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La advertencia es del presidente de la República Iván Duque quien puntualizó que su administración no cederá ante las medidas de hecho. “Los hechos violentos y la transgresión de los derechos de los demás no estarán permitidos”  

Con la advertencia de que su Gobierno no cederá ante las medidas de hecho, el presidente de la República Iván Duque exhortó a los indígenas que mantienen cerradas algunas carreteras del país, como la Panamericana que une a Colombia con Ecuador y demás países de Suramérica, a que dejen de lado sus acciones violentas y se sienten a dialogar con el Ejecutivo.

“Los hechos violentos y la transgresión de los derechos de los demás no estarán permitidos”, precisó el primer mandatario, y condicionando el inicio de conversaciones con los indígenas a que ellos abandonen las vías de hecho y de paso le pongan fin a los bloqueos.

“Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, pero en referencia a los bloqueos de las carreteras, como ocurre en el sureño departamento del Cauca, y como presidente de Colombia no puedo validar ninguna vía de hecho porque no puede haber ninguna justificación para afectar los derechos fundamentales de los demás”, aseveró el gobernante colombiano.

Por su lado, la estatal Defensoría del Pueblo anunció el sábado la suspensión temporal de sus actividades de mediación en el conflicto Gobierno-comunidades indígenas, luego del ataque que padeció una de su misión por parte de un grupo de manifestantes nativos.

La delegación de la Defensoría fue atacada con un artefacto explosivo no convencional y de baja intensidad el viernes en la noche a la altura del corregimiento de El Cairo, en jurisdicción del municipio de Cajibío, Cauca.

 

“La misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, liderada por el Defensor Regional del Cauca, que se encuentra realizando verificación a la situación de derechos humanos derivada de la movilización indígena y campesina en la vía Panamericana, fue atacada con un artefacto explosivo no convencional y de baja intensidad por parte de los manifestantes”, precisó en un comunicado.

Por fortuna los integrantes de la misión, que se trasladaban en un carro oficial de la Entidad, plenamente identificado con las insignias de la Defensoría del Pueblo, no fueron afectados por el artefacto y se encuentran en perfecto estado de salud.

“Debido a la falta de garantías para hacer monitoreo y verificación de la situación de derechos humanos en el marco de la movilización”, la Defensoría del Pueblo “suspende sus actividades hasta tanto los manifestantes generen acciones concretas que aseguren la integridad personal de nuestros funcionarios”.

Su misión de espionaje al parecer las desarrollaba en el municipio de La Dorada, en el centro del país y en cercanía a la base aérea de Palanquero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), la principal base de las Fuerzas Militares.

Bajo la sospecha de estar realizando labores de espionaje en territorio colombiano, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, expulsó al ciudadano cubano José Manuel Peña García, quien el sábado salió del país.

Al parecer las labores de espionaje primordialmente las llevaba a cabo en el municipio de La Dorada, al centro del país y donde se encuentra ubicada la base aérea de Palanquero, la principal instalación con las que cuenta la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

La medida de expulsión del cubano le fue comunicado a Peña García el viernes en horas de la noche y se protocolizó el sábado, dijo dicho despacho de Migración. Agregó que al cubano se le prohibición regresar al país durante los próximos 10 años.

La medida, según Migración, fue tomada por creer que el cubano es una persona que llevaba a cabo actividades que “atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública y la tranquilidad social”.

Peña García estaría involucrado en intenciones de contar las formas de operar de la base aérea con una serie de elementos diseñados para mediciones y reconocer con detalle las aeronaves.

Investigaciones de las autoridades colombianas lo vinculan no solamente como miembro del G2 cubano, sino que estaría cooperando con organismos de inteligencia de Venezuela en el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESSPA). 

El ciudadano cubano habría llegado al vecino país y posteriormente conocido a una mujer quien se habría casado y realizado viajes a Cuba, Colombia y a Venezuela. En 2017, le otorgaron la visa y, como materia de investigación, dentro de sus pertenencias habrían hallado un elemento que permitía medir y calcular el tamaño de los aviones ubicados en la base aérea. 

