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Un estudio patológico y estructural del puente de Hisgaura que realizó el Fondo de Adaptación dejó al descubierto las fallas que presenta la obra. Además de ondulaciones, el puente Hisgaura tiene grietas.

Frente a la existencia de fisuras evidenciadas en el tablero, particularmente en la zona central del puente de Hisgaura, cuya construcción se realiza en un sector de la carretera que une a los sitios de Curos y Málaga, en el departamento de Santander, al oriente de Colombia, el Instituto Nacional de Vías (Invías) determinó no recibir la obra.

Las fallas fueron descubiertas tras un estudio patológico y estructural del puente de Hisgaura que llevó a cabo el Fondo de Adaptación a pedido realizado por el Invías.

La postura de Invías quedo expuesta mediante un escrito enviado a esa institución por el ingeniero del Fondo de Adaptación, Rafael Abuchaibe, quien además solicitó una mesa técnica entre el Invias, Fondo de Adaptación y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que evidenció en los últimos días nuevas fallas en la estructura.

En total, son dos estudios que la interventoría le solicitó al Fondo de Adaptación y que, hasta la fecha, no han sido entregados: Informe sobre el estado del pavimento: “…Se hace necesario efectuar el ensayo de Resistencia al Deslizamiento con el Péndulo Británico. A fin de verificar el comportamiento de agarro en presencia del agua…”

El otro informe trata sobre la patología de la Estructura del Puente Hisgaura: “…hemos encontrado eflorescencias en la parte inferior de la losa del tablero, que podrían evidenciar la presencia de fisuras abiertas.

Por tal motivo se hace necesario una evaluación patológica a la superestructura por parte del contratista de la obra, que incluya la medición de ancho de las fisuras, con el fin de verificar si las mismas se encuentran abiertas para determinar su respectivo tratamiento...”

De esta manera, el Invías reiteró al Fondo de Adaptación que el contratista y la interventoría “garanticen la vida útil del puente de manera integral y establezcan los costos del mantenimiento que puede incurrir la Entidad durante la operación”.

Por su lado, la constructora Sacyr defendió la estabilidad del puente Hisgaura, y señaló, a través de un comunicado, que "está absolutamente convencido que la estabilidad de la estructura y seguridad del puente Hisgaura, no está en duda (...) esto quedó demostrado a través de los resultados de las pruebas de carga realizadas el pasado diciembre de 2018".

Sobre lo que la Sociedad le recomendó al Invías de no recibir la obra, Sacyr señaló que, "el proyecto fue diseñado por la empresa Pedelta Colombia (...) de reconocido prestigio y cuyos profesionales forman parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros".

La medida fue adoptada como una acción para proteger los denominados sitios sagrados aborígenes que reclaman los nativos y con ellos buscan salvaguardar la fauna y flora allí existente.

Cuatro puntos del Parque Natural Tayrona considerados por los nativos como sitios sagrados fueron cerrados para las actividades ecoturisticas. La decisión la adoptó la autoridad de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y se relacionan con sectores que están al interior del área protegida.

Los sitios en los que queda prohibido el ecoturismo son Los Naranjos, Chengue, el costado oriental de Bahía Concha, así como la zona histórico cultural de Pueblito Chayrama.

La decisión fue adoptada por PNNC en coordinación con los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.

La medida busca garantizar las condiciones mínimas para la supervivencia de las especies que habitan el Parque Natural, así como a contribuir a la conservación étnica y ancestral de los cuatro pueblos indígenas que habitan en la zona, respetando su política de salvaguardar el valor espiritual de los sitios sagrados.

Igualmente la decisión se adoptó en concordancia con un fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el 2013 y en el marco de los acuerdos para la protección ambiental y cultural del Parque Tayrona.

La decisión reivindica los derechos ancestrales de las comunidades indígenas en el referente de las consultas previas.

La demanda de tutela que originó la resolución de PNNC fue presentada por la Fundación Misión Colombia, dirigida por el abogado y ambientalista Alejandro Arias Cayón, quien en calidad de agente oficioso reclamó “el amparo de los derechos constitucionales a la consulta previa y los conexos, en el marco de la protección de la integridad cultural, económica y social de los indígenas colombianos presuntamente vulnerados por parte de Parques Nacionales”.

