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Otro bombazo contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de estallar. Su directora de Asuntos Jurídicos de Martha Lucía Zamora, decidió renunciar ante la investigación a que está siendo sometida por parte de la Fiscalía General. Además de ello se aguarda la decisión del presidente Iván Duque sobre si objeta total o parcialmente la Ley Especial que define el funcionamiento de ese tribunal especial creado para juzgar a los actores de la guerra interna que vivió Colombia en las últimas seis décadas.

La directora de Asuntos Jurídicos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Martha Lucía Zamora, renunció a su cargo después de que la Fiscalía General de la Nación decidiera llamarla a juicio por supuestas irregularidades cometidas en su gestión.

La determinación la adoptó Zamora precisamente cuando en Colombia se celebra ‘el día de la mujer’ y dimitió a fin de no causarle daño y ataques mediáticos a la JEP, ente del que dijo que “no se merece que le causen daño por mi proceso”.

Pero ese no es solo el nubarrón que está por encima de ese sistema especial de justicia. También sobre él se encuentra la incertidumbre creada en torno a que sí el presidente de la República, Iván Duque, objeta la Ley Especial que regula su funcionamiento.

Para los amigos del proceso de paz que adelantó el pasado gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc un cambio que se realice a la Ley Estatutaria significaría que se le estaría colocando un bombazo contra dicho pacto que permitió que las Farc abandonaras las armas y se convirtieran en partido político  

El plazo que tiene el mandatario para adoptar esa decisión esta por vencerse y el gobernante no ha dejado entrever ninguna pista sobre cual será la opción que adopte.

Se conoce que el mentón político de Duque, el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, se pronunció recientemente porque dicha Justicia Especial fuera derogada en su totalidad, pero también reconoció que aunque no cuenta en el Congreso con los votos necesarios para su hundimiento, es partidario de que se le realicen transformaciones sustanciales.

Ahora en el caso de Zamora, la Fiscalía la llamó a juicio ante un supuesto encubrimiento para que varios ex jefes de las Farc pudieran abandonar los espacios territoriales que les fueron asignados. A ello se suma que el Gobierno de Estados Unidos le canceló la visa a ella y a los contratistas July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo.

Para el ente acusador hay evidencias de que funcionarios de la JEP habrían planeado falsedades y un eventual fraude procesal para encubrir el abandono de espacios territoriales de capacitación y reincorporación de algunos jefes desmovilizados de las Farc.

El CTI de la Fiscalía adelantó una inspección judicial a la sede de la JEP para recolectar documentos y otros elementos anexados como evidencias.

Tanto Zamora como la contratistas Henríquez negaron en su momento los señalamientos de la Fiscalía, diciendo que todas las explicaciones las darían ante el investigador del caso.

Zamora señaló que los funcionarios de este tribunal especial siempre han actuado con transparencia y con su deber.

Y agregó que: “Yo creo que (la JEP) es una institución absolutamente clara y transparente en donde todos sus integrantes.

La nueva querella instaurada la ventilará el Consejo de Estado, mientras que el magistrado de ese tribunal, Roberto Augusto Serrato de la Sección Primera, resolverá la suerte de una demanda que en el mismo sentido fue instaurada hace dos semanas ante ese tribunal.

Ante el Consejo de Estado se radico una nueva demanda en contra de la credencial como senador del ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, reveló la presidenta de ese alto tribunal, Lucy Jeannette Bermúdez.

La nueva querella en contra de la investidura como senador de Petro fue instaurada al mismo tiempo en que en el Consejo de Estado se efectuaba el reparto de otras demanda de pérdida de investidura que fue instaurada contra Petro hace dos semanas.

"Se radicó y el fundamento de la misma es la sanción que en materia de responsabilidad fiscal tiene, y la causal es la consagrada en el Artículo 122 de la Constitución", dijo Bermúdez.

En el reparto de la demanda la querella quedo en manos del magistrado Roberto Augusto Serrato de la Sección Primera. Se calcula que en aproximadamente uno o dos meses se conocerá la decisión del alto tribunal.

"Primero tendrá que pronunciarse el magistrado sobre si la demanda reúne los requisitos o no; si los reúne inmediatamente entrará a determinar las pruebas que se requieren, las decreta, las práctica y después se cita a una audiencia donde el demandante, el congresista y el ministerio público, intervienen. Posteriormente el magistrado proyecta el fallo y la Sala entra a deliberar y decidir", agregó la togada. 

