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Cundinamarca implementará acciones para abordar el consumo problemático de alcohol en su territorio

Bogotá, 28 de agosto de 2017. Con el acompañamiento y asesoría de la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, se llevó a cabo este lunes el Comité Departamental Cívico e Institucional de Reducción del Consumo y Control de Oferta de Sustancias Sicoactivas de Cundinamarca.

En el encuentro que tuvo lugar en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) del departamento, se acordó integrar una mesa técnica para analizar e implementar acciones coordinadas y orientadas a abordar el consumo problemático de alcohol, esto como respuesta al diagnóstico que arrojó en varios municipios el programa ‘Comunidades que se cuidan.

Además, se estableció que Cundinamarca, en cumplimiento de su Plan de Desarrollo, buscará adoptar una política pública de salud mental, reducción del consumo y control de la oferta de sustancias psicoactivas. El estudio de dicha iniciativa se propondrá a la Asamblea Departamental.

Por último, en el marco del Plan Integral Departamental de Drogas (PIDD), se solicitó coordinar acciones con varias instituciones competentes para contrarrestar en algunos municipios el turismo de drogas, el cual incluye nuevas sustancias sicoactivas.

A audiencia pública la exsecretaria de Planeación de El Rosal, Cundinamarca

Bogotá, 26 de agosto de 2017.-  En audiencia pública que se llevará a cabo el este lunes 28 de agosto a las 8:30 de la mañana en la Calle 8 No. 3-34, Facatativá se adelantará proceso verbal por presunta omisión de sus deberes, contra Carolina Pinilla Díaz, secretaria de Planeación del municipio de El Rosal – Cundinamarca, para el periodo 2012-2015, en proceso ordenado por la Procuraduría General de la Nación adelanta proceso verbal

Según la Procuraduría Provincial de Facatativá señaló que Pinilla Díaz certificó, mediante acta, el recibo a satisfacción del cumplimiento del contrato, cuando al parecer el contratista incumplió con las obligaciones establecidas, vulnerando los principios de transparencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal y que fueron asignados dentro de sus funciones

El Ministerio Público citó a la exfuncionaria para que responda por la presunta falta disciplinaria en la que habría incurrido al no cumplir con los deberes de vigilancia, control y orientación como supervisora del contrato nro. 123 de 2014, que tenía por objeto proveer “servicios profesionales de apoyo a la Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD (…) en los procesos contractuales adelantados con recursos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Control y evaluación (SMSCE), así como la efectividad en el reporte de la información requerida para su funcionamiento”. La falta fue calificada provisionalmente como grave, cometida a título de culpa grave.

Tribunal niega revisión de sentencia: Distrito de Barranquilla a pavimentar vías en el barrio Tayrona. Juzgado abre incidente de desacato

Bogotá, 23 de agosto de 2017.- El Tribunal Administrativo del Atlántico negó la alcaldía de Barranquilla, la revisión de sentencia que se había proferido en segunda instancia para proteger los derechos de los habitantes del barrio Tayrona en el sur oriente de la ciudad. 

 

En providencia del 21 de julio de 2017, recientemente notificado, este despacho judicial consideró que no se explicó o justificó cabalmente el argumento del Distrito de que no eran razonables los 30 días que se le habían concedido para pavimentar la carrera 7D entre calles 31 y 31 y la calle 31 entre carrera 6B y 8.

Según explicó Antonio Bohórquez “ya que, según la orden judicial, la pavimentación de estas vías debió producirse a más tardar el 31 de diciembre de 2016, y esto no ha ocurrido aún, la alcaldía debe iniciar de inmediato y culminar rápidamente. Ya no puede dilatar más”.

Adicionalmente Bohórquez informó que “debido a esto, el juzgado primero administrativo, a quien le toca controlar el cumplimiento de esta decisión, abrió el 11 de agosto un Incidente de Desacato y nos ha citado a todas las partes para el 31 de agosto desde las 10 de la mañana, para verificar que esas vías sean reparadas o construidas dentro de la mayor brevedad posible. Si prosigue el incumplimiento la ley obliga a imponer sanciones de arresto y multa, hasta que se dejen de violar los derechos colectivos de estas comunidades.”