Una audiencia pública realizada por la Corte constitucional permitió al gobierno y sus amigos defender la urgente necesidad de usar dicho herbicida para disminuir el aumento de cultivo de coca, mientras que otro sector trató de mostrar con cifras los efectos nocivos que causa el uso de dicho producto.

Colombia vivió una jornada entre amigos del uso del glifosato como herbicida para combatir los cultivos de hoja de coca, y quienes se oponen a él por los supuestos efectos nocivos para la salud, en especial para las personas expuestos a él.

Cada uno de los expositores que participaron en la audiencia pública que sobre el tema que realizó este 7 de marzo la Corte Constitucional, incluyendo al presidente de la República, Iván Duque, lo mismo que al ex gobernante colombiano, Juan Manuel Santos, demostraron con cifras los beneficios, para unos, y los efectos nocivos, para otros, que el glifosato produce si se usa para combatir el aumento excesivo de los cultivos de coca.

De acuerdo con las Naciones Unidas en Colombia existen más de 175 mil hectáreas cultivadas con dicha planta, mientras que el Gobierno de Estados Unidos ubica esa cantidad en 209 mil hectáreas. 

La audiencia se realizó como una acción para hacerle seguimiento a la sentencia T-236 de 2017 emitida por la Corte, en la que se señaló que no se puede hacer uso del químico si existen dudas sobre su afectación a la salud y el ambiente.

Por ejemplo el grupo que busca que se use dicho fungicida, el cual es encabezado por el propio presidente Duque, quien fue a la audiencia acompañado por sus ministros para aseverar entre otras cosas que la discusión que se dio no fue sobre la suerte de un herbicida, sino sobre el crecimiento vertiginoso que los cultivos ilícitos y el narcotráfico registrados entre 2013 y 2018, y manifestó que esa es una situación que amenaza el orden constitucional en los territorios y frente a la cual el país necesita de todas las herramientas para combatir este flagelo.

Duque contextualizó su participación diciendo que el ritmo de crecimiento de los cultivos en esos últimos cinco años equivale a un 64% por año, hecho que contrastó con los ocurrido entre el periodo 2000 - 2012, cuando Colombia redujo el cultivo de coca de 180 mil hectáreas, aproximadamente, a menos de 60 mil.

El Presidente llamó la atención acerca del grave impacto que está causando el narcotráfico sobre el medio ambiente, más allá del debate sobre un herbicida.

’Si bien algunos han tratado de centrar el debate sobre ese herbicida, aquí poco se habla de los 4 millones 130 mil litros de ácido sulfúrico que llegan a la selva tropical húmeda de Colombia para la producción de cocaína. Poco se habla, además, de los 3 millones de litros de amoníaco. Poco se habla de los 248 mil litros de ácido clorhídrico. Y poco se habla de los 102 millones de galones de gasolina, o los 1,4 millones de sacos de cemento que se utilizan para la cadena criminal de la producción de cocaína’, precisó.

De acuerdo con el Jefe de Estado, el país requiere de todas las herramientas para enfrentar la actividad criminal del narcotráfico, entre ellas el desarrollo alternativo, la erradicación manual, el pago por servicios ambientales, la interdicción y la aspersión aérea. ’No se pueden limitar las herramientas. Limitar el uso de las herramientas ante este fenómeno, ante esta amenaza, puede afectar la capacidad misma del Estado de proteger la integridad territorial y los derechos de muchos colombianos’, dijo.

La expectativa en torno a la audiencia surgió por la decisión que tiene el Gobierno de Duque propone que el glifosato se vuelva a usar como herbecida para combatir los cultivos de coca y evitar su aumento.

La audiencia fue presidida por el magistrado Alberto Rojas Ríos, el ponente, quien la dividió en varios ejes temáticos.

El primero trató sobre los riesgos de la utilización del glifosato en la salud, exposición que realizó Christopher J. Portier, profesor Honorario de la Universidad de Queensland, Australia y quien fue Director del Centro Nacional para la Salud Ambiental, Atlanta. También, participará el ex ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, como Director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe.

El segundo, se relacionó con las afectaciones del glifosato en el ambiente, mientras que el tercero se refirió sobre seguridad y defensa punto en el que habló el ex presidente Juan Manuel Santos como miembro de la Comisión Global de Política de Drogas.

