantes (Congreso colombiano) a que debate en forma objetiva y constructiva las objeciones realizadas, al tiempo que defendió el porque de su actuar. Dijo que se debe llegar a que se establezca la norma que garantice genuina verdad, justicia, reparación y no repetición

“Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, señaló Duque.

Recordó que la Constitución le otorga un plazo al Presidente de la República para sancionar u objetar las leyes en otras por inconveniencia, y dijo que lo hacía en el marco del “principio de separación de los poderes públicos y de los necesarios pesos y contrapesos democráticos en su más pura expresión”.

Plantó que utilizó el tiempo que le daba la Ley “para analizar con cuidado y ponderación este proyecto”.

De acuerdo con Duque lo que se le avecina al Congreso es una única oportunidad para construir un consenso institucional alrededor de la Justicia transicional. “Una oportunidad –dijo– que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide”.

Luego hizo dos consideraciones: la primera, que “no estamos ante un choque de trenes”. En este sentido, expresó que “la Corte Constitucional, Corte por la que tengo el mayor respeto, es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra”.

En segundo lugar, recalcó que “los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”. Una paz –agregó– que garantice genuina verdad, justicia, reparación y no repetición.

“Todos los colombianos, con excepción de quienes hoy son incapaces de renunciar a la violencia y dejar sus crímenes, queremos que haya paz en nuestra nación. No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz. Pero queremos una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

En este sentido, y en un claro mensaje a la base de la guerrilla, dijo que “aquellos que han cumplido sus compromisos y hoy respetan la ley, no tienen nada que temer con nuestras objeciones”.

“El Gobierno continuará con la implementación efectiva y ejecutiva de los compromisos a todas las personas que se encuentran en la reincorporación y en las regiones que han sido afectadas inmisericordemente por la violencia”, subrayó.

Agregó que la administración de justicia en la JEP, producto de los Acuerdos, es necesaria en este esfuerzo de asegurar la genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina no repetición, e hizo énfasis en que “este objetivo ha sido el faro ético y jurídico que ha guiado nuestra revisión de la ley estatutaria y que nos ha ayudado a identificar nuestras objeciones”.

ARTÍCULOS OBJETADOS POR DUQUE

Artículo 7:

“Para buscar una genuina reparación el Gobierno objeta por inconveniente el artículo 7 de la ley estatutaria de la JEP porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera”.

Inciso octavo del artículo 63:

“El inciso octavo del artículo 63 es inconveniente para los colombianos porque no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz”.

“Quiero dejar claridad en este tema: la tarea de verificar las personas que participan de un proceso de paz debe seguir siendo competencia del Alto Comisionado para la Paz como representante del Presidente de la República. No es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás”.

Inciso tercero del literal j del artículo 79:

“El inciso tercero del literal j del artículo 79, por su parte, trata de la suspensión de las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. Esto genera una situación que perjudica los intereses de las víctimas y desperdicia valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad. Es conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria. Esta precisión es necesaria para evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la Verdad de las víctimas”.

Parágrafo 2 del artículo 19:

“Se objeta, también, el parágrafo 2 del artículo 19 que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos, todos los esfuerzos para encontrar la Justicia y la Verdad”.

Artículo 150:

“El artículo 150, referente a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo Final, es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. No hacer esa precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países”.

Artículo 153:

“Objetamos, también, el artículo 153 por inconveniente, porque condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la Justicia de otros Estados”.

Tras exponer las razones de las objeciones, el Presidente recalcó que la Corte Constitucional cumplió con su mandato y se pronunció con respecto a la exequibilidad de la ley. “El fuero que me corresponde como Presidente es el de la conveniencia para la sociedad y en esa línea presentamos estas seis objeciones”.

Reiteró que cada una de estas observaciones busca la mejora y la corrección de la Justicia transicional para corregir estos aspectos y avanzar en la construcción de una paz que nos una. Y subrayó: “No podemos tenerle miedo a abordar estos cambios de manera constructiva y sin ánimo de polarizar”.