Ministro de Justicia, propone fortalecer las instituciones judiciales para hacerle frente a la violencia contra la mujer

Bogotá, 22 de agosto de 2017. En el marco del Primer Simposio Internacional en Pro de la Prevención, Protección y Atención a las Violencias Basadas en Género, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, reflexionó sobre la importancia de evitar la violencia contra la mujer y la necesidad de fortalecer las instituciones judiciales para hacerle frente a este flagelo. 

El Ministro Gil Botero reconoció que existen dificultades de acceso a la justicia que configuran barreras para que las mujeres pongan sus casos en conocimiento de las autoridades. Sin embargo, indicó que se está trabajando para mejorar este aspecto.

Así mismo indicó que el sistema de justicia debe reforzar sus mecanismos de atención de modo que sea posible garantizar un efectivo restablecimiento de los derechos a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. 

Además, el jefe de la cartera de justicia pidió contrarrestar la violencia institucional, especialmente, aquella que tiene lugar desde los estrados judiciales. 

Gil Botero reseñó el caso de una mujer campesina que fue condenada injustamente a seis años de cárcel por haber causado, supuestamente, la muerte de su hijo recién nacido.

Este proceso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al Estado Colombiano por los perjuicios a la mujer. Para la CIDH quedó probado que el menor de edad murió por complicaciones naturales durante el parto.

“Ella fue expuesta a toda clase de hechos victimizantes por causa de los prejuicios morales de la autoridad judicial”, indicó Gil Botero.

De acuerdo con el Ministro de Justicia todavía existen prejuicios y prácticas discriminatorias por parte de los servidores públicos que deben contrarrestarse. Agregó que “es clave fortalecer las instituciones judiciales para hacerle frente a la violencia contra la mujer”.

“El Ministerio de Justicia genera los lineamientos dentro de su competencia, sin embargo, se necesita que jueces, fiscales y demás funcionarios cumplan a cabalidad con sus deberes”, puntualizó el alto funcionario.

