JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 817
Judicial

Judicial (554)

Aplicación de operativos de alto impacto en "Compra legal, Consume Legal" permiten duro golpe en el Magdalena

26.289 botellas de licor adulterado y de contrabando  y 30.000 cajetillas de cigarrillos fueron incautados, en operativos previos a las Fiestas del Mar.

Santa Marta, 25 julio de 2017.- Con el direccionamiento de la gobernadora Rosa Cotes, la Policía Fiscal y Aduanera de la Metropolitana de Santa Marta y del Departamento del Magdalena, el equipo Anticotrabando de la secretaría de Hacienda departamental,  la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la dirección del Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos, en un trabajo articulado en el marco del programa "Compra Legal, Consume Legal", realizaron de manera sostenida durante 8 días, operativos de control que permitieron la aprehensión de mercancía de contrabando y licor adulterado avaluada en 800 millones de pesos.

La mercancía que ingresó de manera ilegal al Magdalena y que fue aprehendida, incluye un total de 30.000 cajetillas de cigarrillos de las marcas D&J ROYAL y JAISALMER, provenientes de Emiratos Árabes e India, 5.020 botellas de licor de contrabando de las marcas, OLD LABEL, DISTILLER, MAC QUEEN, MANAGER’S, SIR EDWAR, RED LABEL, OLD PARR, ELITE RESERVE, entre otras, de origen extranjero y 21.269 botellas de licor nacional adulterado y de contrabando de las marcas DOS CABALLOS, MI GUAJIRA, SAOCO, GUAYACAN, AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO, entre otras.

Los operativos de alto impacto previos a las Fiestas del Mar, se realizaron del 17 al 23 de julio a través de acciones de control aduanero en establecimientos comerciales abiertos al público, allanamientos y puntos de control sobre los ejes viales de la Metropolitana de Santa Marta y el Departamento del Magdalena; que permitieron la captura de tres personas y la inmovilización de dos vehículos por el delito de“FAVORECIMIENTO DE CONTRABANDO ART. 320”.

De acuerdo a las cifras de la Policía Fiscal y Aduanera, en la Metropolitana de Santa Marta y el Departamento del Magdalena, en lo que va corrido del año 2017 se ha realizado aprehensión de mercancías por un valor comercial de $9´032.682.138.

Las autoridades del departamento, invitan a la comunidad magdalenense a no adquirir productos de contrabando y recomiendan revisar las estampillas de los licores que consumen y hacer las compras en establecimientos reconocidos para evitar no solo los productos de contrabando sino también los adulterados que pueden ocasionar graves daños a la salud.  “Compra Legal, Consume Legal”,  "Magdalena legal es la vía".

Consejo Superior de la Judicatura mantuvo la suspensión por tres meses del alcalde de Cartagena

Bogotá, 25 de julio de 2017.- El Consejo Superior de la Judicatura revocó un fallo de tutela de la seccional Bolívar, y advirtió que el alacalde de Cartagena,  Manuel Vicente Duque, cuenta con otros mecanismos judiciales para demandar la medida cautelar que en su contra había debretado la Procuraduría General de la Nación, razó por la cual la suspensión provisional de 3 meses impuesta por el Ministerio Público quedó en firme este lunes.

El pasado 17 de mayo la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa ordenó la medida cautelar contra el alcalde de Cartagena dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en el seguimiento y control a las construcciones ilegales de la ciudad.

La decisión fue ratificada el pasado 9 de julio por la Sala Disciplinaria, que también mantuvo vinculado al proceso al Inspector de la Comuna 12 de Cartagena, Alfonso Ramos de León.

Para la Procuraduría a los alcaldes les corresponde la vigilancia y control de la ejecución de las obras que se adelantan en su ciudad, lo que obliga a la adopción de las medidas necesarias para dirigir la acción administrativa, organizando el sistema de vigilancia y control del urbanismo.