FRASES SUELTAS

  • • En una alocución televisada, el Jefe de Estado expresó que “los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”. Una paz –agregó– que garantice genuina verdad, justicia, reparación y no repetición.
  • • Señaló que el país está ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la justicia transicional. “Una oportunidad que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide”.
  • • Afirmó que “no estamos ante un choque de trenes”. En este sentido, indicó que “la Corte Constitucional, Corte por la que tengo el mayor respeto, es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra”.
  • • En un claro mensaje a la base de la guerrilla, dijo que “aquellos que han cumplido sus compromisos y hoy respetan la ley, no tienen nada que temer con nuestras objeciones”.

Este lunes el presidente de la Republica, Iván Duque decidirá que camino tomará la Ley Estatutaria o especial que define el marco jurídico para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la paz y donde se establecen las rutas por donde marchará el acuerdo suscrito con el desaparecido grupo guerrillero y hoy partido político Farc

Este lunes podría ser un día cable para el proceso de paz que el Gobierno que encabezó Juan Manual Santos con la desaparecida guerrilla de las Farc, hoy convertida en partido político, tendrá este lunes un día crucial, incluso más sensible que la jornada llevada a cabo el 24 de noviembre de 2916 cuando las dos partes firmaron en Bogotá el acuerdo de cese definitivo al fuego y la definición de un periodo de reconciliación nacional.

Se aguarda que este lunes el presidente de la República, Iván Duque, cuyo partido político es contrario a muchas de las prerrogativas para las Farc señaladas en el acuerdo suscrito, emitirá su decisión si objeta o invalida total o parcial la Ley Estatutaria (o Especial por la votación requerida para su aprobación) la cual reglamenta todo el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), catalogados por algunos como el eje central del acuerdo y con base en ello algunos consideran que una enmienda de fondo a dicha Ley, determinaría el desplome del acuerdo firmado.

OPINIONES

La Ley Estatutaria es la columna vertebral de la JEP, es la reglamentación para que esta justicia pueda sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en medio del conflicto armado en Colombia y es la que le garantiza el pleno funcionamiento a esta entidad que nació del proceso de paz y que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Según expertos consultados por diferentes medios de comunicación colombianos, entre ellos por El Espacio Web, a pocas horas de que se de a conocer la decisión final que adopte el Duque, las objeciones que cite el presidente en su decisión –si es que se dan-, se relacionan más a hechos de inconveniencia más que por inconstitucionalidad o legalidad.

Esa norma especial ya surtió su efecto dentro del Congreso y paso a control de legalidad por parte de la Corte Constitucional, el cual se constituye en el máximo ente en dirimir sobre la legalidad o no de una norma, y su veredicto fue de que dicha Ley tal y como salió del Congreso era constitucional.

De ahí que los analistas consideran que la objeción por constitucionalidad o legalidad no se puede argumental porque ya existe el pronunciamiento de la Corte Constitucional y solo le quedaría al gobernante la opción de señalar esas objeciones por inconveniencia.

De acuerdo con el ex presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, al presidente de la República podría optar por una de los tres caminos que tiene para decidir sin firma y avala dicha Ley o por el contrario la objeta y con ello la norma debe regresar al Congreso de la República, el cual en últimas será el que diga si acepta o rechaza los argumentos que exhiba el gobernante en caso de que sea contra una parte o la totalidad de la norma.

La Ley Estatutaria o Especial, la cual fue aprobada por las dos cámaras legislativas pocas semanas antes de que finalizara el gobierno de Santos y su legalidad fue determinada por la Corte Constitucional.

