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El accidente se produjo porque al parecer el autobús supuestamente perdió los frenos. La pericia del conductor evitó que el carro se hubiera estrellado contra otro vehículo.

Un total de 16 personas resultaron heridas luego de que un bus de la empresa Transmilenio embistió la estructura de la parada de La Pepe Sierra (calle 116) con la autopista norte.

Las personas que resultaron con lesiones de alguna consideración fueron trasladas en ambulancia a diferentes centros médicos localizados en los alrededores del sitio donde se produjo el accidente.

Según se informó, a pesar de su maniobra el conductor del vehículo que colisionó con la estructura metálica del paradero, no pudo evitar que se produjera el choque.

El accidente al parecer ocurrió porque el bus accidentado al parecer perdió los frenos y su conductor por tratar de esquivar a otro bus que se encontraba delante de él, se estrelló contra la estructura.

El bus quedó incrustado en una de las esquinas de la estación y por ello la parte frontal resultó destruida y hundida al lado derecho y done va el puesto del operador del vehículo.

Como consecuencia del impacto resulto herido el conductor del articulado.

 
La denuncia la hace el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Heriberto Sanabria, quien expresó que se está registrando un alto número de cédulas inscritas o registradas, lo que indica que se estaría presentando un trasteo de votos o trashumancia electoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) advirtió hoy sobre una posible manipulación que se estaría dando en el proceso de registro de cédulas que ocurre por el cambio de residencial del elector y considero que grupo ilegales estarían interesados en promover lo que en Colombia se denomina como trasteo de votos o trashumancia electoral.
El presidente del máximo organismo electoral de Colombia, magistrado Heriberto Sanabria aseguró en las últimas semana se ha registrado un crecimiento muy alto en cuanto al número de cédulas registradas en diferentes zonas del país, lo que podría estar ocurriendo por la manipulación de la jornada electoral de octubre que pretendan realizar grupos ilegales interesados en alterar el querer popular.
Para ello, esos grupos estarían promoviendo lo que en el país se denomina como trasteo de votos o trashumancia electoral que consiste en inscribir cédulas de ciudadanos en un determinado municipio, así su poseedor no resida en ese lugar como lo exige la Ley, y el día de las elecciones esa persona o personas pueda sufragar en el lugar que fue inscrito su documento de identidad.
Como un arma para combatir ese fenómeno, el presidente de CNE solicitó a los dirigentes de los partidos políticos a que determinen los más pronto posible si van a realizar consultas internas para definir candidatos únicos a las elecciones regionales del 27 de octubre venidero y en las que se elegirán a 32 gobernadores departamentales y 1.117 alcaldes municipales, lo mismo que a los diputados departamentales y a los concejales municipales.
Las consultas no solo se realizan al interior de un solo partido, sino que igualmente diferentes sectores políticos acuerdan una alianza y escogen el candidato a la gobernación o alcaldía mediante votaciones abiertas que realizan entre sus militantes. El ganador será el candidato que se presenta a nombre de la alianza acodada.
La consulta es uno de los mecanismos para la escogencia de candidatos a alcaldías, gobernaciones, concejos municipales y asambleas departamentales del que disponen los partidos y movimientos políticos para dirimir las diferencias entre sus aspirantes y escoger a sus nominados por los que votaran en los comicios regionales de octubre.
Así mismo, el presidente de CNE demandó de las autoridades económicas colombianas la entrega inmediata de los recursos financieros para costear la realización de las consultas internas que se efectuarían por pedido de los partidos o movimientos políticos y cívicos y para las elecciones regionales de octubre.
DINEROS PARA LOS PARTIDOS
De otro lado el Consejo Nacional Electoral entregó el consolidado de dineros que el año pasado entregó a los diversos partidos políticos por su participación en elecciones al Congreso de la República y a la Presidencia de Colombia.
En total se han entregado 174 mil millones de pesos fueron entregados a 18 partidos, movimientos y organizaciones representativas de ciudadanos que tomaron parte en el reciente ejercicio democrático. Producto de sus derechos a percibir para funcionar, anticipos y consultas.
Los partidos que recibieron más dinero fueron el Centro Democrático, el cual recibió por reposición de votos $32.058 millones de pesos. Mientras que los de La U obtuvo 29.011. millones de pesos, mientras que el partido Somos y el de reivindicación étnica PRE, recibió, cada uno, 186 millones de pesos y 201 millones de pesos respectivamente.
Partidos como el Liberal, la Alianza Verde, Cambio Radical, Conservador, y las Farc, recibieron por separado de parte de la autoridad electoral, valores que van entre 15 mill a 25 mil millones de pesos.
Sumados todos los sectores que independientemente se registraron como grupo significativo de ciudadanos, registraron un ingreso de 5.865 millones de pesos por su por su participación en la contienda democrática del año anterior.