La indagación preliminar contra el alcalde de Cartagena tuvo origen en el desplome del edifico en construcción Portales de Blas de Lezo, el pasado 27 de abril, que dejó un saldo trágico de 21 personas muertas y 23 heridas.

Las magistradas de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Julia Emma Garzón, Magda Victoria Acosta y María Lourdes Hernández, aclararon su voto y pidieron investigación penal y disciplinaria para los magistrados de la Seccional de la Judicatura en Bolívar, por considerar que "los argumentos utilizados inciden en la competencia de la Procuraduría con el riesgo de entorpecer la investigación disciplinaria, la continuación de la infracción y la repetición de la falta".

En Soledad, Atlántico, Fiscalía estrena nueva sede para ampliar oferta y reducir niveles de impunidad

Fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, presentó a 8 nuevos fiscales que fueron asignados para la seccional del municipio.

Barranquilla, 22 de julio de 2017.- La seccional de la Fiscalía en Soledad tiene una nueva sede, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, inauguró el edificio que albergará las oficinas para los funcionarios del ente acusador que tendrán la misión de reducir el índice delictivo en el municipio.

El secretario del Interior del Atlántico, Guillermo Polo Carbonell, acompañó al fiscal general a este evento para reafirmar el compromiso de la Gobernación de apoyar el proceso de descongestión de la justicia en el departamento.

Durante la inauguración de esta nueva sede, Martínez Neira presentó a los 8 nuevos fiscales que asignó a la seccional de Soledad y que se sumarán a los 14 que trabajan en investigaciones judiciales.

"Asignamos seis fiscales locales y dos seccionales lo que representa un aumento del 60 % en el número de funcionarios con que contaba el municipio, ahora serán 22 que tendrán la tarea de reducir la impunidad", indicó el fiscal general.

Martínez señaló que esta medida hace parte de un plan estratégico de la Fiscalía cuyo propósito es descongestionar la justicia asignando más funcionarios a las investigaciones. En todo el país se han nombrado 516 nuevos fiscales.

El secretario del Interior del Atlántico señaló que este apoyo de la Fiscalía General de la Nación ayuda a recuperar capacidad operativa en materia de investigación criminal en Soledad y el Atlántico.

"Se están fortaleciendo las capacidades institucionales de las fiscalías seccionales, ese es el camino correcto porque hay que focalizar la oferta donde tenemos concentración territorial de delitos", aseguró Polo Carbonell.

Agregó que desde la administración departamental, en cabeza del gobernador Eduardo Verano De la Rosa, se trabaja de la mano con la Fiscalía. Entre los resultados de esta articulación institucional se destaca la entrega de 5 carceletas en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Barranquilla y la adecuación del segundo piso de esta edificación. Obras que tuvieron un costo de $1.300 millones.

Adicional a esto, en abril se firmó un convenio por parte del gobernador y el fiscal general para la construcción de dos nuevas URI en el Atlántico, una en Soledad y otra en Sabanalarga.

"La nueva URI de Soledad va a ofertar todos los servicios de la Fiscalía para recuperar acción operativa del ente acusador en el área metropolitana  y en la banda oriental del Atlántico", destacó el secretario del Interior.

El alcalde de Soledad, Joao Herrera, agradeció al fiscal Martínez por brindarle apoyo al municipio en la lucha contra la delincuencia. Señaló que con este refuerzo se reducirán los altos niveles de impunidad que se registran en el municipio.

Juez deja en libertad al Secretario general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Fiscalía le imputó cargos por concusión y cohecho

Bogotá, 21 de julio de 2017.- La Fiscalía General de la Nación informó este viernes que  fueron judicializados por presuntos actos de corrupción, Misael Alejandro Bautista Castelblanco, secretario general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así como el abogado litigante Efraín Forero Molina, quien también estaría implicado en los hechos.

El ente investigador afirmó que los cargos imputados obeden al presunto de que este funcionario público habría incurrido supuestamente en los delitos de concusión y cohecho propio; mientras que al abogado le endilgó la conducta de cohecho por dar u ofrecer.