LA ENCRUCIJADA

Los caminos que deba recorrer, en caso de que exista una objeción presidencial son:

Que las dos Cámaras (Senado y Cámara) acepten las objeciones, entonces se introducirían las objeciones que surgieran de la posición presidencial; una segunda ruta sería que las cámaras descarten las objeciones presidenciales, las rechacen y en ese evento debe regresar el proyecto al Presidente de la República para que imponga la sanción sin poder presentar nuevas objeciones; y, la tercera posibilidad que puede presentarse es que una Cámara acepte las objeciones y la otra las rechace, evento en el cual ese proyecto se archiva y con ello se hunde el eje central del acuerdo.

En concepto del analista Ariel Ávila, el presidente Duque habría escogido el camino de objetar parcialmente la Ley Estatutaria y quedarías en manos del Congreso, donde la coalición de Gobierno no es tan sólida, pero cuanta con una precaria mayoría más en el Senado que en la Cámara para impulsar la decisión final que tome Duque.

HABRÍA EFECTOS COLATERALES

Pero la decisión que tome el Jefe de Estado frente a la Ley Estatutaria también podría tener sus efectos colaterales como por ejemplo poner en peligro la aprobación de otras iniciativas en las que el mandatario estaría interesado en sacar adelante como por ejemplo su Plan de Desarrollo y cuya primera advertencia ya le fue anunciada por el partido Liberal, colectividad que tiene la mayoría en la Cámara de Representantes.

Aunque el análisis señala que esto solo le daría largas a un tema que no tiene salidas claras diferentes a su sanción definitiva, el tiempo que demoraría en poder funcionar en pleno le serviría a quienes se le oponen esa Ley para acrecentar sus críticas.

Pero la retaliación también s e podría sentir en la Corte, cuerpo que tiene en sus manos la autorización de que el Gobierno use el glifosato para fumigar los cultivos de cocas para combatir el crecimiento del área sembrada y cuya discusión se abrió a mitad de la semana que acaba de pasar. Ese alto tribunal vería como una desautorización la objeción total o parcial presidencial y por ello se inclinaría a vetar la iniciativa del Gobierno.

Es necesario priorizar las zonas donde se evidencia incremento de cultivos ilícitos para ejercer acciones y recuperar a legalidad como garantía de los derechos humanos: Ministerio del Interior

La presencia del narcotráfico, ello ligado con el predominio en los cultivos ilícitos y la tenencia de la tierra, además de la existencia de diferentes actores armados, se constituyen en los factores básicos para que aumenten los principales riesgos identificados en las zonas donde han ocurrido el asesinato de líderes comunales y campesinos.

La identificación de los tres puntos que generan dichos homicidios se determinó durante un reunión que se desarrollo en el Ministerio del Interior y a la que asistieron representantes de la Defensoría del Pueblo, delegados de organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Igualmente se analizaron las Alertas Tempranas que de acuerdo con la Defensoría del Pueblo registran un incremento en cuanto a las amenazas y homicidios de líderes sociales, comunales, defensores de derechos humanos y periodistas.

Según las cifras oficiales de homicidios, avaladas por la ONU, señalan que 61 casos se presentaron en 2016; 84, en 2017 y 110, en 2018. En lo corrido del 2019, se han presentado 6 casos.

A la fecha se contabilizan 98 alertas que abarcan 141 municipios y 26 departamentos del país; de estas, solamente 4 alertas (8 municipios) no están asociadas a temas de narcotráfico y cultivos ilícitos. 

De los municipios referidos, el 53% (75 entes locales) están en riesgo alto y medio alto por cultivos ilícitos, identificando una relación entre el incremento de la siembra y la cadena del narcotráfico en su complejidad, con la emisión de las Alertas Tempranas.

Los municipios de Tumaco, El Charco (Nariño); Tibú, El Tarra (Norte de Santander) y ubicados en zona de frontera con Venezuela, lo mismo que en Puerto Asís y Valle del Guamuez (Putumayo) cerca de Ecuador, han sido identificados como de alta incidencia de la violencia asociada al narcotráfico.

