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Viernes, 16 Marzo 2018 21:10

Alcalde de Astrea, Cesar, es investigado

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar al alcalde de Astrea, Cesar, Sandy Sepúlveda Sánchez, por las presuntas irregularidades en relación con el desalojo del inmueble donde funcionaba la Personería del municipio.

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de El Banco, Magdalena, para determinar las razones que motivaron el desalojo y por qué la alcaldía no ha reubicado en otra sede a la Personería, lo que afecta las actividades del Ministerio Público.

Como consecuencia de esta situación, los funcionarios de la Personería de Astrea no cuentan con una sede física para desempeñar sus funciones, lo que ha obligado al Personero Benjamín Aarón Difilippo a atender a los ciudadanos en la calle.

La Procuraduría General de la Nación exhorta a la autoridad municipal para que adopte en el menor tiempo posible las medidas necesarias que permitan la reubicación de la Personería y así garantizar la operación del Ministerio Público en Astrea.

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El alcalde Enrique Peñalosa se declaró respetuoso frente a la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender provisionalmente por tres meses a la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Beatriz Elena Cárdenas.

“Yo por supuesto respeto y acato el fallo de la Procuraduría; sin embargo, quiero señalar que considero que Beatriz Elena Cárdenas ha hecho un trabajo profesional e íntegro”, sostuvo el alcalde Peñalosa.

Así mismo, recordó que la decisión de implementar un nuevo esquema de aseo en la ciudad no fue improvisada, ya que la Ley ordena que haya una licitación de aseo cada ocho años.

“Con este esquema Bogotá va a tener más limpieza y también va a tener unas tarifas más favorables para los usuarios en lo que tiene que ver con la recolección de los residuos”, afirmó Peñalosa.

Con este nuevo esquema la ciudad quedó dividida en cinco áreas de servicio exclusivo y los ciudadanos tendrán un descuento tarifario en recolección, barrido y limpieza del 10 por ciento en promedio.

Frente a uno de los operadores del nuevo esquema que ha presentado problemas en su operación, el mandatario señaló que inició el proceso de sanciones respectivo: “Al operador que tiene todo el sector oriental que va desde Usme hasta Usaquén, se le impuso una multa porque ha presentado algunas fallas y esperamos que solucionen todos los problemas que han tenido al inicio de sus tareas”, manifestó. 

La decisión de sancionar a Promoambiental surgió de los informes de la interventoría por la presunta ejecución inadecuada de las obligaciones de recolección, barrido y limpieza de algunas de las zonas en donde opera.

Las sanciones a las que se enfrentará el concesionario, en virtud del proceso sancionatorio que se adelanta, podrían llegar hasta los 390 millones de pesos por día de incumplimiento.

Autoridades mantienen control de orden público en Ciudad Bolívar y Usme

El alcalde Peñalosa también entregó un parte de tranquilidad en la situación de orden público en algunos sectores de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar que se habían visto afectadas por desmanes y saqueos en los últimos días.

El mandatario recordó que “debido a los desmanes que se presentaron en algunos sitios en Ciudad Bolívar y Usme en contra de establecimientos comerciales que la Fiscalía identificó como de propiedad de algunos testaferros de las Farc, así como otros establecimientos comerciales, decretamos la Ley seca y también el toque de queda para menores de edad hasta el lunes por la mañana”. 

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El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, urgió al gobierno sobre la necesidad de poner en marcha una política de frontera con Venezuela, y demandó el nombramiento de un alto gerente  que haga frente a la crisis humanitaria que viven las poblaciones vecinas por la ola migratoria que crece con los días.

Para el jefe del Ministerio Público es indiscutible que la crisis humanitaria va hacer que cualquier esfuerzo del Estado y de las administraciones locales como la de Cúcuta, que solicitó la declaratoria de emergencia social, se queden cortos ante el drama de los migrantes venezolanos.

“No hemos sido estratégicos en el manejo de las frontera porque ha habido muchos esfuerzos aislados, pero sin una visión integral del problema”, sostuvo Carrillo Flórez, tras advertir que no se puede fomentar la xenofobia ni la discriminación.

El Procurador pidió priorizar acciones en sectores específicos  como el de la salud “que está gravemente afectado”, la educación, el empleo y la atención a poblaciones vulnerables, especialmente niños y adultos mayores.