Los hechos ocurrieron en el año 2012, cuando se adelantaba un trámite de pérdida de investidura en contra del concejal del municipio de Cota (Cundinamarca), Juan David Balcero Balcero, y al parecer, los hoy procesados le pidieron al entonces cabildante $200 millones para favorecerlo en el pleito.

Inicialmente, Balcero les entregó 50 millones de pesos, que se presume serían para el presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de esa época. En una segunda oportunidad, el concejal les habría entregado los $150 millones restantes, que les darían a algunos magistrados de la Sala Plena del Tribunal.

Bajo la coordinación de un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Dirección Seccional de Bogotá, con apoyo de servidores del CTI de Bogotá, se materializaron las capturas de los indiciados el día 17 de julio último.

En audiencias concentradas, realizadas ante el Juez 81 con función de control de garantías de la capital del país, ni Bautista Castelblanco ni Forero Molina admitieron los cargos imputados.

El juez 81 con función de garantías deja en libertad al secretario del Tribunal de Cundinamarca, Misael Alejandro Bautistaquien continuará vinculado al proceso, mientras que la Fiscalía apeló la decisión. Entretanto, el abogado fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

5 muertos y 43 heridos deja accidente de bus expreso Brasilia en La Guajira

Barranquilla, 20 de julio de 2017.- 5 personas calcinadas y 43 personas resultaron heridas en medio de un accidente en La Guajira. Un bus donde se transportaban también seis menores de edad, se volcó casi a la medianoche de este miércoles. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios luego de ser auxiliados en el terrible accidente. 

Los hechos ocurrieron en momentos en que un bus de la empresa Brasilia que cubría la ruta Barranquilla- Barrancas y Fonseca en el kilómetro 60 vía Riohacha – Albania, se volcó de forma lateral, al chocarse contra un camión Ford 350, que de acuerdo a información de algunos pasajeros se encontraba mal estacionado en la vía.

El camión Ford 350, que según denuncias transportaba gasolina de contrabando se dio a la huida.

Las víctimas del aparatoso accidente resultó Karla Solano, oriunda de Barrancas quien era estudiante de medicina en la ciudad de Barranquilla. Oriunda de Barrancas.

Listado de los pacientes atendidos y dados de alta.

Jair Solano Rodríguez, de Fonseca La Guajira, Tehirina Patricia Zambrano, Lizberh Zambrano Yepes, de Fonseca La Guajira, Antonella Solano Zambrano, de 2 años de edad, de Fonseca La Guajira, Luz Mary Borja, Natural de Albania La Guajira, Luz Smith Hoyos Natural de Albania La Guajira.

En el Hospital de Albania fueron atendidos y dados de alta:. Andrés Felipe Pérez Cerchar, de 20 años de edad., David Eduardo Almeria, de 24 años, Freddy Antonio Ortiz, de 37 años, Carolina Nidia Mejía de 49 años, Yair Solano Rodríguez de 37 años, Luis Carlos Jiménez Romero de 42 años, Teibina Zambrano De Luqie, Isdianis Gregorio Peñaranda, y Junior Granadillo Zarate.

Procuraduría investiga por la plata de la población desplazada en 20 gobernaciones y 35 alcaldías del país