El pasado martes el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la solicitud de embargo de los dineros de reposición de votos que le corresponden a la campaña del hoy senador Gustavo Petro.

La solicitud había sido elevada por la Contraloría de Bogotá, argumentando el embargo de esos dineros debido a las sanciones contra Petro, a quien sancionó por haberle causado detrimento patrimonial a la capital con decisiones que tomó sobre el esquema de aseo y las tarifas de Transmilenio, cuando era alcalde de Bogotá.

En la decisión, tomada en sala plena, el Consejo Nacional Electoral determinó mantener la resolución del pasado 5 de febrero, en el que le reconocen a Gustavo Petro por reposición de votos 23 mil 871 millones 519 mil 900 pesos, que serán enviados al partido Mais y a la Colombia Humana.

Al respecto, Heriberto Sanabria, presidente del Consejo Nacional Electoral, insistió en que la decisión tomada por este organismo estuvo amparada en el artículo 13 de la ley 130 de partidos.

"Lo que está diseñando como riqueza no lo es y al contrario, lo que va a generar es la pobreza para sus propios nietos", dijo Brigitte Baptiste, directora de dicho instituto dedicado a la investigación de los Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Tras acusar al gobernador del departamento del Guaviare, Nebio Echeverry, al oriente de Colombia y en inmediaciones de la selva amazónica, de tener una visión que va en contra vía de la defensa de los ecosistemas que habitan en esa zona catalogada como el pulmón del mundo, la directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Brigitte Baptiste y lo exhortó a tener una visión diferentes sobre lo que debe ser la defensa de la selva.

“Él, el gobernador Echeverry, tiene una visión de desarrollo que va en contra vía de la visión que se ha venido construyendo sobre la necesidad de la protección del Amazonas", declaró Baptiste, directora de uno de los centros de investigación colombiano más importante de América Latina.

Precisó que el gobernante debe reconsiderar su plan de desarrollo que está implementando en el Guaviare por cuanto lo que está realizando es la "destrucción de la selva amazónica".

El propósito del gobernante y que lo exhibe siempre que pueda es el de "fortalecer" a como de lugar el hato ganadero, lo mismo que los cultivos de palma de aceite y hacer vías, pero para nada esboza sobre como defender la riqueza que genera la selva.

Tal es el grado de desconcierto que hay frente a los planes pensados por el gobernante departamental, que a finales del 2018, cuando el presidente Iván Duque realizó el 'Taller Construyendo País' en San José del Guaviare, las palabras pronunciadas por Echeverry causaron polémica y fue abucheado por hablar solo del hato ganadero, los cultivos de palma y hacer vías. 

La científica lamentó el hecho de que “gran parte del territorio del departamento de Guaviare está rodeado de palma africana”, como igual acontece con terrenos cercanos a esa zona del país y que pertenecen al departamento del Meta, como los municipios de Mapiripán, a donde llegaron extranjeros e hicieron inversiones para instalar una extractora de aceite. Igual acontece con extensiones del municipio de Puerto Rico y Granada.

Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en mayo venidero se estaría adjudicando los contratos y la sobras se proyectan arrancar en el último trimestre de este año.

Un total de 26 propuestas recibió la Alcaldía de Bogotá para llevar a cabo la construcción de la troncal del Transmilenio que irá por la carrera 7 y que unirá a las calles 32 con la 200.

"Estamos muy satisfechos de poder contarle a los bogotanos que este proceso licitatorio ha culminado con éxito otra de sus etapas, y hemos recibido 26 propuestas para construir la nueva Séptima, la que es sin duda la obra pública más importante de Colombia en este momento", señaló Yaneth Mantilla directora del distrital Instituto de desarrollo Urbano (IDU).

En total fueron siete firmas las que presentaron estas propuestas. Según el distrito, el tramo 6 comprendido entre las calles 147 y 183 es el que más propuestas obtuvo, con 6 en total.

Los contratos fueron divididos en ocho, uno para cada tramo, lo que "garantiza la transparencia en el proceso y permite hacer un seguimiento más detallado", dijo la funcionaria del IDU

El propósito del ejecutivo capitalino es el de que las obras comiencen a ejecutarse a partir del último trimestre de 2019 y se terminen entre el 2021 y 2023, ello de acuerdo con la complejidad de cada tramo.