Insistió que el Ministerio Público registra con grave preocupación el incremento de la trata de personas y los temas derivados de la prostitución. “Tenemos estadísticas que nos muestran lo que eso representa, donde se necesita una política de prevención que no estamos viendo  y que se tiene que poner en marcha”.

Señaló, además, que “el problema de las trabajadoras sexuales es un problema social que hay que afrontar en este momento, y hay que afrontarlo con políticas, con las instituciones del estado nacional respaldando las acciones departamentales y las acciones municipales”.

El Procurador indicó que es positiva la visita que en próximos días realizará el Presidente Juan Manuel Santos a Cúcuta, y pidió al Gobierno un Conpes específico para afrontar esta crisis migratoria con severas consecuencias humanitarias, derivadas del ingreso diario de más de 30.000 personas que lo hacen con tarjeta migratoria y sellos de permiso, sin contar con los informales que acuden a trochas para salir de Venezuela.

Recalcó que la mejor manera de atender esta problemática no es enviando un ejército de personas para que atiendan de manera momentánea lo que pasa, sino nombrando un alto gerente que cuente con herramientas para hacerlo.

 
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El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, urgió al gobierno sobre la necesidad de poner en marcha una política de frontera con Venezuela, y demandó el nombramiento de un alto gerente  que haga frente a la crisis humanitaria que viven las poblaciones vecinas por la ola migratoria que crece con los días.

Para el jefe del Ministerio Público es indiscutible que la crisis humanitaria va hacer que cualquier esfuerzo del Estado y de las administraciones locales como la de Cúcuta, que solicitó la declaratoria de emergencia social, se queden cortos ante el drama de los migrantes venezolanos.

“No hemos sido estratégicos en el manejo de las frontera porque ha habido muchos esfuerzos aislados, pero sin una visión integral del problema”, sostuvo Carrillo Flórez, tras advertir que no se puede fomentar la xenofobia ni la discriminación.

El Procurador pidió priorizar acciones en sectores específicos  como el de la salud “que está gravemente afectado”, la educación, el empleo y la atención a poblaciones vulnerables, especialmente niños y adultos mayores.

Insistió que el Ministerio Público registra con grave preocupación el incremento de la trata de personas y los temas derivados de la prostitución. “Tenemos estadísticas que nos muestran lo que eso representa, donde se necesita una política de prevención que no estamos viendo  y que se tiene que poner en marcha”.

Señaló, además, que “el problema de las trabajadoras sexuales es un problema social que hay que afrontar en este momento, y hay que afrontarlo con políticas, con las instituciones del estado nacional respaldando las acciones departamentales y las acciones municipales”.

El Procurador indicó que es positiva la visita que en próximos días realizará el Presidente Juan Manuel Santos a Cúcuta, y pidió al Gobierno un Conpes específico para afrontar esta crisis migratoria con severas consecuencias humanitarias, derivadas del ingreso diario de más de 30.000 personas que lo hacen con tarjeta migratoria y sellos de permiso, sin contar con los informales que acuden a trochas para salir de Venezuela.

Recalcó que la mejor manera de atender esta problemática no es enviando un ejército de personas para que atiendan de manera momentánea lo que pasa, sino nombrando un alto gerente que cuente con herramientas para hacerlo.

 
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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y ordenó la suspensión por tres meses del gerente del Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez, Jesús Eugenio Bustamante Cano por presuntas irregularidades en la contratación de proveedores, desconocimiento de las órdenes de la junta y posible extralimitación de funciones.

La Delegada para la Vigilancia Judicial y Policía Judicial investiga el gerente por presuntamente haber ordenado, promovido, facilitado o permitido la celebración de contratos con las firmas Valor + S.A.S., Decroliza S.A.S. y Representaciones e Inversiones Élite S.A.S., sin la observancia de los principios que orientan la contratación estatal.

También se investiga una presunta extralimitación de funciones del gerente, por impartir instrucciones que rebasarían sus facultades, y/o desconocer decisiones de la Junta Directiva de la E.S.E. o por los órganos de control interno.