El partido Liberal, la mayor fuerza política en la Cámara de Representantes, anuncio que no votará los vetos impuestos por el presidente de la República, Iván Duque, a seis de los 159 artículos que componen dicha Ley que da pautas sobre como debe funcionar la Justicia Especial para la Paz, sistema establecido para el juzgamiento a los actores del conflicto armado colombiano.

El panorama político que vive Colombia tras conocerse la decisión del presidente de la República, Iván Duque de objetar, por razones de conveniencia, el proyecto de Ley aprobado por el Congreso de la República en 2018 y ratificado por la Corte Constitucional tras hacer su estudio sobre los alcances de las decisiones y sus efectos en torno del funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Este martes la bancada liberal, que en la Cámara de Representantes es la primera fuerza política y en el Senado de la República, la cuarta, decidió por unanimidad no votar las objeciones adoptadas por el presidente Duque, por considerarlas que el argumento allí expuesto “no tiene sentido” legal.

El encuentro que fue encabezado por el ex presidente de la República, Cesar Gaviria, ex secretario de la OEA y jefe único del partido Liberal -colectividad que respaldo a Duque en la pasada campaña presidencial-. Gaviria señaló que tal y como se encentran las cosas “nada garantiza que los restante 153 artículos queden o rijan como salieron del Congreso y de la Corte Constitucional.

La postura liberal se originó luego de hacer una serie de consideraciones sobre la actitud que debería asumir ese partido frente a la decisión de Duque y analizar los posibles escenarios que se podrían producir una vez comience a funcionar el nuevo periodo del Congreso –el cual arranca este sábado 16 de marzo-.

“Hemos tenido una muy buena reunión con las bancadas de Senado y Cámara del Partido Liberal y ha habido unanimidad en la posición de no votar las objeciones que el presidente le ha hecho a la ley estatutaria de la JEP”, dijo Gaviria al término de la reunión y agregó que lo hacían porque “no le encontramos sentido” a lo actuado por el gobernante.

Para el ex mandatario a la decisión de Duque se suma el hecho de que la objeción no es solo a los seis artículos anunciados por el mandatario, sino que a hoy ninguno de los otros 153 artículos que por ahora están con vida se puede decir que se haya salvado.

“Una cosa que quiero decir, no son simplemente seis artículos los objetados, los otros tampoco están sancionados, o sea, nada garantiza que va a haber ley en este momento si seguimos el camino que estamos recorriendo”, puntualizó el jefe de los liberales.

Con esta decisión se afectaría el quórum de ambas plenarias, especialmente en la Cámara de Representantes donde el Partido Liberal tiene 35 curules de las 172 que la constituyen, mientras que en el Senado son 14 los militantes de ese partido que tiene asiento en esa Corporación que está compuesta por 107 sillas o curules.

“Vamos a actuar como bancada en Senado y en Cámara”, resaltó César Gaviria.

La presidencia de la Cámara está en manos del liberalismo, hecho que le coloca más picante a la agridulce situación por la que atraviesa la política colombiana.

Como si la cosa no fuera tan complica, el presidente de la Constitucional solicitándose un concepto en el que se esclarezca si efectivamente las objeciones presidenciales son inconvenientes o afectan algún tema de constitucionalidad.