De acuerdo con la información conocida, el hombre no transmitía detalles ni telefónica ni por medio de correos electrónicos, sino directamente con fuentes humanas en medio de lo que fuera una relación de organizaciones de inteligencia tanto en Cuba como en Venezuela.

El ex ministro Ricardo Hausmann fue acogido por la reunión de gobernadores del BID como represente de Venezuela ante esa organización.

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó fue reconocido como tal por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organización que acogió como representante de esa nación ante la entidad durante la reunión de gobernadores de esa institución a Ricardo Hausmann.

Con su decisión el BID se sumó a más de 50 países de diferentes partes del mundo de reconocer a Guaidó como gobernante de la nación suramericana.

El nombramiento de Ricardo Hausmann de inmediato es efectivo, dijo la institución mediante un comunicado enviado a la prensa.

"Los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo aprobaron una resolución que reconoce el nombramiento del señor Juan Guaidó de Ricardo Hausmann como Gobernador del BID para Venezuela", indicó el texto.

"En una votación separada, los gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones (conocida como IDB Invest), el brazo de préstamos del sector privado del Grupo BID, también aprobaron el nombramiento de Hausmann", agregó.

Hausmann, que entre 1994 y 2000 fue economista jefe del BID, es un reputado economista venezolano radicado en Estados Unidos, donde dirige actualmente el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.

Antes, fue ministro de Planificación en Venezuela y jefe de la Oficina Presidencial de Coordinación y Planificación (1992-1993) durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Arrancó la construcción de una variante que busca acabar con los trancones que a diario se registran los alrededores de Chía y que perjudican a las personas que se movilizan hacia ese municipio y otras localidades como Cajicá, Tabio, Tenjo, Cota, Tocancipá, Zipaquirá, Ubaté, Sopó, Guasca y Tunja, entre otros.

A fin de mejorar la movilidad entre Bogotá y los municipios ubicados al norte y occidente de la capital colombiana arrancó la construcción de una variante de algo más de tres kilómetros de extensión que evitará los represamientos que se registran a la altura del municipio sabanero de Chía y mejorará el tiempo de movilidad en un 40 por ciento.

La obra, cuyo costo es de $116.000 millones de pesos (alrededor de 39 millones de dólares), beneficiará a más de 300 mil personas que habitan dicho corredor vía y habitacional. En total serán 3,4 kilómetros de vía en doble calzada con un separador central, y dos puentes vehiculares de 100 metros cada uno sobre el río Bogotá.

Con la variante se busca beneficiar a pobladores de los municipios de Cajicá, Tabio, Tenjo, Cota, Tocancipá, Zipaquirá, Sopó, Guasca y Tunja (Boyacá).

Según las cifras que maneja la gobernación de Cundinamarca, la variante evitará que por ese corredor vial de la Sabana Norte los ocupantes de más de 40 mil vehículos no se vean obligados a disminuir la velocidad y quedarse atollados dentro de un trancón que ahora va a desaparecer.

“Esta obra tiene como propósito brindar una verdadera solución al problema de movilidad y represamiento que se ha venido presentando en los últimos años en Chía, y sus municipios aledaños”, dijo el mandatario cundinamarqués.

La obra forma parte de los proyectos de infraestructura que el Gobierno Nacional está llevando a cabo en cabeza del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y se ejecuta ante las gestiones efectuadas por el ejecutivo departamental.

La variante es una obra que desde hace 40 años reclaman los habitantes que circundan la Carretera de Los Andes y su ejecución la realiza la concesión AcceNorte S.A.S.,

No solo mejorará la movilidad de los vehículos que transportan pasajeros, sino que también reducirá los tiempo que emplean los carros de carga que ingresan a Bogotá proveniente del noroccidente de Cundinamarca.