Entre las pruebas que tuvo en cuenta la Procuraduría figura el “Informe de evaluación de nuevo ciclo hospital general de Medellín”, elaborado por el ICONTEC, que sugiere que entre la junta del Hospital General de Medellín y la gerencia habría un clima de desconfianza, atribuido a la manera como el  gerente viene tomando decisiones sobre la contratación, lo que estaría erosionando la confianza en la gobernabilidad de la entidad por parte de los usuarios, proveedores y empleados, así como la credibilidad general del Hospital como empresa.

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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Alejandro Jiménez Rodríguez, Vicepresidente Comercial del Banco Agrario para diciembre de 2015, por presuntamente favorecer de manera ilegal al Consorcio Navelena S.A.S, al haber autorizado una tasa de interés inferior a la que se debió otorgar en el crédito por $120.000 millones.

El Grupo Élite Anticorrupción de la Procuraduría imputó tres cargos a Jiménez Rodríguez. El primero está relacionado con un posible detrimento patrimonial en contra del Banco Agrario, teniendo en cuenta que habría otorgado una tasa de interés del DTF+2% que resulta 1.75 puntos inferior de la tasa vigente para diciembre de 2015.

La Procuraduría también le reprocha el haber permitido que la tasa fuera fijada por la Vicepresidencia de Banca Comercial, cuando esta debía ser aprobada por el Comité de Gestión de Tasas del Banco Agrario.

Y por último a juicio del Ministerio Público, Alejandro Jiménez Rodríguez habría incurrido en el delito de administración desleal al presuntamente abusar de sus funciones y disponer presuntamente, de manera fraudulenta de los bienes de la sociedad.

La Procuraduría calificó provisionalmente dos de las conductas como gravísimas y una como grave todas a título de dolo.

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La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 12 años a los comandantes de la Estación de Policía de Suba, coronel Nelson de Jesús Arévalo Rodríguez, y del CAI Andes, subteniente Rosemberg Madrid Orozco, por obstaculizar la investigación del CTI de la  Fiscalía General por la muerte del joven grafitero, Diego Felipe Becerra Lizarazo, el 19 de agosto de 2011.

La Sala Disciplinaria resolvió los recursos del subintendente Juan Carlos Leal Barrero, y de los patrulleros, Fredy Esneider Navarrete y Nelson Daniel Rodríguez Castillo, quienes solicitaron revocar la sanción de destitución e inhabilidad por 12 años impuesta en fallo de primera instancia, el 18 de agosto de 2016; así como la impugnación hecha por los padres de la víctima, quienes consideraban que, conforme al material probatorio recaudado en el proceso, todos los involucrados en la alteración de la escena del crimen debían ser sancionados. 

En este sentido, la Sala encontró que el coronel Arévalo Rodríguez y el subteniente Madrid Orozco sí tuvieron responsabilidad disciplinaria al haber consentido que se alterara la escena del crimen, con el fin de ocultar la conducta punible del expatrullero Wilmer Alarcón, y por lo tanto, revocó la decisión absolutoria en su favor contenida en el fallo de primera instancia.

El órgano de control reprochó el actuar del coronel y el subteniente, quienes estuvieron presentes en la escena del crimen por tiempo suficiente para conocer con claridad lo sucedido, y por su nivel de mando y jerarquía no resultaba previsible que sus subalternos tomaran decisiones y emprendieran acciones tan determinantes sin que ellos se percataran, o incluso las hubieran ordenado.

Para la Procuraduría lo que han debido hacer los disciplinados al llegar a la escena del crimen era verificar su estado y protegerla para entregarla al CTI de la Fiscalía en la forma como fue encontrada, lo que no ocurrió, pues la escena fue entregada a los investigadores aproximadamente cuatro horas después de ocurridos los hechos.

De otro lado, confirmó la sanción de destitución e inhabilidad impuesta  por 12 años al subintendente Leal Barrero, y a los patrulleros Navarrete y Rodríguez Castillo, al corroborar que sí cometieron falta disciplinara por alterar la escena, propiciar una demora injustificada en la entrega de la escena al CTI de la Fiscalía General de la Nación, y acordar un pacto de silencio con el fin de ocultar la verdad de los hechos que dieron lugar a la muerte del joven y posterior ubicación del arma cerca de su cuerpo, al tiempo de que se le señaló de ser integrante de una banda criminal.