También se estableció, teniendo en cuenta las 98 alertas tempranas emitidas hasta el momento, que los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Cauca, Guaviare, Chocó y Atlántico presentan mayor afectación con relación a reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes para vincularlos a grupos armados ilegales o como mano de obra directa en producción, distribución o comercialización de la cadena de narcotráfico.

El Ministerio del Interior recomendó priorizar las zonas donde se evidencia incremento de cultivos ilícitos para ejercer acciones de todo el estamento, para la recuperación de la legalidad como garantía de los derechos humanos de la población que habita en estos territorios.

El galón de gasolina aumentó en 45 pesos, mientras que el de diésel o Acpm subió 89 pesos.

En 45 pesos por galón de gasolina y 89 pesos por galón de Acpm fueron incrementado los precios de los combustibles en Colombia por decisión del gobierno del presidente Iván Duque, determinación que comenzó a regir a partir de este sábado 9 de marzo.

Una resolución expedida por el Ministerio de Minas informó los precios para las principales ciudades del país, quedaron para Bogotá en $9.586 por galón de gasolina y $9.068 para Acpm.

Para Medellín el precio referente por galón de gasolina es de $9.525 y $9.075 para el Acpm, mientras que para Cali $9.600 gasolina y $9.173 para el de Acpm. El precio referencia para la ciudad fronteriza de Cúcuta es de $7.257 pesos por galón de gasolina y $6.435 para el diésel.

Para decretar el aumento el Gobierno tuvo en cuenta los incrementos de los precios del petróleo en el mercado internacional y por un mayor costo en la refinación en el Golfo de México de Estados Unidos.

En los últimos meses, el precio del combustible en Colombia ha tenido mas incrementos que bajas. En agosto, cuando asumió Iván Duque, el precio se mantuvo estable con respecto al mes anterior para subir luego durante los tres meses siguientes.

En diciembre y enero el precio bajo, y en febrero y marzo se volvieron a presentar alzas que llegaron a máximos históricos. El nuevo Plan Nacional de Desarrollo contemplaría una nueva fórmula para reorganizar los precios de la gasolina en todo el país.

Esta es la tercera vez en este año en que el Gobierno determina un alza en los precios de la gasolina, y que comenzarán a aplicar desde este sábado 9 de marzo en todo el territorio Nacional.

Añadió además que "con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, los consumidores pagarán cerca de $1.000 menos de lo que podría costar el galón de ACPM sin este mecanismo de estabilización, por la alta volatilidad de los precios internacionales".

Solo en lo corrido del último año, el costo de la gasolina ha subido un 7%, incrementándose alrededor de 700 pesos desde el mes de enero de 2018, llevando su precio de referencia a un promedio de 9.108 pesos por galón. Ante este panorama, los transportadores han pedido que se tomen medidas para evitar que el alza siga siendo vertiginosa.

Otro bombazo contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de estallar. Su directora de Asuntos Jurídicos de Martha Lucía Zamora, decidió renunciar ante la investigación a que está siendo sometida por parte de la Fiscalía General. Además de ello se aguarda la decisión del presidente Iván Duque sobre si objeta total o parcialmente la Ley Especial que define el funcionamiento de ese tribunal especial creado para juzgar a los actores de la guerra interna que vivió Colombia en las últimas seis décadas.

La directora de Asuntos Jurídicos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Martha Lucía Zamora, renunció a su cargo después de que la Fiscalía General de la Nación decidiera llamarla a juicio por supuestas irregularidades cometidas en su gestión.

La determinación la adoptó Zamora precisamente cuando en Colombia se celebra ‘el día de la mujer’ y dimitió a fin de no causarle daño y ataques mediáticos a la JEP, ente del que dijo que “no se merece que le causen daño por mi proceso”.

Pero ese no es solo el nubarrón que está por encima de ese sistema especial de justicia. También sobre él se encuentra la incertidumbre creada en torno a que sí el presidente de la República, Iván Duque, objeta la Ley Especial que regula su funcionamiento.