En el cuarto eje se habló sobre paz y los cultivos ilícitos en donde participará el ex presidente César Gaviria, también como Miembro de la Comisión Global de Política de Drogas.

Para quienes se muestran contrario con el uso del glifosato, entre ellos el ex presidente Santos, argumentan que ello se constituye en un craso error ambientalista, además de que dicen que es una estrategia ineficiente para la lucha contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos.

El ex gobernante señaló que su uso ’se constituye en una respuesta equivocada’ ya que afectaría a 130 mil familias pobres que viven del cultivo de la coca y lo que vamos a hacer ahora es ’fumigarlas con veneno. ¿Por qué digo veneno? Porque la concentración de glifosato requerida para matar la hoja de coca, puede ser hasta 10 veces más alta de la que se usa normalmente, eso es veneno’.

Santos señaló que en la actualidad el 37% de los cultivos ilícitos están en parques naturales, resguardos indígenas y zonas fronterizas ’donde no se puede fumigar’, manifestó y dijo luego que el resto de los cultivos ilícitos está entremezclado con productos lícitos: ’¿dónde diablos vamos a fumigar con aviones? me preguntaba un general de la Policía hace un par de días’.

 

El líder del partido de gobierno, Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, de nuevo alzó su voz en contra de la JEP y precisó que frente a los escándalos surgidos en los últimos días, ese sistema especial de justicia acordado por el anterior gobierno y las desaparecidas Farc, debería ser eliminado o al menos tener reformas de fondo.

Ante el hecho de no contar con los votos necesarios en el Congreso para desmontar del todo la denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el ex presidente y senadorÁlvaro Uribe Vélez anunció que presentará al menos ocho reformas al esquema judicial acordado por el anterior Gobierno con la desaparecida guerrilla de las Farc –hoy convertida en partido político- como instrumento para hacerle frente a los problemas internos que han surgido para aplicar ese sistema.

Uribe Vélez, creador del hoy partido de gobierno Centro Democrático (CD), manifestó que el escándalo que estalló alrededor del fiscal Carlos Julián Bermeo, por el millonario soborno que recibió para incidir en la no extradición del ex cabecilla de las Farc alias Jesús Santrich, refuerza su posición de que “hay que derogar la JEP”.

Puntualizó que frente a los hechos bochornosos registrados al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, llevan a que los políticos y a la opinión pública se incline por derogar ese mecanismo de justicia temporal.

No obstante, Uribe Vélez expresó que en vista de que no se ha visto la posibilidad de tener las mayorías para eliminarla, ya tiene definidas 7 reformas a este tribunal, entre ellas una relativa a la extradición para que se facilite y no se dilaten los trámites.

De otro lado, Uribe Vélez cuestionó el hecho de que se esté utilizando a los niños para hacer publicidad a favor de la JEP, caso concreto el registrado en uno de los 9 municipios — que no identifica–, de la región de los Montes de María, ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar.

LEY ESTATUTARIA

La polémica postura de Uribe Vélez ocurre a pocos días de que venza el plazo que tiene el presidente de la República, Iván Duque, para que ratifique o niegue –total o parcial- la Ley que establece el funcionamiento de la JEP.

A raíz de la cercanía de ese vencimiento, un grupo de 36 académicos, congresistas, empresarios, abogados y políticos le enviaron una carta al presidente Iván Duque en la que plantean reparos a diferentes aspectos del proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y validan la facultad del mandatario para objetar dicha iniciativa y regresarla al Congreso.

La comunicación del grupo de intelectuales le llegó al mandatario a menos de una semana de que venza el plazo legal para pronunciarse sobre esta norma, es decir, para sancionarla y que entre en vigencia o para objetarla y regresarla al Congreso y debatir posibles modificaciones.

En la misiva, el grupo dedica una gran parte a validar la facultad que tiene el jefe de Estado de presentar reparos por inconveniencia a esta norma.

En medio del debate jurídico, algunos defensores de la integridad del acuerdo de paz con las Farc han manifestado que Duque no puede objetar este proyecto de ley ya que la Corte Constitucional ya lo avaló y que lo que procede es la sanción y la entrada en vigencia de la norma.

Argumentan que la norma ya fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, la cual avaló lo firmado y que fue ratificado tras su paso por el Congreso de la República.

Consideran que objetar cualquier punto de la Ley o cambiar el aspecto de la JEP, sería como darle un fuerte golpe al acuerdo de paz y acabar con lo pactado.