En Colombia, 875.437 mujeres fueron víctimas de violencia sexual entre 2010-2015

 Ciudades como Medellín, Buenaventura y Bogotá tienen una prevalencia del delito por encima del 30%.
Las mujeres negras, con edades entre 15 y los 24 años, de estrato socioeconómico 1 se encuentran más expuestas a ser víctimas de violencia sexual.
Una de cada cinco mujeres víctimas de algún tipo de violencia sexual fue intimidada por su agresor con un arma. De éstas, la mitad fue amenazada por un arma de fuego.
De las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, el 16,7% lo ha sido por violación y un 45,2% dice haber sido víctima de acoso sexual.
Dentro de los actores armados, los ilegales son los mayores agresores de los diferentes tipos de violencia sexual.
El 78% de las mujeres que manifestaron ser víctimas de violencia sexual no denunciaron los hechos.
Barranquilla, 17 de agosto de 2017.- En total 875.437 mujeres fueron víctimas directas de algún tipo de violencia sexual durante el periodo 2010-2015, lo que significa que anualmente, en promedio, lo fueron 145.906 mujeres, 12.158 cada mes, 400 cada día y 16 cada hora. Esto, permite inferir que la violencia sexual contra las mujeres constituye una práctica habitual y frecuente en el marco del conflicto armado y por lo mismo puede ser calificada como generalizada.
Estas cifras son el resultado de la Encuesta de prevalencia de violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2010-2015, realizada por 13 organizaciones de mujeres, mixtas, feministas, víctimas y derechos humanos, que muestra una prevalencia del delito de 18,36% para un universo de 142 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla, paramilitarismo y/o Bacrim.
Los resultados de la encuesta son representativos para mujeres entre 15 y 44 años residentes en la cabecera urbana de 142 municipios, distribuidos en 29 departamentos del país y se basó en ocho tipos de violencia sexual: la violación, la prostitución, el embarazo, el aborto y la esterilización forzada, así como el acoso sexual, los servicios domésticos forzados y la regulación de la vida social y afectiva.
Llama la atención que el 56,6% de las mujeres encuestadas consideran que la presencia de actores armados en los municipios incrementa la violencia sexual en el ámbito público. El contexto del conflicto armado, según las mujeres, incrementa el riesgo de ser víctimas de violencia sexual, tanto en el ámbito privado como en el público.
En ciudades principales e intermedias la prevalencia de la violencia sexual en contra de las mujeres es similar, estando sobre el 21.5%., mientras en municipios medianos es de 12,5% y en municipios pequeños es del 8.9%.
“Las mujeres residentes en los municipios pequeños tienen menor riesgo de ser víctima de alguna forma de violencia sexual que el promedio y en la medida en que el tamaño poblacional del municipio se incrementa, también lo hace la prevalencia de mujeres víctimas, mostrando un salto importante de municipios medianos a ciudades intermedias y principales donde el riesgo se incrementa en un 9%”, asegura la encuesta.
Encontramos preocupante que una de cada cinco mujeres víctimas de algún tipo de violencia sexual fue intimidada por su agresor con un arma. De éstas, la mitad fue amenazada por arma de fuego y una de cada tres por arma blanca.
La encuesta concluye que las mujeres negras, con edades que oscilan entre los 15 y los 24 años y que pertenecen al estrato socioeconómico 1, se encuentran más expuestas a ser víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado que las mujeres de otro origen étnico, de otros rangos de edad y de otros estratos socioeconómicos.
Las mujeres entre 15 y 24 años son las principales afectadas por los tipos de violencia sexual relacionadas con regulación de la vida social, servicios domésticos forzados, acoso sexual y embarazo forzado.
“La proporción de mujeres víctimas es mayor para los tipos de violencia sexual relacionados con la regulación de la vida social (64,2%) y para el acoso sexual (45,2%), que para los demás tipos de violencia. Las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, el 16,7% lo ha sido por violación, el 13,9% lo ha sido por servicios domésticos forzados, el 6,49% lo ha sido por aborto forzado, el 3,85% lo ha sido por prostitución forzada, el 2,68% lo ha sido por embarazo forzado y el 1,63% lo ha sido por esterilización forzada”, concluye la investigación.
En síntesis, este estudio nos permite establecer que las principales formas de violencia sexual reportadas por las mujeres víctimas fueron la regulación de la vida social y el acoso sexual. Tal como lo plantea la Corte Constitucional, estas formas de violencia son una manifestación muy clara de “las restricciones abiertas al ejercicio de la autodeterminación y de las libertades básicas de la población femenina, en el sentido de que la mujeres son sometidas a regulaciones estereotipadas y prejuiciosas, que les prescriben la forma de vestir, los horarios de salida, de llegada y de circulación pública, los sitios de diversión, las compañías, las normas de higiene personal, el desarrollo de la vida sexual y afectiva, y el deber ser del comportamiento moral” (Corte Constitucional, 2015, p.16). Las estimaciones presentadas aquí nos permiten plantear la hipótesis, según la cual, los tipos de violencia sexual incluidos en este estudio afectan de manera diferenciada a las mujeres teniendo en cuenta su origen racial.