Para los amigos del proceso de paz que adelantó el pasado gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc un cambio que se realice a la Ley Estatutaria significaría que se le estaría colocando un bombazo contra dicho pacto que permitió que las Farc abandonaras las armas y se convirtieran en partido político  

El plazo que tiene el mandatario para adoptar esa decisión esta por vencerse y el gobernante no ha dejado entrever ninguna pista sobre cual será la opción que adopte.

Se conoce que el mentón político de Duque, el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, se pronunció recientemente porque dicha Justicia Especial fuera derogada en su totalidad, pero también reconoció que aunque no cuenta en el Congreso con los votos necesarios para su hundimiento, es partidario de que se le realicen transformaciones sustanciales.

Ahora en el caso de Zamora, la Fiscalía la llamó a juicio ante un supuesto encubrimiento para que varios ex jefes de las Farc pudieran abandonar los espacios territoriales que les fueron asignados. A ello se suma que el Gobierno de Estados Unidos le canceló la visa a ella y a los contratistas July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo.

Para el ente acusador hay evidencias de que funcionarios de la JEP habrían planeado falsedades y un eventual fraude procesal para encubrir el abandono de espacios territoriales de capacitación y reincorporación de algunos jefes desmovilizados de las Farc.

El CTI de la Fiscalía adelantó una inspección judicial a la sede de la JEP para recolectar documentos y otros elementos anexados como evidencias.

Tanto Zamora como la contratistas Henríquez negaron en su momento los señalamientos de la Fiscalía, diciendo que todas las explicaciones las darían ante el investigador del caso.

Zamora señaló que los funcionarios de este tribunal especial siempre han actuado con transparencia y con su deber.

Y agregó que: “Yo creo que (la JEP) es una institución absolutamente clara y transparente en donde todos sus integrantes.

La nueva querella instaurada la ventilará el Consejo de Estado, mientras que el magistrado de ese tribunal, Roberto Augusto Serrato de la Sección Primera, resolverá la suerte de una demanda que en el mismo sentido fue instaurada hace dos semanas ante ese tribunal.

Ante el Consejo de Estado se radico una nueva demanda en contra de la credencial como senador del ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, reveló la presidenta de ese alto tribunal, Lucy Jeannette Bermúdez.

La nueva querella en contra de la investidura como senador de Petro fue instaurada al mismo tiempo en que en el Consejo de Estado se efectuaba el reparto de otras demanda de pérdida de investidura que fue instaurada contra Petro hace dos semanas.

"Se radicó y el fundamento de la misma es la sanción que en materia de responsabilidad fiscal tiene, y la causal es la consagrada en el Artículo 122 de la Constitución", dijo Bermúdez.

En el reparto de la demanda la querella quedo en manos del magistrado Roberto Augusto Serrato de la Sección Primera. Se calcula que en aproximadamente uno o dos meses se conocerá la decisión del alto tribunal.

"Primero tendrá que pronunciarse el magistrado sobre si la demanda reúne los requisitos o no; si los reúne inmediatamente entrará a determinar las pruebas que se requieren, las decreta, las práctica y después se cita a una audiencia donde el demandante, el congresista y el ministerio público, intervienen. Posteriormente el magistrado proyecta el fallo y la Sala entra a deliberar y decidir", agregó la togada. 

El pasado martes el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la solicitud de embargo de los dineros de reposición de votos que le corresponden a la campaña del hoy senador Gustavo Petro.

La solicitud había sido elevada por la Contraloría de Bogotá, argumentando el embargo de esos dineros debido a las sanciones contra Petro, a quien sancionó por haberle causado detrimento patrimonial a la capital con decisiones que tomó sobre el esquema de aseo y las tarifas de Transmilenio, cuando era alcalde de Bogotá.