Así mismo, se incluyeron 5 años más de mantenimiento para garantizar la calidad de la construcción.

"Esta inmensa respuesta de las compañías constructoras nos da garantías para continuar sin contratiempos, evaluar las ofertas y realizar la adjudicación de la obra en mayo con el acompañamiento de todos los organismos de control y los ciudadanos, tal y como está estipulado en el cronograma", enfatizó Mantilla.

Se espera que esta obra beneficie a más de 3 millones de personas que viven o transitan diariamente por esta vía.

"Una vez esté terminada la obra, viajes que hoy toman 2 horas y media se podrán hacer en tan solo 50 minutos", indicó la directora del IDU.

El proyecto de Transmilenio por la Séptima contempla la renovación de todas las aceras y el espacio público, la construcción de una CicloRuta de 11 km, tres puentes peatonales, dos carriles exclusivos para carros particulares, 22 estaciones, tres pasos subterráneos, cuatro puentes vehiculares, y un aumento de 12 a 15 kilómetros en la velocidad promedio del corredor.-.-

Gloria Ortiz, presidenta de ese alto tribunal, indicó que tras la extensa jornada que se efectuó el jueves y en la que amigos de la reanudación de las fumigaciones –entre ellos el gobierno nacional- defendieron dicha alternativa, los opositores exhibieron los argumentos por los cuales no se debe regresar con las aspersiones.

La presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Gloria Ortiz, aseguró que ese alto tribunal se tomará un tiempo prudencial para emitir su fallo sobre el posible uso o no del herbicida llamado Glifosato como medio para combatir los cultivos ilícitos, especialmente el de coca que en una década casi se duplicaron en todo el país.

La togada sostuvo que la audiencia que se realizó el pasado jueves sobre el tema, fue bastante productiva y se constituyó en una expresión de trabajo organizado en detalle, pues se hicieron una serie de paneles "totalmente balanceados" con "opiniones contradictorias y versiones distintas, como debe ser abordado un tema como este".

Ortiz expreso que el tema sobre el uso del Glifosato fue tratado con altura por los expositores que estuvieron, entre ellos el presidente de la República, Iván Duque quien es partidario el uso de dicho herbicida para fumigar los cultivos de coca, y el ex mandatario Juan Manuel Santos, quien lidero las voces en contra de ese instrumento.

También lea: https://www.elespacio.net.co/component/k2/item/11612-uso-o-no-del-glifosato-enfrento-hoy-a-los-colombianos-gobierno-pide-contar-con-todas-las-armas-por-combatir-el-narcotrafico-y-otros-senalaron-que-dicho-herbicida-causa-efectos-nocivos-para-la-salud-humana

Por esa razón, la magistrada señaló que todavía no hay decisiones sobre ese tema y que el pronunciamiento al respecto no se emitirá hasta tanto la sala de revisión, que componen los magistrados, estudie y analice cada uno de los argumentos expuestos.

"Habrá que esperar un tiempo prudencial para evaluar si es necesaria la intervención de la Corte. Evaluaremos si en efecto vamos a continuar con este seguimiento y en qué medida”, sostuvo la presidenta del alto tribunal para agrega luego que “la sala mantiene un margen de discrecionalidad en

el que profiere decisiones (...) se llegó a la conclusión de que primero se debía oír y luego ver si la Corte toma una decisión o no", manifestó Ortiz.

Recordó la magistrada que si la Corte Constitucional decide no realizar pronunciamiento alguno, eso quiere decir que la sentencia que recomienda prohibir las fumigaciones con Glifosato por posibles daños a la salud humana, se mantendrá en pie.

Manifestó que será en últimas el Consejo Nacional de Estupefacientes, el cual es el órgano técnico para ese particular.

Por ello señaló: "Quien toma la decisión para ver si se hace o no la fumigación con glifosato es el órgano técnico, es decir el Consejo Nacional de Estupefacientes, basado en los criterios de la Corte. Uno de ellos es que tenga información concluyente de que no se afecta la salud humana", argumentó.

Un estudio patológico y estructural del puente de Hisgaura que realizó el Fondo de Adaptación dejó al descubierto las fallas que presenta la obra. Además de ondulaciones, el puente Hisgaura tiene grietas.