Dentro de los actores armados, los ilegales son los mayores agresores de los diferentes tipos de violencia sexual. La fuerza pública ha perpetrado fundamentalmente acoso sexual (6%), servicio doméstico forzado (7%) y violación (1%). Otros actores no determinados han incurrido en acoso sexual (15%) y violación (19%).
En relación a los tipos de agresores, un hallazgo importante es que el principal perpetrador de las diversas formas de violencia sexual contra las mujeres incluidas en este estudio es un integrante de su propia familia (con excepción del acoso sexual y la esterilización forzada).
La denuncia por parte de las mujeres víctimas de violencia sexual
El 78% de las mujeres que manifestaron ser víctimas de violencia sexual no denunciaron los hechos. Esto quiere decir que aproximadamente 620.418 mujeres no denunciaron los hechos que sufrieron, mientras que sólo el 20%, es decir, 174.990 mujeres denunciaron alguna de las formas de violencia de las que habían sido víctimas. El 2% no respondió a la pregunta si denunció o no los hechos de los cuales fue víctima.
En cuanto a la institución en donde hubo denuncia se puede observar que el 51% lo hizo en la Fiscalía, el 18,5% en la Comisaría de Familia, el 15% en la Inspección de policía y el 5,3% en la Defensoría del Pueblo. Las razones más recurrentes para no denunciar, según las mujeres que no lo hicieron son: miedo a represalias (24%), no le interesó y prefirió dejarlo así (23,3%), no cree ni confía en la justicia (12,2%), no quería que los familiares supieran (9%), y no sabe cómo hacerlo (6%).
Siendo víctima o no del conflicto, buena parte de las mujeres creen que la presencia de grupos armados exacerba la percepción de riesgo de ser víctima de violencia sexual tanto en el ámbito público como en el privado.
Los anteriores son algunos de los resultados de la encuesta que se realizó en el marco de la Campaña “Violaciones y otras Violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra”; que nace en el 2009 como una alianza entre organizaciones de mujeres, feministas, mixtas, víctimas y derechos humanos, para visibilizar la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado, incidir en la superación de la impunidad y exigir el derecho de las mujeres víctimas a la verdad, justicia, reparación, y garantías de no repetición.
Esta campaña es impulsada por Oxfam en asocio con: Asociación Mujeres y Madres Abriendo Caminos – AMMAC, Asociación Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción- FUNSAREP, Centro de Promoción y Cultura – CPC, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Genero -Humanas Colombia, Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al conflicto armado en Colombia-COALICO, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Corporación Casa de la Mujer, Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, Corporación Vamos Mujer, Humanidad Vigente Corporación Jurídica y Ruta Pacifica de las Mujeres.
Esta encuesta se realizó en un contexto nacional caracterizado por la confluencia de un conjunto de hechos como el desarrollo del proceso de conversaciones para la salida política del conflicto armado entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP), la emergencia y el fortalecimiento de las denominadas Bandas Criminales- neo paramilitarismo- y las amenazas que estas plantean a la seguridad, a las mujeres y a la implementación del “Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. 
RECOMENDACIONES
Es necesario y urgente el fortalecimiento de la institucionalidad con responsabilidades en prevención, protección, investigación, sanción y garantías de no repetición para las mujeres víctimas de violencia sexual. A su vez, el sistema judicial debe hacer efectivo el derecho de las mujeres a una justicia pronta y eficaz, que permita superar los obstáculos que ellas tienen que enfrentar.
En el marco del post acuerdo y de la implementación del Acuerdo Final; es necesario garantizar a las mujeres víctimas su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, creando mecanismos expeditos que consulten sus realidades y necesidades.
Colombia transita hacia la construcción de la paz, en este contexto el Acuerdo se constituye en una oportunidad para que en el marco de su implementación se avance en superar situaciones que colocan a las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, tales como la pobreza, los bajos niveles de representación política, el poco acceso a la propiedad de la tierra y la vivienda y el escaso acceso a bienes, recursos, servicios y riqueza. Estas realidades deben ser superadas para que se constituyan en factores protectores para prevenir las violencias contra las mujeres.
Y finalmente, solicitamos a la Comunidad Internacional en sus relaciones bilaterales con Colombia que acompañe al Gobierno en lo nacional y territorial, en la formulación y puesta en marcha de políticas que incluyan la garantía del Estado de Derecho y la tolerancia cero con las violaciones de derechos humanos, en especial con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del pos acuerdo y construcción de paz. Esta tolerancia cero debe incluir la exigencia de investigar, juzgar y sancionar a los culpables y reparar integralmente a las mujeres víctimas de esta violencia.