Esto haría que la plenaria de la Cámara solo conozca, debata y determine la suerte de las objeciones hasta que la Corte se pronuncie, hecho que podría tardar semanas y hasta meses, acción con la cual se deja en entre dicho el trabajo de la JEP.

A este panorama de caos y confusión se agraga el hecho de que si hoy todavía considerado proyecto de Ley Estatutaria de la JEP no es aprobado por falta de quórum en una de las dos cámaras, o en las dos, se hundiría. Igualmente, su muerte ocurriría si una Cámara acoge las objeciones presidenciales y la otra las niega y no las acepta.

Ex negociadores, parlamentarios y voceros de diferentes sectores de la comunidad se pronunciaron en contra de la decisión del presidente de la República, Iván Duque y la catalogan como un duro golpe que lesiona “gravemente el acuerdo” firmado en el 2016 por el Estado colombiano con la desaparecida guerrilla de las Farc.

Tal y como se esperaba, la decisión del presidente de la República, Iván Duque de objetar seis de los 159 artículos que conforma la Ley Estatutaria que determina el funcionamiento del acuerdo de paz suscrito por el Estado colombiano con la hoy desaparecida guerrilla de las Farc, ahora convertida en partido político, dio paso a un ambiente de incertidumbre sobre la vigencia de dicho pacto.

Los primeros en reaccionar fueron dirigentes, congresistas y representantes de partidos como el Libreal, la U, Verde, Farc, Polo Democrático, Decencia, entre otros, lo mismo que voceros de instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, víctimas del conflicto, académicos y columnistas, quienes en un mensaje enviado a las Naciones Unidas dicen que la decisión del mandatario se convierte en un fuerte golpe al acuerdo de paz.

El mensaje fue enviado al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterrez en el que expresan su preocupación tras las objeciones del presidente Duque a la Ley Estatutaria de la JEP y dicen que las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley.

En otro parte de la carta se añade que el presidente Duque recurrió “a la figura de la objeción por inconveniencia” y mencionó que por esa vía “se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica”, señalaron los defensores del acuerdo de paz que firman la carta.

En su misiva, los declarados opositores a la postura presidencial, piden al secretario de la ONU que el Consejo de Seguridad de esa institución internacional “sigan desarrollando una estricta observación de la situación colombiana”.

En otro aparte de la comunicación, los firmantes se declaran como “conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional”, puntualizaron.

OPINIONES

Uno de los primeros de manifestarse en contra de la decisión presidencial es el ex mandatario Cesar Gaviria, presidente del partido Liberal, quien sostuvo que el gobernante se extralimitó en sus funciones y precisó que él, Duque, debió haber sancionado la Ley Estatutaria y que de ser el caso llevar al Congreso una nueva propuesta orientada a reformar la Ley que le da vida jurídica a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Anunció que lidera un grupo que se encargará de combatir la decisión presidencial de objetar seis artículos a fin de que el Congreso de la República rechace las objeciones planteadas por Duque y deje en pie la Ley Estatutaria tal y como salió de la Corte Constitucional.

A este planteamiento le salió al paso el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien puntualizó que el proceder del presidente Duque, antes de torpedear el proceso de paz con las Farc, lo que hace es facilitar las cosas para que ese tipo de Justicia Especial para la Paz comience a operar como debe ser.

Según Martínez, la JEP puede seguir funcionando tal y como lo ha venido realizando, por cuanto recordó que hasta este momento la Ley Estatutaria no ha entrado a operar por cuanto solo hasta ahora se esta cumpliendo el último paso de su trámite legal y que ahora se amplia al tener que el Congreso aceptar o negar las objeciones presidenciales.

La presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró que mantiene en alto su compromiso de contribuir a la obtención de la verdad plena, a la reparación integral de las víctimas y a la construcción de garantías de no repetición para los colombianos

La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, aseguró que las objeciones determinadas por el presidente de la Republica, Iván Duque contra seis de los 159 artículos que componen la Ley Estatutaria que le da vida a la dependencia a su cargo no impedirá que las entidad siga funcionando.

A través de su cuenta de twitter Linares expidió un comunicado en el que sostiene que en su condición de presidenta de la JEP “recibe con respeto la decisión presidencial”.