Según estudios efectuados por la ANI y las autoridades de movilidad de Cundinamarca la variante va ha consolidar la red vial de la Sabana Norte de Bogotá al conectar al municipio de Chía con la autopista Norte y evitando con su ejecución que los conductores de los vehículos que circundan por la zona tengan que reducir la velocidad de operación, soportar embotellamientos y saturación de las vías”.

Los primeros trabajos se efectúan a la altura de la autopista Norte en el sector conocido como Hacienda Cuernavaca.

En ese punto se ha establecido un plan de manejo de tráfico robusto, que estará vigente durante los 18 meses que dura la obra y se busca con él mitigar los posibles traumatismos en la movilidad que se registren por la construcción de la variante. Para ello se usarán vías como la autopista Norte y la carrera séptima, entre la calle 245 y La Caro; además de incrementar la capacidad vial, con la ampliación y construcción de carriles adicionales, lo que permitirá un mejor servicio en la zona.

La bochornosa y enardecida sesión de la comisión de Paz se dio cuando sus integrantes revisaban las objeciones realizadas por el presidente de la República, Iván Duque, a la Ley Estatutaria que fija los mecanismos para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Una sesión accidentada y en medio de insultos terminó la reunión de las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes y en la que se tenía como eje central, las objeciones hechas por el presidente de la República, Iván Duque, a la Ley Estatutaria que fija las normas para que opere la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En sus inicios la reunión se desarrolló en forma tranquila, pero como eras de esperarse a medida que iba pasando el tiempo, el tono de voz usado por los congresistas iba en aumento y por ello los ánimos se fueron enardeciendo por lo que la reunión tomó un rumbó muy diferente al que se esperaba que fuera tranquilo.

El ambiente que se registró durante la parte final de la reunión conjunta de las dos comisiones de Paz, se convierte en una demostración de la situación enardecida que vive Colombia y que hacia futuro no se logran acuerdos mínimos podría generar sesiones muy accidentadas y discusiones en las que se haga uso del agravio y el insulto.

El ambiente cambio de tonalidades de un verde esperanza paso a rojo turbio, razón por la cual la presidencia ordenó que se suspendiera la sesión ya que las palabras usadas por algunos congresistas fueron bastante subidas de tono y con ello la reunión se constituyó en áspera y muy turbia.

El reclamo hecho por la senadora uribista del partido Centro Democrático, en el Gobierno, Paloma Valencia, fue la que encendió al debate.

La congresista, leal al Gobierno de Duque, exigió a la presidencia de la Comisión que estaba en manos del senador Roy Barreras, defensor del acuerdo de paz con las Farc, que el tiempo dispuesto para su intervención, fuera igual al que tuvieron otros congresistas como por ejemplo los que están sentados en el Parlamento colombiano a nombre de las Farc, hoy partido político.

La congresista Valencia pidió que su intervención tuviera el mismo tiempo que ejerció la representación de la izquierda y el mismo que se le dio al que denomino “narcoterrorista Pablo Catatumbo” (seudónimo que uso en la selva el antiguo jefe guerrillero).

El calificativo usado por Valencia provocó de inmediato la reacción de otros legisladores de la Farc que estaban en el recinto y quienes en forma inmediata respondieron a grito entero a la congresista oficialista y la acusaron de “paramilitar”.

Ya fuera de la sesión la legisladora del Centro Democrático aseguró que ella no tenía condenas por paramilitarismo mientras que “Catatumbo sí tenía condenas por narcotráfico”.

También les dijo a los periodistas que la aguardaban a fuera del recinto que “pudimos ver un narcoterrorista como Pablo Catatumbo quejándose de la violencia en el Cauca y en el sur de Colombia, pero no les contó como él sembró de dolor en todos esos departamentos del sur del país y como dinamitaron los pueblos de los colombianos más pobres”.

Antes de esta discusión, la senadora y presidenta del partido Unión Patriótica (UP),  Aida Avella, quien cuestionó al ex vicepresidente y hoy embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos por supuestos nexos con grupos paramilitares.