Minjusticia firmó convenio con el INPEC y Colpensiones para mejorar las condiciones de vejez de los reclusos

Bogotá, 17 de agosto de 2017. Este jueves, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, firmó el convenio interadministrativo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, cuyo objetivo principal es brindar alternativas de aseguramiento para la vejez y posibilidades de cotización a pensiones en el Régimen de Prima Media (RPM) a la población privada de la libertad.

“Esta firma está partiendo la historia, convenios como este, aparentemente pequeños son grandes perspectivas humanistas. Esta cartera se complace en darle un vuelco a la política carcelaria; hoy celebramos esta firma con el Inpec y Colpensiones una noticia que debería ser de orden internacional ya que brinda alternativas de protección de los reclusos en su vejez”, afirmó el Ministro Gil Botero

Con este régimen, los afiliados o sus beneficiarios pueden obtener una pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes o, en su defecto, la indemnización sustitutiva, así mismo con este convenio macro las personas recluidas en cárceles podrán afiliarse a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), un programa de ahorro voluntario para quien no alcanza a la pensión.

Los BEPS le permitirán ahorrar la cantidad que quieran y cuando puedan sin multas o intereses de mora en caso de no poder realizar aportes. Además, el Gobierno Nacional premiará el esfuerzo de los internos por hacer este ahorro entregando un subsidio del 20% sobre lo que haya ahorrado. “Este Ministerio, dentro del marco de sus competencias, tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia penitenciaria y carcelaria, todo esto en pro de garantizar los derechos humanos de esta población”, dijo el Ministro Gil Botero

Con este convenio, el Gobierno Nacional no solo espera darles una nueva oportunidad a los internos para que cuando queden en libertad puedan seguir cotizando y adquirir, por su cuenta, una pensión digna, sino que contribuye en su proceso de resocialización. Durante la firma, se conoció que no solo las personas que se encuentran intramuros tendrán este beneficio, también los que están en detención o reclusión domiciliaria pueden acceder a la prestación.

Buscar una educación financiera y el ahorro provisional es el gran reto que esta cartera de Justicia, de la mano con el INPEC y Colpensiones, tiene para con la población que se encuentra recluida en todas las cárceles del país.

El jefe de la cartera estuvo acompañado por el Brigadier General, Jorge Luis Ramírez Aragón, Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y Adriana María Guzmán Rodríguez, Presidente (e) de Colpensiones, quienes firmaron el convenio.

Coljuegos decomisó 102 máquinas ilegales en 7 establecimientos de juegos de suerte y azar en Barranquilla

7 establecimientos ilegales intervenidos, que operaban sin autorización de Coljuegos, fueron retiradas por evasión del pago de derechos de explotación.

Barranquilla, 17 de agosto de 2017.-Con el apoyo de la Policía Nacional (UNIPOL), Edusuerte y la SIJIN de Barranquilla, Coljuegos dio un duro golpe contra la operación ilegal de juegos de suerte y azar en la capital del Atlántico.

Las operaciones de control ilegal dejaron como resultado 7 establecimientos intervenidos y 102 máquinas tragamonedas retiradas por evasión del pago de derechos de explotación por valor estimado anual de 270.889.682 de pesos“A pesar de que la firma del Pacto por la Legalidad en Barranquilla, el cual se firmó con el apoyo de su Gobernador, Dr. Eduardo Verano de la Rosa, se dio hace varios meses, aun se siguen dado excelentes resultados, que son el reflejo de este acuerdo de voluntades”,declaró Juan B. Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos.

Con la ejecución de los operativos que se han llevado en lo que va corrido del 2017, se reporta:

• 2.370 máquinas tragamonedas ilegales.

 3 ruletas.

• 31 establecimientos en los que operaban apuestas deportivas -  295 elementos de juego de esta modalidad de juego.

• 111 sillas de bingo

Por concepto de juegos localizados se evadió el pago de derechos de explotación por valor de 6.418 millones de pesos,mientras que en apuestas deportivas se dejaron de percibir 10.713 millones de pesos.

Es el momento de actuar como ciudadanía para denunciar a los ilegales y salvaguardar estos recursos que van destinados a la salud de todos los colombianos. #JugarLegalesApostarlealaSalud.