Bogotá, 18 de julio de 2017.- El Ministerio Público abrió indagación preliminar a 20 gobernaciones y 35 alcaldías, durante los periodos 2012 a 2015, por el posible incumplimiento de su obligación en materia de protección, asistencia, atención, y reparación de la población desplazada por la violencia.
La Delegada para la Defensa de los DDHH, de la Procuraduría General de la Nación, inició el proceso disciplinario porque, al parecer, las entidades departamentales y municipales han incumplido de manera evidente e injustificada con sus obligaciones de atención integral a la población desalojada de su territorio, a pesar de contar con los recursos suficientes para protegerla, y de presentar una situación grave de desplazamiento forzado, de acuerdo con la medición del Departamento Nacional de Planeación desde el año 2013.
El Delegado para la Defensa de los DDHH, Gabriel Cera Cantillo, advirtió que “con esta indagación se busca identificar a los posibles responsables en cada ente territorial, verificar la ocurrencia de la conducta, para determinar si es constitutiva de falta disciplinaria y si han actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
Entre las gobernaciones citadas se encuentran: Arauca, Guainía, Córdoba, Chocó, Cauca, Casanare, Caquetá, Caldas, Bolívar, Vichada, Sucre, Risaralda, Quindío, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, Huila y Guaviare.
Así mismo, fueron vinculadas a la indagación las alcaldías de los municipios de Fortul, Saravena y Tame (Arauca); Soledad, Barranquilla y Malambo (Atlántico);  Magangué y El Carmen de Bolívar (Bolívar); Patía, Cajibío y Buenos Aires (Cauca); Chimichagua, Valledupar y El Copey (Valledupar).
De igual manera, Tierralta (Córdoba); Pitalito (Huila); Maicaco, Fonseca, San Juan del Cesar (Guajira); El Banco, Santa Marta, y Plato (Magdalena); Ipiales y San Andrés de Tumaco (Nariño); Cúcuta, El Carmen y Teorama (Norte de Santander); Puerto Asís (Putumayo); Pereira (Risaralda); Piedecuesta y Girón (Santander); Sincelejo y Sanonofre (Sucre); Ibagué y Chaparral (Tolima).
Estas acciones iniciadas por el Delegado para la Defensa de los DDHH, designado como funcionario especial por el Procurador General, hacen parte de la respuesta del Ministerio Público a la orden de la Corte Constitucional de monitorear el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, con respecto a la reivindicación de los derechos de la población desplazada.

Procuraduría investiga por la plata de la población desplazada en 20 gobernaciones y 35 alcaldías del país

Bogotá, 18 de julio de 2017.- El Ministerio Público abrió indagación preliminar a 20 gobernaciones y 35 alcaldías, durante los periodos 2012 a 2015, por el posible incumplimiento de su obligación en materia de protección, asistencia, atención, y reparación de la población desplazada por la violencia.
La Delegada para la Defensa de los DDHH, de la Procuraduría General de la Nación, inició el proceso disciplinario porque, al parecer, las entidades departamentales y municipales han incumplido de manera evidente e injustificada con sus obligaciones de atención integral a la población desalojada de su territorio, a pesar de contar con los recursos suficientes para protegerla, y de presentar una situación grave de desplazamiento forzado, de acuerdo con la medición del Departamento Nacional de Planeación desde el año 2013.
El Delegado para la Defensa de los DDHH, Gabriel Cera Cantillo, advirtió que “con esta indagación se busca identificar a los posibles responsables en cada ente territorial, verificar la ocurrencia de la conducta, para determinar si es constitutiva de falta disciplinaria y si han actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
Entre las gobernaciones citadas se encuentran: Arauca, Guainía, Córdoba, Chocó, Cauca, Casanare, Caquetá, Caldas, Bolívar, Vichada, Sucre, Risaralda, Quindío, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, Huila y Guaviare.
Así mismo, fueron vinculadas a la indagación las alcaldías de los municipios de Fortul, Saravena y Tame (Arauca); Soledad, Barranquilla y Malambo (Atlántico);  Magangué y El Carmen de Bolívar (Bolívar); Patía, Cajibío y Buenos Aires (Cauca); Chimichagua, Valledupar y El Copey (Valledupar).
De igual manera, Tierralta (Córdoba); Pitalito (Huila); Maicaco, Fonseca, San Juan del Cesar (Guajira); El Banco, Santa Marta, y Plato (Magdalena); Ipiales y San Andrés de Tumaco (Nariño); Cúcuta, El Carmen y Teorama (Norte de Santander); Puerto Asís (Putumayo); Pereira (Risaralda); Piedecuesta y Girón (Santander); Sincelejo y Sanonofre (Sucre); Ibagué y Chaparral (Tolima).
Estas acciones iniciadas por el Delegado para la Defensa de los DDHH, designado como funcionario especial por el Procurador General, hacen parte de la respuesta del Ministerio Público a la orden de la Corte Constitucional de monitorear el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, con respecto a la reivindicación de los derechos de la población desplazada.