Según ellos, el aspecto jurídico es el que encierran la parte central del acuerdo y que por ello un cambio determinaría su hundimiento.

Con signos de violencia producto de haber estado amarrados de pies y manos, fue hallado el cadáver del diputado chocoano Alison Mosquera Palomeque, desaparecido desde el pasado fin de semana.

Flotando en aguas del río San Juan y con señales de violencia fue encontrado el cuerpo sin vida del político, Alison Mosquera Palomeque, hallazgo confirmado por las autoridades del departamento del Chocó, al occidente de Colombia. Moquera Palomeque era integrante de la Asamblea Departamental y se encontraba desaparecido desde el pasado fin de semana junto con otras tres personas.

El cadáver fue hallado en aguas del río San Juan en las afueras de la población de Chiqui Choqui, al centro del departamento. Su identidad ya fue confirmada por las autoridades.

Mosquera Palomeque, un joven político y líder social adscrito al Partido de la U, salió el viernes de una sesión de la Asamblea para reunirse con amigos en Quibdó.

El sábado se reportó vía telefónica para decir que se encontraba en la región del San Juan y a partir de ese momento no se volvió a saber de él.

Al parecer un comando armado, sin identificar, los interceptó y se los llevó. En esta zona del país hace presencia la guerrilla del Eln y una facción del paramilitar clan del Golfo, quienes podrían estar detrás del múltiple crimen.

Los cuerpos de otros dos acompañantes fueron encontrados el martes y se busca a la cuarta persona que viajaba en el grupo.

El lunes la camioneta en que viajaban fue encontrada en la vía entre Condoto- Itsmina. Sus compañeros en la duma departamental dijeron no conocer amenazas contra el joven político.

Al ruedo saltaron hoy las aspiraciones de la ex candidata a la vicepresidencia, Claudia López, y quien luchará con Antonio Navarro por la nominación del partido Verde. También se lanzó el ex secretario del actual alcalde, Enrique Peñalosa, Miguel Uribe Turbay.

A medida que se acorta la distancia para la realización de las elecciones intermedias o regionales del próximo domingo 27 de octubre, aparecen los nombres de quienes aspiran a regir los destinos políticos de los 1.107 municipios y las 32 administraciones departamentales.

Los comicios del octubre no solo servirán para elegir a los gobernantes regionales, sino que también tiene importancia con vistas a la medición de aceptación con la que cuentan los diferentes partidos con miras a las elecciones presidenciales de 2022.

A más de ello, servirán para observar si el país logró superar la división política que registra desde el 2016 cuando se efectuó el plebiscito para ratificar o negar los acuerdos de paz suscrito por el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, convertidas ahora en partido político.

En esa oportunidad el resultado mostró a un país partido por la mitad, 52% dijo que no y 48 votó por el si. Esa división se mantuvo y en las pasadas elecciones tanto al Congreso de la República como para la presidencia de la República de nuevo hizo su aparición.

Para las elecciones regionales de octubre ya dos partidos destaparon sus cartas en busca de la alcaldía de Bogotá, el segundo cargo en importancia de elección popular después del de presidente la República, mientras que otros sectores políticos aún siguen especulando con la posibilidad de ir con aspirante propio o en su defecto apoyar al nominado de otro partido que sea afín a su ideología.

El primero en definir candidato a la alcaldía de la capital colombiana fue el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), grupo político que lanzó la nominación del actual concejal bogotano, Hollman Morris, quien a mediados de enero fue acusado por su esposa de maltrato familiar, pero a pesar de ello las directivas de Mais le ratificaron su apoyo, decisión criticadas por varias mujeres dentro del mismo partido de Morris y  a quien no ven con buenos hojo luego de la denuncia de su pareja, Patricia Casas.

La segunda candidatura en aparecer en escena fue la del gobernante partido Centro Democrático (CD), creado por el ex gobernante Álvaro Uribe Vélez, el cual mediante una encuesta interna se inclinó por la también concejal, Ángela Garzón.

Sin embargo, en círculos del uribismo como se le conoce al CD, se asegura que la nominación de Garzón no llegaría a las elecciones de octubre por los posibles acuerdos que se den con otros sectores de tendencia centroderechista.