Frente a la existencia de fisuras evidenciadas en el tablero, particularmente en la zona central del puente de Hisgaura, cuya construcción se realiza en un sector de la carretera que une a los sitios de Curos y Málaga, en el departamento de Santander, al oriente de Colombia, el Instituto Nacional de Vías (Invías) determinó no recibir la obra.

Las fallas fueron descubiertas tras un estudio patológico y estructural del puente de Hisgaura que llevó a cabo el Fondo de Adaptación a pedido realizado por el Invías.

La postura de Invías quedo expuesta mediante un escrito enviado a esa institución por el ingeniero del Fondo de Adaptación, Rafael Abuchaibe, quien además solicitó una mesa técnica entre el Invias, Fondo de Adaptación y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que evidenció en los últimos días nuevas fallas en la estructura.

En total, son dos estudios que la interventoría le solicitó al Fondo de Adaptación y que, hasta la fecha, no han sido entregados: Informe sobre el estado del pavimento: “…Se hace necesario efectuar el ensayo de Resistencia al Deslizamiento con el Péndulo Británico. A fin de verificar el comportamiento de agarro en presencia del agua…”

El otro informe trata sobre la patología de la Estructura del Puente Hisgaura: “…hemos encontrado eflorescencias en la parte inferior de la losa del tablero, que podrían evidenciar la presencia de fisuras abiertas.

Por tal motivo se hace necesario una evaluación patológica a la superestructura por parte del contratista de la obra, que incluya la medición de ancho de las fisuras, con el fin de verificar si las mismas se encuentran abiertas para determinar su respectivo tratamiento...”

De esta manera, el Invías reiteró al Fondo de Adaptación que el contratista y la interventoría “garanticen la vida útil del puente de manera integral y establezcan los costos del mantenimiento que puede incurrir la Entidad durante la operación”.

Por su lado, la constructora Sacyr defendió la estabilidad del puente Hisgaura, y señaló, a través de un comunicado, que "está absolutamente convencido que la estabilidad de la estructura y seguridad del puente Hisgaura, no está en duda (...) esto quedó demostrado a través de los resultados de las pruebas de carga realizadas el pasado diciembre de 2018".

Sobre lo que la Sociedad le recomendó al Invías de no recibir la obra, Sacyr señaló que, "el proyecto fue diseñado por la empresa Pedelta Colombia (...) de reconocido prestigio y cuyos profesionales forman parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros".

La medida fue adoptada como una acción para proteger los denominados sitios sagrados aborígenes que reclaman los nativos y con ellos buscan salvaguardar la fauna y flora allí existente.

Cuatro puntos del Parque Natural Tayrona considerados por los nativos como sitios sagrados fueron cerrados para las actividades ecoturisticas. La decisión la adoptó la autoridad de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y se relacionan con sectores que están al interior del área protegida.

Los sitios en los que queda prohibido el ecoturismo son Los Naranjos, Chengue, el costado oriental de Bahía Concha, así como la zona histórico cultural de Pueblito Chayrama.

La decisión fue adoptada por PNNC en coordinación con los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.

La medida busca garantizar las condiciones mínimas para la supervivencia de las especies que habitan el Parque Natural, así como a contribuir a la conservación étnica y ancestral de los cuatro pueblos indígenas que habitan en la zona, respetando su política de salvaguardar el valor espiritual de los sitios sagrados.

Igualmente la decisión se adoptó en concordancia con un fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el 2013 y en el marco de los acuerdos para la protección ambiental y cultural del Parque Tayrona.

La decisión reivindica los derechos ancestrales de las comunidades indígenas en el referente de las consultas previas.

La demanda de tutela que originó la resolución de PNNC fue presentada por la Fundación Misión Colombia, dirigida por el abogado y ambientalista Alejandro Arias Cayón, quien en calidad de agente oficioso reclamó “el amparo de los derechos constitucionales a la consulta previa y los conexos, en el marco de la protección de la integridad cultural, económica y social de los indígenas colombianos presuntamente vulnerados por parte de Parques Nacionales”.

Una audiencia pública realizada por la Corte constitucional permitió al gobierno y sus amigos defender la urgente necesidad de usar dicho herbicida para disminuir el aumento de cultivo de coca, mientras que otro sector trató de mostrar con cifras los efectos nocivos que causa el uso de dicho producto.