Les dijo a las víctimas así como a los comparecientes, a la sociedad y a la comunidad internacional que la JEP seguirá funcionando plenamente, ejerciendo a cabalidad todas y cada una de sus competencias y funciones, como lo ha venido haciendo desde el 15 de enero de 2018.

La JEP reitera su compromiso de contribuir a la obtención de la verdad plena, a la reparación integral de las víctimas y a la construcción de garantías de no repetición para los colombianos.

Termina la carta asegurando que la paz estable y duradera es el compromiso de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Veinticuatro horas antes de que venza el plazo que tenía, el presidente de la Repú.

ara reso y el lpa ormas que s utaria para la paz eis de los artpartido Liberal o armado or el contrario la objeta y con elo lablica, Iván Duque exhibió las razones por las que objeto por inconvenientes seis de los artículos que conforman la Ley Estatutaria para la paz e indicó que está es una oportunidad única que tiene el Congreso y el país para construir un consenso institucional alrededor de la Justicia transicional.

Argumentando razones de inconveniencia, el presidente de Colombia, Iván Duque decidió objetar seis de los 159 artículos que constituyen la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), razón por la cual la iniciativa deberá regresar al parlamento para hacer las enmiendas recomendadas por el Jefe del Estado y que en determinado momento podría determinar una fuerte tropezón al proceso de paz firmado por el Estado colombiano con la desaparecida guerrilla de las Farc, hoy convertida en partido político.

En una alocución, el mandatario colombiano   explicó los motivos y razones por los que decidió objetar los seis artículos y precisó que lo hacia más con el ánimo de contar con una norma que realmente una a los colombianos y no con una Ley que genera divisiones e inconformismo.

Invitó al Senado y la Cámara de Representantes (Congreso colombiano) a que debate en forma objetiva y constructiva las objeciones realizadas, al tiempo que defendió el porque de su actuar. Dijo que se debe llegar a que se establezca la norma que garantice genuina verdad, justicia, reparación y no repetición

“Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, señaló Duque.

Recordó que la Constitución le otorga un plazo al Presidente de la República para sancionar u objetar las leyes en otras por inconveniencia, y dijo que lo hacía en el marco del “principio de separación de los poderes públicos y de los necesarios pesos y contrapesos democráticos en su más pura expresión”.

Plantó que utilizó el tiempo que le daba la Ley “para analizar con cuidado y ponderación este proyecto”.

De acuerdo con Duque lo que se le avecina al Congreso es una única oportunidad para construir un consenso institucional alrededor de la Justicia transicional. “Una oportunidad –dijo– que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide”.

Luego hizo dos consideraciones: la primera, que “no estamos ante un choque de trenes”. En este sentido, expresó que “la Corte Constitucional, Corte por la que tengo el mayor respeto, es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra”.

En segundo lugar, recalcó que “los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”. Una paz –agregó– que garantice genuina verdad, justicia, reparación y no repetición.

“Todos los colombianos, con excepción de quienes hoy son incapaces de renunciar a la violencia y dejar sus crímenes, queremos que haya paz en nuestra nación. No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz. Pero queremos una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

En este sentido, y en un claro mensaje a la base de la guerrilla, dijo que “aquellos que han cumplido sus compromisos y hoy respetan la ley, no tienen nada que temer con nuestras objeciones”.

“El Gobierno continuará con la implementación efectiva y ejecutiva de los compromisos a todas las personas que se encuentran en la reincorporación y en las regiones que han sido afectadas inmisericordemente por la violencia”, subrayó.

Agregó que la administración de justicia en la JEP, producto de los Acuerdos, es necesaria en este esfuerzo de asegurar la genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina no repetición, e hizo énfasis en que “este objetivo ha sido el faro ético y jurídico que ha guiado nuestra revisión de la ley estatutaria y que nos ha ayudado a identificar nuestras objeciones”.

ARTÍCULOS OBJETADOS POR DUQUE

Artículo 7:

“Para buscar una genuina reparación el Gobierno objeta por inconveniente el artículo 7 de la ley estatutaria de la JEP porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera”.