Entre esos nombres se encuentra el del ex secretario de Gobierno de la actual administración capitalina, Miguel Uribe Turbay, quien anunció recientemente su candidatura para ser alcalde de Bogotá por el movimiento ciudadano Avancemos. En su proclamación Uribe Turbay, nieto del ex presidente Julio César Turbay Ayala e hijo de Diana Turbay Quintero –asesinada por un grupo paramilitar- envió una carta a los partidos Liberal, Mira, Centro Democrático, Colombia Justa Libre, Conservador, Cambio Radical y La U con el fin de buscar una alianza para los comicios del próximo 27 de octubre.  

Su propósito es el de unificar las fuerzas de la centro derecha de la capital y para ello propone que se realice una consulta interpartidista. “A pesar del esfuerzo de la ciudad para salir adelante, hay sectores que quieren llegar a destruir o comenzar de cero”, dijo el hoy precandidato.

Al ruedo también se lanzó este 5 de marzo, la ex precandidata a la vicepresidencia de Colombia, Claudia López, considerada por algunos como la candidata a vencer.

Ella colocó su nombre a la consideración de los electores bogotanos como aspirante a la candidatura del partido Verde, de orientación centroizquierdista.

Su lucha será con el ex gobernador y ex senador, Antonio Navarro Wolf, y quien entró a la política colombiana en 1990 y una vez que se produjo el acuerdo de paz entre el entonces gobierno del  presidente Virgilio Barco Vargas y el Movimiento 19 de abril (M--19).

El juez 34 administrativo oral de Bogotá aceptó la acción presentada por la concejal María Fernanda Rojas en contra del proyecto diseñado por la administración de Enrique Peñalosa.

A través de una acción popular presentada el pasado 26 de febrero por la concejal María Fernanda Rojas fue admitida por el juez 34 administrativo oral de Bogotá, se busca paralizar momentáneamente la construcción de la troncal de TransMilenio por la Carrera Séptima y que actualmente se encuentra en proceso de licitación.

En su querella la demandante argumenta que la acción presentada tiene como propósito el salvaguardar el medio ambiente y los bienes de interés cultural de la capital. 

En la misma acción se sustentan lo quela demandante cataloga como una serie de irregularidades técnicas, lo mismo que posturas de expertos, estudios académicos y otras razones que buscan frenar esta obra que es una de las propuestas de la administración distrital del alcalde Enrique Peñalosa y con la que pretende mejorar la movilidad pública en la ciudad.

Según la concejal demandante la obra generaría fuertes afectaciones en el medio ambiente, la calidad de vida de quienes habitan la zona donde se pretende construir la troncal, además de alterar la fauna ya que se requiere de la tala de más de 1.400 árboles de distintas especies y cambiaría la valorización de los predios ubicados sobre esa zona. 

Sobre la afectación a la parte cultura, la querella de la concejal señala que la ejecución de la obra afectará espacios históricos y tradicionales de la Carrera Séptima, ya que habría intervenciones en el Parque Nacional, el Museo del Chicó, edificios emblemáticos  y en total, 16 bienes de interés cultural.

 

No politizar el tema del Metro de Bogotá y menos de usarlo como bandera política en la campaña que está por iniciarse, exigieron los gremios de la producción de la capital colombiana, los cuales reaccionaron con energía frente a un anuncio sobre la presentación de una demanda en contra la obra que los capitalinos esperan que se ejecute por el bien ciudadano.

Para combatir la idea de denuncia, los gremios exhortaron a los bogotanos a unirse en torno a la ejecución de una obra que los capitalinos reclaman por décadas y más cuando su construcción facilitará la movilidad de las personas que hoy día padecen los problemas de grandes trancones que diario se registran en las vías bogotanas.

El pronunciamiento del sector productivo bogotanos se produjo a través de un comunicado emitido por el Comité Intergremial, en cual agrupa a 16 organizaciones empresariales del país. En él los gremios expresaron no solo el respaldo a la construcción del proyecto del Metro, sino que se exhortó a todos los sectores a “trabajar juntos por el bien de la ciudad y lograr que Bogotá ejecute las obras que requiere en beneficio de la ciudadanía”.

Los gremios asociados son: Andi-Bogotá y Cundinamarca, Acodres, Asocolflores, Camacol-Bogotá- Cundinamarca, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), Cámara de Comercio de Bogotá, Cotelco Bogotá, Defencarga, Federación de Asociaciones de la Sabana (Federesa), Fenalco, Fenavi, Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Sociedad Colombiana de Ingenieros y Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá.