Procuraduría investiga por la plata de la población desplazada en 20 gobernaciones y 35 alcaldías del país

Bogotá, 18 de julio de 2017.- El Ministerio Público abrió indagación preliminar a 20 gobernaciones y 35 alcaldías, durante los periodos 2012 a 2015, por el posible incumplimiento de su obligación en materia de protección, asistencia, atención, y reparación de la población desplazada por la violencia.
La Delegada para la Defensa de los DDHH, de la Procuraduría General de la Nación, inició el proceso disciplinario porque, al parecer, las entidades departamentales y municipales han incumplido de manera evidente e injustificada con sus obligaciones de atención integral a la población desalojada de su territorio, a pesar de contar con los recursos suficientes para protegerla, y de presentar una situación grave de desplazamiento forzado, de acuerdo con la medición del Departamento Nacional de Planeación desde el año 2013.
El Delegado para la Defensa de los DDHH, Gabriel Cera Cantillo, advirtió que “con esta indagación se busca identificar a los posibles responsables en cada ente territorial, verificar la ocurrencia de la conducta, para determinar si es constitutiva de falta disciplinaria y si han actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
Entre las gobernaciones citadas se encuentran: Arauca, Guainía, Córdoba, Chocó, Cauca, Casanare, Caquetá, Caldas, Bolívar, Vichada, Sucre, Risaralda, Quindío, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, Huila y Guaviare.
Así mismo, fueron vinculadas a la indagación las alcaldías de los municipios de Fortul, Saravena y Tame (Arauca); Soledad, Barranquilla y Malambo (Atlántico);  Magangué y El Carmen de Bolívar (Bolívar); Patía, Cajibío y Buenos Aires (Cauca); Chimichagua, Valledupar y El Copey (Valledupar).
De igual manera, Tierralta (Córdoba); Pitalito (Huila); Maicaco, Fonseca, San Juan del Cesar (Guajira); El Banco, Santa Marta, y Plato (Magdalena); Ipiales y San Andrés de Tumaco (Nariño); Cúcuta, El Carmen y Teorama (Norte de Santander); Puerto Asís (Putumayo); Pereira (Risaralda); Piedecuesta y Girón (Santander); Sincelejo y Sanonofre (Sucre); Ibagué y Chaparral (Tolima).
Estas acciones iniciadas por el Delegado para la Defensa de los DDHH, designado como funcionario especial por el Procurador General, hacen parte de la respuesta del Ministerio Público a la orden de la Corte Constitucional de monitorear el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, con respecto a la reivindicación de los derechos de la población desplazada.

Procuraduría investiga por la plata de la población desplazada en 20 gobernaciones y 35 alcaldías del país