Coljuegos ofrece las siguientes direcciones y telefónos para denunciar la operación ilegal de juegos de suerte y azar, comunicándose con nuestros canales de atención:Línea Gratuita Nacional - 018000 18 28 88 - Bogotá: (+571) 742 0698 - Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Corrupción en las altas Cortes de Colombia, denunció la Fiscalía, Dos senadores involucrados

Barranquilla, 16 de agosto de 2017.- La Fiscalía informó este martes que compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia, contra los senadores Hernán Andrade, Musa Besaile y Luis Alfredo Ramos por corrupción, en el contexto de un convenio de cooperación judicial con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Afirmó el Fiscal que tiene material probatorio consistente en audios de conversaciones y comunicaciones electrónicas donde salen a relucir los nombres de los senadores Musa Besaile, Hernán Andrade y Luis Alfredo Ramos, en el casos de corrupción a la Justicia. Al igual que por casos de corrupción en la Justicia, los nombres de dos ex magistrados que en su momento fueron presidentes de la Corte Suprema, Leonidas Bustos y Francisco Ricuarte.

Señala la Fiscalía que en estos audios el ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, y Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla en sus conversaciones hacen solicitudes al igual que hablan acerca pagos que habrían hecho con la intervención o el conocimiento de los abogados en el ejercicio de su profesión antes del año 2017, en los que estarían involucrados los nombres de los personajes anteriormente anotados.

En cuanto a lo que se acaba de conocer de corrupción en los niveles más altos de la justicia, mientras escuchaba esa declaración del Fiscal, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, dijo que recordó que María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, Alberto Velásquez, Diego Palacio, Sabas Pretelt de la Vega, han sido víctimas, de esa Justicia que el antes ya había denunciado.

Santa Lucía, Atlántico se levanta contra la violencia y la inseguridad. Reclama más Policías

Barranquilla, 13 de agosto de 2017.- Ante el asesinato del joven Roberto Carlos Salcedo, músico y bailador de Son de Negro, quien se ganaba la vida como mototoxista y quien fué asesinado en días pasados presumiblemente para robarle la motocicleta, los habitantes del municipio de Santa Lucía, en el departamento del Atlántico, realizaron una gran jornada de movilización pacífica por las calles de esta localidad para exigir justicia y al mismo tiempo solicitar al Gobernador Eduardo Verano que se aumente el pie de fuerza de la Policía Nacional,
La protesta es debido a que no sienten que los estén escuchando por lo que decidieron irse a la calle para que la inseguridad reinante en el sur del Atlántico no los siga azotando. La comunidad se encuentra indignada por este hecho que hoy enluta a la familia Santaluciense, que siempre se ha caracterizado por ser amantes de la paz y de la cultura del Son de Negro.
Activistas sociales de todas las edades pidieron a los dirigentes del departamento mayor atención para el sur del Atlántico,dado el alto indice delincuencial presentado. La movilización culminó con un acto simbólico en la plaza Son de Negro,donde se soltaron globos blancos para pedir no repetición de actos violentos como  el ocurrido esta semana.

Asegurado presunto jefe de sicarios de banda Los Bernabé, capturado la semana pasada

Bogotá, 13 de agosto de 2017.- Yohn Fredy Virguez Rodríguez fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; concierto para delinquir agravado; homicidio y; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El procesado, conocido con el alias de Papa Picha, sería el jefe de sicarios de la organización delincuencial Los Bernabé, que delinquía en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Dicha estructura fue impactada el 2 de agosto último, cuando se logró la captura de 14 supuestos integrantes de la banda, los cuales se encuentran privados de la libertad.

La policía judicial del CTI, bajo la coordinación de un fiscal de la Unidad de Vida de la Dirección Seccional de Bogotá,  logró la captura de alias Papa Picha la tarde de este 10 de agosto.

En audiencias concentradas, realizadas en el Complejo Judicial Paloquemao, se legalizó la captura, se le formuló imputación al procesado —quien no aceptó cargos— y se le impuso la medida.

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