Ante la gravedad de los hechos, el ente de control calificó la conducta de los uniformados como gravísima a título de dolo, teniendo en cuenta que al ser miembros de la Policía Nacional contaban con la preparación de la institución, y conocían que una de sus funciones esenciales es preservar los derechos.

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Jueves, 18 Enero 2018 00:57

El Supersalud no vuelve a su cargo

La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses la medida cautelar de suspensión provisional al Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz Muñoz.
La decisión de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal hace parte de la investigación contra Muñoz Muñoz por permitir y/o autorizar el inicio de operaciones a Medimás sin que contara con una red de prestadores de servicio en el país, y por no haber iniciado procedimientos en contra de la EPS, ante las reiteradas denuncias de incumplimiento que hubieran podido dar lugar a la intervención forzosa administrativa, toma de posesión, revocatoria o suspensión del certificado de autorización o de habilitación de funcionamiento.
Para la Entidad existen fundadas y acreditadas razones para señalar que el reintegro del Superintendente de Salud “puede conllevar la reiteración de la falta investigada, pues en la valoración probatoria en lo que respecta a la medida preventiva se observa que el investigado no hizo uso de las medidas administrativas que estaban a su alcance para evitar la vulneración al derecho a la salud de la población afiliada a Medimás EPS S.A.S.”.
En la fase inicial del proceso la Procuraduría pudo establecer que a la Superintendencia de Salud llegaron más de 15.000 quejas, peticiones, reclamos y solicitudes sobre las deficiencias en la prestación del servicio por parte de la empresa promotora de salud Medimás S.A.S., sin que se hubieran tomado acciones o se hubiera acogido la solicitud del ente de control de intervención forzosa administrativa de la EPS. 
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 La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses la medida cautelar de suspensión provisional al alcalde de El Rosal (Cundinamarca), Hugo Orlando Arévalo Pulido, y a los concejales, Milton Mauricio Chacón, Henry Bohórquez Fierro, Hernán Clavijo, Jairo Hernán Pardo Pardo y Luz Adriana Sabogal Rodríguez.

La decisión fue anunciada por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública en audiencia que adelanta contra el mandatario y los cabildantes por las posibles exigencias de dinero hechas a propietarios de predios ubicados en zonas de expansión en El Rosal.

Para la entidad existen razones fundadas y acreditadas en el proceso para señalar que los servidores investigados pueden interferir en la práctica de pruebas y reincidir en la comisión de la falta, dado su poder político y administrativo, que posiblemente pudieron haber utilizado para las presuntas exigencias ilícitas de dinero a los quejosos.

La prórroga de la medida cautelar le será notificada al Gobernador de Cundinamarca y al Concejo Municipal de El Rosal.

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El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en reunión con Luz Marina Monzón Cifuentes, Directora elegida de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, UBPD, llamó la atención sobre la importancia de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para que esa Unidad pueda cumplir su misión de contribuir a garantizar el derecho a la verdad y la reparación de las víctimas.

Durante el encuentro evaluaron fórmulas para desarrollar un trabajo conjunto, con apoyo de cooperación internacional, que permita la participación activa de las víctimas en el desarrollo de la misión y funciones de la nueva Unidad, que tendrá a su cargo la búsqueda humanitaria y extrajudicial de las personas dadas por desaparecidas, dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Carrillo Flórez destacó que el enfoque territorial  en la implementación del trabajo de la UPBD es fundamental para garantizar resultados en la búsqueda  de personas dadas por  desaparecidas, y expresó que la Procuraduría fortalecerá el seguimiento preventivo a la implementación de la política pública en la materia.

A su turno Monzón Cifuentes expresó la necesidad de que la UBPD cuente desde su creación con las condiciones institucionales y jurídicas apropiadas para no repetir experiencias fallidas de entidades que no han podido cumplir un papel relevante en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Como parte del compromiso institucional con las víctimas, en marzo el Procurador General liderará una audiencia pública en Medellín para impulsar las acciones emprendidas luego del ‘Encuentro sobre reconciliación y apoyo comunitario a la búsqueda de desaparecidos’, realizado el 19 de diciembre pasado, en La Ceja, Antioquia.

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