Bogotá, 18 de julio de 2017.- El Ministerio Público abrió indagación preliminar a 20 gobernaciones y 35 alcaldías, durante los periodos 2012 a 2015, por el posible incumplimiento de su obligación en materia de protección, asistencia, atención, y reparación de la población desplazada por la violencia.
La Delegada para la Defensa de los DDHH, de la Procuraduría General de la Nación, inició el proceso disciplinario porque, al parecer, las entidades departamentales y municipales han incumplido de manera evidente e injustificada con sus obligaciones de atención integral a la población desalojada de su territorio, a pesar de contar con los recursos suficientes para protegerla, y de presentar una situación grave de desplazamiento forzado, de acuerdo con la medición del Departamento Nacional de Planeación desde el año 2013.
El Delegado para la Defensa de los DDHH, Gabriel Cera Cantillo, advirtió que “con esta indagación se busca identificar a los posibles responsables en cada ente territorial, verificar la ocurrencia de la conducta, para determinar si es constitutiva de falta disciplinaria y si han actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
Entre las gobernaciones citadas se encuentran: Arauca, Guainía, Córdoba, Chocó, Cauca, Casanare, Caquetá, Caldas, Bolívar, Vichada, Sucre, Risaralda, Quindío, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, Huila y Guaviare.
Así mismo, fueron vinculadas a la indagación las alcaldías de los municipios de Fortul, Saravena y Tame (Arauca); Soledad, Barranquilla y Malambo (Atlántico);  Magangué y El Carmen de Bolívar (Bolívar); Patía, Cajibío y Buenos Aires (Cauca); Chimichagua, Valledupar y El Copey (Valledupar).
De igual manera, Tierralta (Córdoba); Pitalito (Huila); Maicaco, Fonseca, San Juan del Cesar (Guajira); El Banco, Santa Marta, y Plato (Magdalena); Ipiales y San Andrés de Tumaco (Nariño); Cúcuta, El Carmen y Teorama (Norte de Santander); Puerto Asís (Putumayo); Pereira (Risaralda); Piedecuesta y Girón (Santander); Sincelejo y Sanonofre (Sucre); Ibagué y Chaparral (Tolima).
Estas acciones iniciadas por el Delegado para la Defensa de los DDHH, designado como funcionario especial por el Procurador General, hacen parte de la respuesta del Ministerio Público a la orden de la Corte Constitucional de monitorear el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, con respecto a la reivindicación de los derechos de la población desplazada.

La cadena perpetua no es la solución para los violadores

Para el congresista del Partido de la U, Carlos Edward Osorio, hay que reorientar el debate alrededor de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en Colombia.

Según Medicina Legal, en Colombia se conocen diariamente 48 casos de agresiones sexuales contra niños. En Bogotá se presenta la mayoría de casos (779), seguida por departamentos como Antioquia (513), Valle (353), Cundinamarca (276) y Santander (221)

“Además de lamentarnos por estas atrocidades y de rasgarnos las vestiduras pidiendo más años de cárcel para los violadores e incluso la cadena perpetua, debemos ocuparnos de trabajar esto como un problema de salud mental y fortalecer los entornos protectores”, dijo Osorio.

Agregó que “Si con el aumento de las penas evitáramos que nuestros niños fueran atacados, yo sería el primero en dar mi voto positivo, pero temo que no es así”.

 La tesis de Osorio se sustenta en una enfermedad mental silenciosa que padece la sociedad colombiana, la cual debe ser diagnosticada y tratada preventivamente.

“Muchas veces los trastornos mentales están asociados a este tipo de conductas, que debemos tratar como política pública, desde el Ministerio de Salud, en alianza con gobernaciones y alcaldías”, comentó.

La Encuesta de Salud Mental que realizó Minsalud en el 2015, mostró cifras preocupantes: el 10 % de los adultos presenta dos enfermedades mentales, mientras que el 17 % presenta hasta 3 trastornos mentales; entre el 8 y 21 % de los adultos colombianos presenta un trastorno mental que limita sus actividades.

El estudio también revela que el 5 % de los niños entre 12 y 17 años tiene prevalencia a cualquier trastorno mental en condición crónica, a lo cual se suma que el 38 % de los adolescentes del país han pensado alguna vez en suicidarse.

“También debemos considerar que el perfil del violador ha cambiado, ya no se trata de la persona aislada o iletrada. El 50 % de los agresores sexuales en Latinoamérica son jóvenes, incluso con estudios y que han vivido en familias nucleares”, puntualizó.

Llamado a fortalecer los entornos protectores

El congresista también pidió a la sociedad fortalecer los entornos protectores, que se convierten en fuertes escudos contra la violencia.

“Los entornos protectores generan espacios seguros para que disminuya el riesgo de que los niños sean objeto de cualquier tipo de violencia; al fortalecerlos, desde el hogar, la escuela, el vecindario, etc. le aportamos más a los niños que con el simple espectáculo mediático”, añadió.

Página 9 de 40