En la decisión, tomada en sala plena, el Consejo Nacional Electoral determinó mantener la resolución del pasado 5 de febrero, en el que le reconocen a Gustavo Petro por reposición de votos 23 mil 871 millones 519 mil 900 pesos, que serán enviados al partido Mais y a la Colombia Humana.

Al respecto, Heriberto Sanabria, presidente del Consejo Nacional Electoral, insistió en que la decisión tomada por este organismo estuvo amparada en el artículo 13 de la ley 130 de partidos.

"Lo que está diseñando como riqueza no lo es y al contrario, lo que va a generar es la pobreza para sus propios nietos", dijo Brigitte Baptiste, directora de dicho instituto dedicado a la investigación de los Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Tras acusar al gobernador del departamento del Guaviare, Nebio Echeverry, al oriente de Colombia y en inmediaciones de la selva amazónica, de tener una visión que va en contra vía de la defensa de los ecosistemas que habitan en esa zona catalogada como el pulmón del mundo, la directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Brigitte Baptiste y lo exhortó a tener una visión diferentes sobre lo que debe ser la defensa de la selva.

“Él, el gobernador Echeverry, tiene una visión de desarrollo que va en contra vía de la visión que se ha venido construyendo sobre la necesidad de la protección del Amazonas", declaró Baptiste, directora de uno de los centros de investigación colombiano más importante de América Latina.

Precisó que el gobernante debe reconsiderar su plan de desarrollo que está implementando en el Guaviare por cuanto lo que está realizando es la "destrucción de la selva amazónica".

El propósito del gobernante y que lo exhibe siempre que pueda es el de "fortalecer" a como de lugar el hato ganadero, lo mismo que los cultivos de palma de aceite y hacer vías, pero para nada esboza sobre como defender la riqueza que genera la selva.

Tal es el grado de desconcierto que hay frente a los planes pensados por el gobernante departamental, que a finales del 2018, cuando el presidente Iván Duque realizó el 'Taller Construyendo País' en San José del Guaviare, las palabras pronunciadas por Echeverry causaron polémica y fue abucheado por hablar solo del hato ganadero, los cultivos de palma y hacer vías. 

La científica lamentó el hecho de que “gran parte del territorio del departamento de Guaviare está rodeado de palma africana”, como igual acontece con terrenos cercanos a esa zona del país y que pertenecen al departamento del Meta, como los municipios de Mapiripán, a donde llegaron extranjeros e hicieron inversiones para instalar una extractora de aceite. Igual acontece con extensiones del municipio de Puerto Rico y Granada.

Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en mayo venidero se estaría adjudicando los contratos y la sobras se proyectan arrancar en el último trimestre de este año.

Un total de 26 propuestas recibió la Alcaldía de Bogotá para llevar a cabo la construcción de la troncal del Transmilenio que irá por la carrera 7 y que unirá a las calles 32 con la 200.

"Estamos muy satisfechos de poder contarle a los bogotanos que este proceso licitatorio ha culminado con éxito otra de sus etapas, y hemos recibido 26 propuestas para construir la nueva Séptima, la que es sin duda la obra pública más importante de Colombia en este momento", señaló Yaneth Mantilla directora del distrital Instituto de desarrollo Urbano (IDU).

En total fueron siete firmas las que presentaron estas propuestas. Según el distrito, el tramo 6 comprendido entre las calles 147 y 183 es el que más propuestas obtuvo, con 6 en total.

Los contratos fueron divididos en ocho, uno para cada tramo, lo que "garantiza la transparencia en el proceso y permite hacer un seguimiento más detallado", dijo la funcionaria del IDU

El propósito del ejecutivo capitalino es el de que las obras comiencen a ejecutarse a partir del último trimestre de 2019 y se terminen entre el 2021 y 2023, ello de acuerdo con la complejidad de cada tramo.

Así mismo, se incluyeron 5 años más de mantenimiento para garantizar la calidad de la construcción.