Avella preguntó: “Por qué se reunió 5 veces con Mancuso, por qué pidió el bloque Capital, por qué él está en la Embajada de los Estados Unidos, por qué hay tantas cosas que suceden en este país y las víctimas no podemos entender. A nosotros nos asesinaron más de 4.000 de nuestros miembros (refiriéndose a la operación exterminio a que fue sometida la UP”.

Gabriel Santos, hijo del embajador en Washington y quien se encontraba observando la sesión, salió al paso de las recriminaciones hechas por Avello. Pidió respeto hacia su padre. “Mi papá lleva dándole explicaciones 14 años a la Justicia, ha renunciado a la prescripción de los delitos dos veces para que la Fiscalía siga investigando y cómo se reunió con Mancuso, se reunió con Simón Trinidad (jefe de las Farc) buscando a los secuestrados de este país”.

El accidente se produjo porque al parecer el autobús supuestamente perdió los frenos. La pericia del conductor evitó que el carro se hubiera estrellado contra otro vehículo.

Un total de 16 personas resultaron heridas luego de que un bus de la empresa Transmilenio embistió la estructura de la parada de La Pepe Sierra (calle 116) con la autopista norte.

Las personas que resultaron con lesiones de alguna consideración fueron trasladas en ambulancia a diferentes centros médicos localizados en los alrededores del sitio donde se produjo el accidente.

Según se informó, a pesar de su maniobra el conductor del vehículo que colisionó con la estructura metálica del paradero, no pudo evitar que se produjera el choque.

El accidente al parecer ocurrió porque el bus accidentado al parecer perdió los frenos y su conductor por tratar de esquivar a otro bus que se encontraba delante de él, se estrelló contra la estructura.

El bus quedó incrustado en una de las esquinas de la estación y por ello la parte frontal resultó destruida y hundida al lado derecho y done va el puesto del operador del vehículo.

Como consecuencia del impacto resulto herido el conductor del articulado.

 
La denuncia la hace el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Heriberto Sanabria, quien expresó que se está registrando un alto número de cédulas inscritas o registradas, lo que indica que se estaría presentando un trasteo de votos o trashumancia electoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) advirtió hoy sobre una posible manipulación que se estaría dando en el proceso de registro de cédulas que ocurre por el cambio de residencial del elector y considero que grupo ilegales estarían interesados en promover lo que en Colombia se denomina como trasteo de votos o trashumancia electoral.
El presidente del máximo organismo electoral de Colombia, magistrado Heriberto Sanabria aseguró en las últimas semana se ha registrado un crecimiento muy alto en cuanto al número de cédulas registradas en diferentes zonas del país, lo que podría estar ocurriendo por la manipulación de la jornada electoral de octubre que pretendan realizar grupos ilegales interesados en alterar el querer popular.
Para ello, esos grupos estarían promoviendo lo que en el país se denomina como trasteo de votos o trashumancia electoral que consiste en inscribir cédulas de ciudadanos en un determinado municipio, así su poseedor no resida en ese lugar como lo exige la Ley, y el día de las elecciones esa persona o personas pueda sufragar en el lugar que fue inscrito su documento de identidad.
Como un arma para combatir ese fenómeno, el presidente de CNE solicitó a los dirigentes de los partidos políticos a que determinen los más pronto posible si van a realizar consultas internas para definir candidatos únicos a las elecciones regionales del 27 de octubre venidero y en las que se elegirán a 32 gobernadores departamentales y 1.117 alcaldes municipales, lo mismo que a los diputados departamentales y a los concejales municipales.
Las consultas no solo se realizan al interior de un solo partido, sino que igualmente diferentes sectores políticos acuerdan una alianza y escogen el candidato a la gobernación o alcaldía mediante votaciones abiertas que realizan entre sus militantes. El ganador será el candidato que se presenta a nombre de la alianza acodada.
La consulta es uno de los mecanismos para la escogencia de candidatos a alcaldías, gobernaciones, concejos municipales y asambleas departamentales del que disponen los partidos y movimientos políticos para dirimir las diferencias entre sus aspirantes y escoger a sus nominados por los que votaran en los comicios regionales de octubre.
Así mismo, el presidente de CNE demandó de las autoridades económicas colombianas la entrega inmediata de los recursos financieros para costear la realización de las consultas internas que se efectuarían por pedido de los partidos o movimientos políticos y cívicos y para las elecciones regionales de octubre.
DINEROS PARA LOS PARTIDOS
De otro lado el Consejo Nacional Electoral entregó el consolidado de dineros que el año pasado entregó a los diversos partidos políticos por su participación en elecciones al Congreso de la República y a la Presidencia de Colombia.
En total se han entregado 174 mil millones de pesos fueron entregados a 18 partidos, movimientos y organizaciones representativas de ciudadanos que tomaron parte en el reciente ejercicio democrático. Producto de sus derechos a percibir para funcionar, anticipos y consultas.
Los partidos que recibieron más dinero fueron el Centro Democrático, el cual recibió por reposición de votos $32.058 millones de pesos. Mientras que los de La U obtuvo 29.011. millones de pesos, mientras que el partido Somos y el de reivindicación étnica PRE, recibió, cada uno, 186 millones de pesos y 201 millones de pesos respectivamente.
Partidos como el Liberal, la Alianza Verde, Cambio Radical, Conservador, y las Farc, recibieron por separado de parte de la autoridad electoral, valores que van entre 15 mill a 25 mil millones de pesos.
Sumados todos los sectores que independientemente se registraron como grupo significativo de ciudadanos, registraron un ingreso de 5.865 millones de pesos por su por su participación en la contienda democrática del año anterior.