Colombia vivió una jornada entre amigos del uso del glifosato como herbicida para combatir los cultivos de hoja de coca, y quienes se oponen a él por los supuestos efectos nocivos para la salud, en especial para las personas expuestos a él.

Cada uno de los expositores que participaron en la audiencia pública que sobre el tema que realizó este 7 de marzo la Corte Constitucional, incluyendo al presidente de la República, Iván Duque, lo mismo que al ex gobernante colombiano, Juan Manuel Santos, demostraron con cifras los beneficios, para unos, y los efectos nocivos, para otros, que el glifosato produce si se usa para combatir el aumento excesivo de los cultivos de coca.

De acuerdo con las Naciones Unidas en Colombia existen más de 175 mil hectáreas cultivadas con dicha planta, mientras que el Gobierno de Estados Unidos ubica esa cantidad en 209 mil hectáreas. 

La audiencia se realizó como una acción para hacerle seguimiento a la sentencia T-236 de 2017 emitida por la Corte, en la que se señaló que no se puede hacer uso del químico si existen dudas sobre su afectación a la salud y el ambiente.

Por ejemplo el grupo que busca que se use dicho fungicida, el cual es encabezado por el propio presidente Duque, quien fue a la audiencia acompañado por sus ministros para aseverar entre otras cosas que la discusión que se dio no fue sobre la suerte de un herbicida, sino sobre el crecimiento vertiginoso que los cultivos ilícitos y el narcotráfico registrados entre 2013 y 2018, y manifestó que esa es una situación que amenaza el orden constitucional en los territorios y frente a la cual el país necesita de todas las herramientas para combatir este flagelo.

Duque contextualizó su participación diciendo que el ritmo de crecimiento de los cultivos en esos últimos cinco años equivale a un 64% por año, hecho que contrastó con los ocurrido entre el periodo 2000 - 2012, cuando Colombia redujo el cultivo de coca de 180 mil hectáreas, aproximadamente, a menos de 60 mil.

El Presidente llamó la atención acerca del grave impacto que está causando el narcotráfico sobre el medio ambiente, más allá del debate sobre un herbicida.

’Si bien algunos han tratado de centrar el debate sobre ese herbicida, aquí poco se habla de los 4 millones 130 mil litros de ácido sulfúrico que llegan a la selva tropical húmeda de Colombia para la producción de cocaína. Poco se habla, además, de los 3 millones de litros de amoníaco. Poco se habla de los 248 mil litros de ácido clorhídrico. Y poco se habla de los 102 millones de galones de gasolina, o los 1,4 millones de sacos de cemento que se utilizan para la cadena criminal de la producción de cocaína’, precisó.

De acuerdo con el Jefe de Estado, el país requiere de todas las herramientas para enfrentar la actividad criminal del narcotráfico, entre ellas el desarrollo alternativo, la erradicación manual, el pago por servicios ambientales, la interdicción y la aspersión aérea. ’No se pueden limitar las herramientas. Limitar el uso de las herramientas ante este fenómeno, ante esta amenaza, puede afectar la capacidad misma del Estado de proteger la integridad territorial y los derechos de muchos colombianos’, dijo.

La expectativa en torno a la audiencia surgió por la decisión que tiene el Gobierno de Duque propone que el glifosato se vuelva a usar como herbecida para combatir los cultivos de coca y evitar su aumento.

La audiencia fue presidida por el magistrado Alberto Rojas Ríos, el ponente, quien la dividió en varios ejes temáticos.

El primero trató sobre los riesgos de la utilización del glifosato en la salud, exposición que realizó Christopher J. Portier, profesor Honorario de la Universidad de Queensland, Australia y quien fue Director del Centro Nacional para la Salud Ambiental, Atlanta. También, participará el ex ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, como Director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe.

El segundo, se relacionó con las afectaciones del glifosato en el ambiente, mientras que el tercero se refirió sobre seguridad y defensa punto en el que habló el ex presidente Juan Manuel Santos como miembro de la Comisión Global de Política de Drogas.

En el cuarto eje se habló sobre paz y los cultivos ilícitos en donde participará el ex presidente César Gaviria, también como Miembro de la Comisión Global de Política de Drogas.