Reclamaron seriedad a los dirigentes políticos y manifestaron que esa acción se refleja en la decisión de no politizar una tema que como en el caso de una solución al caos que ocurre a diario con el transporte masivo que padecen los bogotanos sin distingo de rango social.

Para los gremios la contienda política que se avecina se debe centrar en temas y propuestas que sumen y permitan consolidar el desarrollo sostenible de la ciudad, dando continuidad a los proyectos que, como el Metro, son fundamentales para la movilidad Bogotá.

Por separado, el presidente nacional de la Andi, Bruce Mac Master, censuró la postura de aquellos que se oponen al proyecto.

“Grupos políticos contrarios al alcalde de Bogotá ya decidieron demandar el proceso del Metro para que se suspenda y no se haga. Mientras tanto la ciudadanía que se aguante, se olvide del Metro y soporte estoicamente. Otra vez, lo importante es que le vaya mal al contrincante!”, escribió el dirigente gremial.

Fustigó a los que anuncian la decisión de demandar la obra y dijo que seguramente usarán argumentos que calificó de falso y “simplones” y “a quienes muy poco les importa la ciudad y su gente”.

Al igual que en el pronunciamiento del Comité Intergremial, Bruce Mac Master advierte que con decisión de demandar se retrocederá en el proceso de construcción del Metro con lo cual se le hace un gran daño a la ciudad capital.

El proyecto actual de construcción del Metro es el que ha avanzado más lejos por cuanto ya cuenta con el proceso de superaciones técnicas, financieras y políticas por lo que “están listos los recursos para su ejecución y, según lo ha manifestados la administración, pronto será adjudicado.

Por es que los gremios exhortan a los bogotanos a que “apoyemos las obras que le hacen bien a la ciudad”.

POLO LO DEMANDARA

El anuncio de demanda contra la construcción del Metro lo realizó la concejal bogotana Xinia Navarro, dio a conocer en una entrevista periodística con la Revista Semana exhibió los argumentos por los cuales, su partido izquierdista Polo Democrático, considera que la obra debería ser suspendida.

Para ella el gobierno distrital en manos del alcalde Enrique Peñalosa no ha respetado los mandatos legales para evitar lo que denomino “catástrofes financieras”.

Uno de las escusas para presentar la demanda es la de que el trazado del Metro no concuerda con los definido por el Plan de Ordenamiento Territorial d (POT) de Bogotá, por lo que se construcción se haría violentando la Ley.

La demanda del Polo será instaurada en el curso de la semana que comienza, posiblemente este martes, y se hará ante el Consejo de Estado, ente que por el cúmulo de trabajo que tiene tardará meses en tomar una decisión frente a la ejecución de dicha obra.

De acuerdo con el cronograma definido, el octubre venidero se estaría adjudicando el contrato de construcción, por lo que la demanda, en la que se incluirá un llamado a que se suspenda del proceso hasta que no se produzca el fallo judicial, se paralizaría nuevamente y sería la decima frustración que en este sentido tendrían los bogotanos.

 
 
 

Precisó que para acabar con el régimen impuesto por el chavismo se requiere del concurso de todos los venezolanos, incluyendo a los militares, y pidió a sus compatriotas lanzarse a la calle para apoyar el cambio que requiere su país. Guaidó llegó el domingo a Bogotá y este lunes se dispone a viajar a Venezuela.

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó viajaría este lunes desde Colombia a su país, señalaron fuentes cercanas al gobierno de Colombia, pero no se indicó si el viaje lo realizaría a través de la extensa frontera entre las dos naciones o iría en vuelo directo a Caracas.

Guaidó habría llegado a Bogotá el domingo en la tarde y en la noche realizó una transmisión mediante sus redes sociales en la que les comentó a sus seguidores los resultados de la gira que hizo por varios países suramericanos donde se reunió con sus mandatarios que respaldan el retorno de la democracia a Venezuela a través de la convocatoria a elecciones.

“La transición en Venezuela será un hecho, contamos con el apoyo de la comunidad internacional; contamos con la movilización social y volveremos a las calles de toda Venezuela”, dijo en su intervención. Posteriormente agregó que el 20% de los oficiales de las distintas fuerzas militares acantonadas en el Estado Táchira, frontera con Colombia, están respaldando este proceso”.