El partido Liberal, la mayor fuerza política en la Cámara de Representantes, anuncio que no votará los vetos impuestos por el presidente de la República, Iván Duque, a seis de los 159 artículos que componen dicha Ley que da pautas sobre como debe funcionar la Justicia Especial para la Paz, sistema establecido para el juzgamiento a los actores del conflicto armado colombiano.

El panorama político que vive Colombia tras conocerse la decisión del presidente de la República, Iván Duque de objetar, por razones de conveniencia, el proyecto de Ley aprobado por el Congreso de la República en 2018 y ratificado por la Corte Constitucional tras hacer su estudio sobre los alcances de las decisiones y sus efectos en torno del funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Este martes la bancada liberal, que en la Cámara de Representantes es la primera fuerza política y en el Senado de la República, la cuarta, decidió por unanimidad no votar las objeciones adoptadas por el presidente Duque, por considerarlas que el argumento allí expuesto “no tiene sentido” legal.

El encuentro que fue encabezado por el ex presidente de la República, Cesar Gaviria, ex secretario de la OEA y jefe único del partido Liberal -colectividad que respaldo a Duque en la pasada campaña presidencial-. Gaviria señaló que tal y como se encentran las cosas “nada garantiza que los restante 153 artículos queden o rijan como salieron del Congreso y de la Corte Constitucional.

La postura liberal se originó luego de hacer una serie de consideraciones sobre la actitud que debería asumir ese partido frente a la decisión de Duque y analizar los posibles escenarios que se podrían producir una vez comience a funcionar el nuevo periodo del Congreso –el cual arranca este sábado 16 de marzo-.

“Hemos tenido una muy buena reunión con las bancadas de Senado y Cámara del Partido Liberal y ha habido unanimidad en la posición de no votar las objeciones que el presidente le ha hecho a la ley estatutaria de la JEP”, dijo Gaviria al término de la reunión y agregó que lo hacían porque “no le encontramos sentido” a lo actuado por el gobernante.

Para el ex mandatario a la decisión de Duque se suma el hecho de que la objeción no es solo a los seis artículos anunciados por el mandatario, sino que a hoy ninguno de los otros 153 artículos que por ahora están con vida se puede decir que se haya salvado.