Inciso octavo del artículo 63:

“El inciso octavo del artículo 63 es inconveniente para los colombianos porque no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz”.

“Quiero dejar claridad en este tema: la tarea de verificar las personas que participan de un proceso de paz debe seguir siendo competencia del Alto Comisionado para la Paz como representante del Presidente de la República. No es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás”.

Inciso tercero del literal j del artículo 79:

“El inciso tercero del literal j del artículo 79, por su parte, trata de la suspensión de las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. Esto genera una situación que perjudica los intereses de las víctimas y desperdicia valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad. Es conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria. Esta precisión es necesaria para evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la Verdad de las víctimas”.

Parágrafo 2 del artículo 19:

“Se objeta, también, el parágrafo 2 del artículo 19 que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos, todos los esfuerzos para encontrar la Justicia y la Verdad”.

Artículo 150:

“El artículo 150, referente a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo Final, es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. No hacer esa precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países”.

Artículo 153:

“Objetamos, también, el artículo 153 por inconveniente, porque condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la Justicia de otros Estados”.

Tras exponer las razones de las objeciones, el Presidente recalcó que la Corte Constitucional cumplió con su mandato y se pronunció con respecto a la exequibilidad de la ley. “El fuero que me corresponde como Presidente es el de la conveniencia para la sociedad y en esa línea presentamos estas seis objeciones”.

Reiteró que cada una de estas observaciones busca la mejora y la corrección de la Justicia transicional para corregir estos aspectos y avanzar en la construcción de una paz que nos una. Y subrayó: “No podemos tenerle miedo a abordar estos cambios de manera constructiva y sin ánimo de polarizar”.

FRASES SUELTAS

  • • En una alocución televisada, el Jefe de Estado expresó que “los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”. Una paz –agregó– que garantice genuina verdad, justicia, reparación y no repetición.
  • • Señaló que el país está ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la justicia transicional. “Una oportunidad que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide”.
  • • Afirmó que “no estamos ante un choque de trenes”. En este sentido, indicó que “la Corte Constitucional, Corte por la que tengo el mayor respeto, es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra”.
  • • En un claro mensaje a la base de la guerrilla, dijo que “aquellos que han cumplido sus compromisos y hoy respetan la ley, no tienen nada que temer con nuestras objeciones”.

Este lunes el presidente de la Republica, Iván Duque decidirá que camino tomará la Ley Estatutaria o especial que define el marco jurídico para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la paz y donde se establecen las rutas por donde marchará el acuerdo suscrito con el desaparecido grupo guerrillero y hoy partido político Farc

Este lunes podría ser un día cable para el proceso de paz que el Gobierno que encabezó Juan Manual Santos con la desaparecida guerrilla de las Farc, hoy convertida en partido político, tendrá este lunes un día crucial, incluso más sensible que la jornada llevada a cabo el 24 de noviembre de 2916 cuando las dos partes firmaron en Bogotá el acuerdo de cese definitivo al fuego y la definición de un periodo de reconciliación nacional.

Se aguarda que este lunes el presidente de la República, Iván Duque, cuyo partido político es contrario a muchas de las prerrogativas para las Farc señaladas en el acuerdo suscrito, emitirá su decisión si objeta o invalida total o parcial la Ley Estatutaria (o Especial por la votación requerida para su aprobación) la cual reglamenta todo el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), catalogados por algunos como el eje central del acuerdo y con base en ello algunos consideran que una enmienda de fondo a dicha Ley, determinaría el desplome del acuerdo firmado.

OPINIONES

La Ley Estatutaria es la columna vertebral de la JEP, es la reglamentación para que esta justicia pueda sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en medio del conflicto armado en Colombia y es la que le garantiza el pleno funcionamiento a esta entidad que nació del proceso de paz y que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Según expertos consultados por diferentes medios de comunicación colombianos, entre ellos por El Espacio Web, a pocas horas de que se de a conocer la decisión final que adopte el Duque, las objeciones que cite el presidente en su decisión –si es que se dan-, se relacionan más a hechos de inconveniencia más que por inconstitucionalidad o legalidad.