Para quienes se muestran contrario con el uso del glifosato, entre ellos el ex presidente Santos, argumentan que ello se constituye en un craso error ambientalista, además de que dicen que es una estrategia ineficiente para la lucha contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos.

El ex gobernante señaló que su uso ’se constituye en una respuesta equivocada’ ya que afectaría a 130 mil familias pobres que viven del cultivo de la coca y lo que vamos a hacer ahora es ’fumigarlas con veneno. ¿Por qué digo veneno? Porque la concentración de glifosato requerida para matar la hoja de coca, puede ser hasta 10 veces más alta de la que se usa normalmente, eso es veneno’.

Santos señaló que en la actualidad el 37% de los cultivos ilícitos están en parques naturales, resguardos indígenas y zonas fronterizas ’donde no se puede fumigar’, manifestó y dijo luego que el resto de los cultivos ilícitos está entremezclado con productos lícitos: ’¿dónde diablos vamos a fumigar con aviones? me preguntaba un general de la Policía hace un par de días’.

 

El líder del partido de gobierno, Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, de nuevo alzó su voz en contra de la JEP y precisó que frente a los escándalos surgidos en los últimos días, ese sistema especial de justicia acordado por el anterior gobierno y las desaparecidas Farc, debería ser eliminado o al menos tener reformas de fondo.

Ante el hecho de no contar con los votos necesarios en el Congreso para desmontar del todo la denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el ex presidente y senadorÁlvaro Uribe Vélez anunció que presentará al menos ocho reformas al esquema judicial acordado por el anterior Gobierno con la desaparecida guerrilla de las Farc –hoy convertida en partido político- como instrumento para hacerle frente a los problemas internos que han surgido para aplicar ese sistema.

Uribe Vélez, creador del hoy partido de gobierno Centro Democrático (CD), manifestó que el escándalo que estalló alrededor del fiscal Carlos Julián Bermeo, por el millonario soborno que recibió para incidir en la no extradición del ex cabecilla de las Farc alias Jesús Santrich, refuerza su posición de que “hay que derogar la JEP”.

Puntualizó que frente a los hechos bochornosos registrados al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, llevan a que los políticos y a la opinión pública se incline por derogar ese mecanismo de justicia temporal.

No obstante, Uribe Vélez expresó que en vista de que no se ha visto la posibilidad de tener las mayorías para eliminarla, ya tiene definidas 7 reformas a este tribunal, entre ellas una relativa a la extradición para que se facilite y no se dilaten los trámites.

De otro lado, Uribe Vélez cuestionó el hecho de que se esté utilizando a los niños para hacer publicidad a favor de la JEP, caso concreto el registrado en uno de los 9 municipios — que no identifica–, de la región de los Montes de María, ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar.

LEY ESTATUTARIA

La polémica postura de Uribe Vélez ocurre a pocos días de que venza el plazo que tiene el presidente de la República, Iván Duque, para que ratifique o niegue –total o parcial- la Ley que establece el funcionamiento de la JEP.

A raíz de la cercanía de ese vencimiento, un grupo de 36 académicos, congresistas, empresarios, abogados y políticos le enviaron una carta al presidente Iván Duque en la que plantean reparos a diferentes aspectos del proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y validan la facultad del mandatario para objetar dicha iniciativa y regresarla al Congreso.

La comunicación del grupo de intelectuales le llegó al mandatario a menos de una semana de que venza el plazo legal para pronunciarse sobre esta norma, es decir, para sancionarla y que entre en vigencia o para objetarla y regresarla al Congreso y debatir posibles modificaciones.

En la misiva, el grupo dedica una gran parte a validar la facultad que tiene el jefe de Estado de presentar reparos por inconveniencia a esta norma.

En medio del debate jurídico, algunos defensores de la integridad del acuerdo de paz con las Farc han manifestado que Duque no puede objetar este proyecto de ley ya que la Corte Constitucional ya lo avaló y que lo que procede es la sanción y la entrada en vigencia de la norma.

Argumentan que la norma ya fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, la cual avaló lo firmado y que fue ratificado tras su paso por el Congreso de la República.

Consideran que objetar cualquier punto de la Ley o cambiar el aspecto de la JEP, sería como darle un fuerte golpe al acuerdo de paz y acabar con lo pactado.

Según ellos, el aspecto jurídico es el que encierran la parte central del acuerdo y que por ello un cambio determinaría su hundimiento.

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