Agregó que hay que “pedirle a las Fuerzas Armadas que cumplan su papel y que sigan a los oficiales que están dejando ese régimen”.

Según Guaidó sumisión en este momento es el de acabar con el régimen de Nicolás Maduro y precisó que ello se podrá lograr con el apoyo de todos los venezolanos, incluyendo a las Fuerzas Militares. Para ello dijo que se deben impulsar tres acciones básicas que son: “cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres” y señaló que ello se alcanzará con el apoyo de las Fuerzas Militares.

De acuerdo a su opinión el proceso de cambio de régimen es largo, pero hay que insistir con toda decisión en él para poderlo sacar adelante y en el que un pueblo manifieste su voluntad de sacarlo adelante a pesar de todas las dificultades que se den.

Asimismo contó que tiene información sobre empleados públicos que no están de acuerdo con Nicolás Maduro, pero que son obligados a apoyar al régimen. “Hemos hecho un llamado a los empleados públicos porque la burocracia está secuestrada por el régimen de Nicolás Maduro, habrá una marcha en ese sector porque él usa a los empleados públicos y ellos no deben.

Considero que una posible detención suya ordenada por el actual régimen se constituiría en "uno de los últimos errores" de parte del gobernante Nicolás Maduro.

AMBIENTE DE TENSIÓN

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó para este lunes 4 de marzo al pueblo de su país para manifestarse en su apoyo y en repudió al régimen de Nicolás Maduro.

La convocatoria la realizó el presidente interino y a su vez presidente de la Asamblea Nacional de su país mediante su cuenta de twitter y donde señaló la cita para las 11:00 de la mañana hora de Venezuela (15:00 gmt).

En su escrito Guaidó pidió a sus compatriotas estar atentos a las redes sociales a través de las cuales él les estará informando sobre los pasos a seguir, entre ellos los puntos donde se efectuarán las concentraciones que pretende llevar a cabo una vez regrese a Caracas.

Guaidó retorna a Venezuela luego de una gira que comenzó el paso viernes 22 den febrero cuándo llegó a la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, para participar en el reparto de mercados y medicinas para el pueblo de su país y que el gobierno de Maduro no aceptó que ingresará a esa nación.

Para su salida de Venezuela Guaidó logro burlar una orden judicial que le prohibía salir del territorio venezolano y lo hizo para estar en Cúcuta, luego ir a Bogotá a la reunión de cancilleres de los países que integran el denominado Grupo de Lima y luego emprender una gira por varios países suramericanos. Además de Colombia Guaidó visitó a Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador.

El esperado y tenso regreso de Guaidó se constituye en un gran reto para el presidente Maduro, quien deberá decidir si arrestarlo y provocar una fuerte reacción internacional o dejarlo entrar, socavando la autoridad del poder judicial y del propio régimen.
Aún no está claro desde qué país entrará Guaidó, se cree que arribe a Venezuela por el aeropuerto internacional Simón Bolívar, aunque no se descarta que lo haga de igual forma a como salió, de forma furtiva, ayudado por militares venezolanos desde la frontera con Colombia.
Maduro dijo la semana pasada que Guaidó debe "respetar la ley" y que si regresa a Venezuela "tendrá que ver la cara de la justicia".

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General de Venezuela, entidades hoy aliadas al gobierno, abrieron investigaciones contra Guaidó, acusándolo de "usurpación" de funciones y dictaron, además del impedimento de salida, el congelamiento de sus bienes. No obstante, hasta ahora no ha sido acusado formalmente.

El opositor ha reiterado que regresaría a Venezuela "a pesar de las amenazas". Estados Unidos y los países del Grupo de Lima han expresado su preocupación por la seguridad de Guaidó a su vuelta al país.

Es por ello que la Unión Europea advirtiera que "cualquier medida que pudiese poner en riesgo la libertad, la seguridad o la integridad personal de Juan Guaidó representaría una gran escalada de tensiones y merecería la firme condena de la comunidad internacional", en una declaración de su alta representante Federica Mogherini.

El gobierno estadounidense de Donald Trump, que no descarta una opción militar en Venezuela, advirtió que si algo le sucede a Guaidó habría "serias consecuencias".
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