Esa norma especial ya surtió su efecto dentro del Congreso y paso a control de legalidad por parte de la Corte Constitucional, el cual se constituye en el máximo ente en dirimir sobre la legalidad o no de una norma, y su veredicto fue de que dicha Ley tal y como salió del Congreso era constitucional.

De ahí que los analistas consideran que la objeción por constitucionalidad o legalidad no se puede argumental porque ya existe el pronunciamiento de la Corte Constitucional y solo le quedaría al gobernante la opción de señalar esas objeciones por inconveniencia.

De acuerdo con el ex presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, al presidente de la República podría optar por una de los tres caminos que tiene para decidir sin firma y avala dicha Ley o por el contrario la objeta y con ello la norma debe regresar al Congreso de la República, el cual en últimas será el que diga si acepta o rechaza los argumentos que exhiba el gobernante en caso de que sea contra una parte o la totalidad de la norma.

La Ley Estatutaria o Especial, la cual fue aprobada por las dos cámaras legislativas pocas semanas antes de que finalizara el gobierno de Santos y su legalidad fue determinada por la Corte Constitucional.

LA ENCRUCIJADA

Los caminos que deba recorrer, en caso de que exista una objeción presidencial son:

Que las dos Cámaras (Senado y Cámara) acepten las objeciones, entonces se introducirían las objeciones que surgieran de la posición presidencial; una segunda ruta sería que las cámaras descarten las objeciones presidenciales, las rechacen y en ese evento debe regresar el proyecto al Presidente de la República para que imponga la sanción sin poder presentar nuevas objeciones; y, la tercera posibilidad que puede presentarse es que una Cámara acepte las objeciones y la otra las rechace, evento en el cual ese proyecto se archiva y con ello se hunde el eje central del acuerdo.

En concepto del analista Ariel Ávila, el presidente Duque habría escogido el camino de objetar parcialmente la Ley Estatutaria y quedarías en manos del Congreso, donde la coalición de Gobierno no es tan sólida, pero cuanta con una precaria mayoría más en el Senado que en la Cámara para impulsar la decisión final que tome Duque.

HABRÍA EFECTOS COLATERALES

Pero la decisión que tome el Jefe de Estado frente a la Ley Estatutaria también podría tener sus efectos colaterales como por ejemplo poner en peligro la aprobación de otras iniciativas en las que el mandatario estaría interesado en sacar adelante como por ejemplo su Plan de Desarrollo y cuya primera advertencia ya le fue anunciada por el partido Liberal, colectividad que tiene la mayoría en la Cámara de Representantes.

Aunque el análisis señala que esto solo le daría largas a un tema que no tiene salidas claras diferentes a su sanción definitiva, el tiempo que demoraría en poder funcionar en pleno le serviría a quienes se le oponen esa Ley para acrecentar sus críticas.

Pero la retaliación también s e podría sentir en la Corte, cuerpo que tiene en sus manos la autorización de que el Gobierno use el glifosato para fumigar los cultivos de cocas para combatir el crecimiento del área sembrada y cuya discusión se abrió a mitad de la semana que acaba de pasar. Ese alto tribunal vería como una desautorización la objeción total o parcial presidencial y por ello se inclinaría a vetar la iniciativa del Gobierno.

Es necesario priorizar las zonas donde se evidencia incremento de cultivos ilícitos para ejercer acciones y recuperar a legalidad como garantía de los derechos humanos: Ministerio del Interior

La presencia del narcotráfico, ello ligado con el predominio en los cultivos ilícitos y la tenencia de la tierra, además de la existencia de diferentes actores armados, se constituyen en los factores básicos para que aumenten los principales riesgos identificados en las zonas donde han ocurrido el asesinato de líderes comunales y campesinos.

La identificación de los tres puntos que generan dichos homicidios se determinó durante un reunión que se desarrollo en el Ministerio del Interior y a la que asistieron representantes de la Defensoría del Pueblo, delegados de organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Igualmente se analizaron las Alertas Tempranas que de acuerdo con la Defensoría del Pueblo registran un incremento en cuanto a las amenazas y homicidios de líderes sociales, comunales, defensores de derechos humanos y periodistas.