"Esta inmensa respuesta de las compañías constructoras nos da garantías para continuar sin contratiempos, evaluar las ofertas y realizar la adjudicación de la obra en mayo con el acompañamiento de todos los organismos de control y los ciudadanos, tal y como está estipulado en el cronograma", enfatizó Mantilla.

Se espera que esta obra beneficie a más de 3 millones de personas que viven o transitan diariamente por esta vía.

"Una vez esté terminada la obra, viajes que hoy toman 2 horas y media se podrán hacer en tan solo 50 minutos", indicó la directora del IDU.

El proyecto de Transmilenio por la Séptima contempla la renovación de todas las aceras y el espacio público, la construcción de una CicloRuta de 11 km, tres puentes peatonales, dos carriles exclusivos para carros particulares, 22 estaciones, tres pasos subterráneos, cuatro puentes vehiculares, y un aumento de 12 a 15 kilómetros en la velocidad promedio del corredor.-.-

Gloria Ortiz, presidenta de ese alto tribunal, indicó que tras la extensa jornada que se efectuó el jueves y en la que amigos de la reanudación de las fumigaciones –entre ellos el gobierno nacional- defendieron dicha alternativa, los opositores exhibieron los argumentos por los cuales no se debe regresar con las aspersiones.

La presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Gloria Ortiz, aseguró que ese alto tribunal se tomará un tiempo prudencial para emitir su fallo sobre el posible uso o no del herbicida llamado Glifosato como medio para combatir los cultivos ilícitos, especialmente el de coca que en una década casi se duplicaron en todo el país.

La togada sostuvo que la audiencia que se realizó el pasado jueves sobre el tema, fue bastante productiva y se constituyó en una expresión de trabajo organizado en detalle, pues se hicieron una serie de paneles "totalmente balanceados" con "opiniones contradictorias y versiones distintas, como debe ser abordado un tema como este".

Ortiz expreso que el tema sobre el uso del Glifosato fue tratado con altura por los expositores que estuvieron, entre ellos el presidente de la República, Iván Duque quien es partidario el uso de dicho herbicida para fumigar los cultivos de coca, y el ex mandatario Juan Manuel Santos, quien lidero las voces en contra de ese instrumento.

También lea: https://www.elespacio.net.co/component/k2/item/11612-uso-o-no-del-glifosato-enfrento-hoy-a-los-colombianos-gobierno-pide-contar-con-todas-las-armas-por-combatir-el-narcotrafico-y-otros-senalaron-que-dicho-herbicida-causa-efectos-nocivos-para-la-salud-humana

Por esa razón, la magistrada señaló que todavía no hay decisiones sobre ese tema y que el pronunciamiento al respecto no se emitirá hasta tanto la sala de revisión, que componen los magistrados, estudie y analice cada uno de los argumentos expuestos.

"Habrá que esperar un tiempo prudencial para evaluar si es necesaria la intervención de la Corte. Evaluaremos si en efecto vamos a continuar con este seguimiento y en qué medida”, sostuvo la presidenta del alto tribunal para agrega luego que “la sala mantiene un margen de discrecionalidad en

el que profiere decisiones (...) se llegó a la conclusión de que primero se debía oír y luego ver si la Corte toma una decisión o no", manifestó Ortiz.

Recordó la magistrada que si la Corte Constitucional decide no realizar pronunciamiento alguno, eso quiere decir que la sentencia que recomienda prohibir las fumigaciones con Glifosato por posibles daños a la salud humana, se mantendrá en pie.

Manifestó que será en últimas el Consejo Nacional de Estupefacientes, el cual es el órgano técnico para ese particular.

Por ello señaló: "Quien toma la decisión para ver si se hace o no la fumigación con glifosato es el órgano técnico, es decir el Consejo Nacional de Estupefacientes, basado en los criterios de la Corte. Uno de ellos es que tenga información concluyente de que no se afecta la salud humana", argumentó.

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