Según las cifras oficiales de homicidios, avaladas por la ONU, señalan que 61 casos se presentaron en 2016; 84, en 2017 y 110, en 2018. En lo corrido del 2019, se han presentado 6 casos.

A la fecha se contabilizan 98 alertas que abarcan 141 municipios y 26 departamentos del país; de estas, solamente 4 alertas (8 municipios) no están asociadas a temas de narcotráfico y cultivos ilícitos. 

De los municipios referidos, el 53% (75 entes locales) están en riesgo alto y medio alto por cultivos ilícitos, identificando una relación entre el incremento de la siembra y la cadena del narcotráfico en su complejidad, con la emisión de las Alertas Tempranas.

Los municipios de Tumaco, El Charco (Nariño); Tibú, El Tarra (Norte de Santander) y ubicados en zona de frontera con Venezuela, lo mismo que en Puerto Asís y Valle del Guamuez (Putumayo) cerca de Ecuador, han sido identificados como de alta incidencia de la violencia asociada al narcotráfico.

También se estableció, teniendo en cuenta las 98 alertas tempranas emitidas hasta el momento, que los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Cauca, Guaviare, Chocó y Atlántico presentan mayor afectación con relación a reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes para vincularlos a grupos armados ilegales o como mano de obra directa en producción, distribución o comercialización de la cadena de narcotráfico.

El Ministerio del Interior recomendó priorizar las zonas donde se evidencia incremento de cultivos ilícitos para ejercer acciones de todo el estamento, para la recuperación de la legalidad como garantía de los derechos humanos de la población que habita en estos territorios.

El galón de gasolina aumentó en 45 pesos, mientras que el de diésel o Acpm subió 89 pesos.

En 45 pesos por galón de gasolina y 89 pesos por galón de Acpm fueron incrementado los precios de los combustibles en Colombia por decisión del gobierno del presidente Iván Duque, determinación que comenzó a regir a partir de este sábado 9 de marzo.

Una resolución expedida por el Ministerio de Minas informó los precios para las principales ciudades del país, quedaron para Bogotá en $9.586 por galón de gasolina y $9.068 para Acpm.

Para Medellín el precio referente por galón de gasolina es de $9.525 y $9.075 para el Acpm, mientras que para Cali $9.600 gasolina y $9.173 para el de Acpm. El precio referencia para la ciudad fronteriza de Cúcuta es de $7.257 pesos por galón de gasolina y $6.435 para el diésel.

Para decretar el aumento el Gobierno tuvo en cuenta los incrementos de los precios del petróleo en el mercado internacional y por un mayor costo en la refinación en el Golfo de México de Estados Unidos.

En los últimos meses, el precio del combustible en Colombia ha tenido mas incrementos que bajas. En agosto, cuando asumió Iván Duque, el precio se mantuvo estable con respecto al mes anterior para subir luego durante los tres meses siguientes.

En diciembre y enero el precio bajo, y en febrero y marzo se volvieron a presentar alzas que llegaron a máximos históricos. El nuevo Plan Nacional de Desarrollo contemplaría una nueva fórmula para reorganizar los precios de la gasolina en todo el país.

Esta es la tercera vez en este año en que el Gobierno determina un alza en los precios de la gasolina, y que comenzarán a aplicar desde este sábado 9 de marzo en todo el territorio Nacional.

Añadió además que "con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, los consumidores pagarán cerca de $1.000 menos de lo que podría costar el galón de ACPM sin este mecanismo de estabilización, por la alta volatilidad de los precios internacionales".

Solo en lo corrido del último año, el costo de la gasolina ha subido un 7%, incrementándose alrededor de 700 pesos desde el mes de enero de 2018, llevando su precio de referencia a un promedio de 9.108 pesos por galón. Ante este panorama, los transportadores han pedido que se tomen medidas para evitar que el alza siga siendo vertiginosa.

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