“Una cosa que quiero decir, no son simplemente seis artículos los objetados, los otros tampoco están sancionados, o sea, nada garantiza que va a haber ley en este momento si seguimos el camino que estamos recorriendo”, puntualizó el jefe de los liberales.

Con esta decisión se afectaría el quórum de ambas plenarias, especialmente en la Cámara de Representantes donde el Partido Liberal tiene 35 curules de las 172 que la constituyen, mientras que en el Senado son 14 los militantes de ese partido que tiene asiento en esa Corporación que está compuesta por 107 sillas o curules.

“Vamos a actuar como bancada en Senado y en Cámara”, resaltó César Gaviria.

La presidencia de la Cámara está en manos del liberalismo, hecho que le coloca más picante a la agridulce situación por la que atraviesa la política colombiana.

Como si la cosa no fuera tan complica, el presidente de la Constitucional solicitándose un concepto en el que se esclarezca si efectivamente las objeciones presidenciales son inconvenientes o afectan algún tema de constitucionalidad.

Esto haría que la plenaria de la Cámara solo conozca, debata y determine la suerte de las objeciones hasta que la Corte se pronuncie, hecho que podría tardar semanas y hasta meses, acción con la cual se deja en entre dicho el trabajo de la JEP.

A este panorama de caos y confusión se agraga el hecho de que si hoy todavía considerado proyecto de Ley Estatutaria de la JEP no es aprobado por falta de quórum en una de las dos cámaras, o en las dos, se hundiría. Igualmente, su muerte ocurriría si una Cámara acoge las objeciones presidenciales y la otra las niega y no las acepta.

Ex negociadores, parlamentarios y voceros de diferentes sectores de la comunidad se pronunciaron en contra de la decisión del presidente de la República, Iván Duque y la catalogan como un duro golpe que lesiona “gravemente el acuerdo” firmado en el 2016 por el Estado colombiano con la desaparecida guerrilla de las Farc.

Tal y como se esperaba, la decisión del presidente de la República, Iván Duque de objetar seis de los 159 artículos que conforma la Ley Estatutaria que determina el funcionamiento del acuerdo de paz suscrito por el Estado colombiano con la hoy desaparecida guerrilla de las Farc, ahora convertida en partido político, dio paso a un ambiente de incertidumbre sobre la vigencia de dicho pacto.

Los primeros en reaccionar fueron dirigentes, congresistas y representantes de partidos como el Libreal, la U, Verde, Farc, Polo Democrático, Decencia, entre otros, lo mismo que voceros de instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, víctimas del conflicto, académicos y columnistas, quienes en un mensaje enviado a las Naciones Unidas dicen que la decisión del mandatario se convierte en un fuerte golpe al acuerdo de paz.

El mensaje fue enviado al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterrez en el que expresan su preocupación tras las objeciones del presidente Duque a la Ley Estatutaria de la JEP y dicen que las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley.

En otro parte de la carta se añade que el presidente Duque recurrió “a la figura de la objeción por inconveniencia” y mencionó que por esa vía “se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica”, señalaron los defensores del acuerdo de paz que firman la carta.

En su misiva, los declarados opositores a la postura presidencial, piden al secretario de la ONU que el Consejo de Seguridad de esa institución internacional “sigan desarrollando una estricta observación de la situación colombiana”.

En otro aparte de la comunicación, los firmantes se declaran como “conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional”, puntualizaron.

OPINIONES

Uno de los primeros de manifestarse en contra de la decisión presidencial es el ex mandatario Cesar Gaviria, presidente del partido Liberal, quien sostuvo que el gobernante se extralimitó en sus funciones y precisó que él, Duque, debió haber sancionado la Ley Estatutaria y que de ser el caso llevar al Congreso una nueva propuesta orientada a reformar la Ley que le da vida jurídica a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Anunció que lidera un grupo que se encargará de combatir la decisión presidencial de objetar seis artículos a fin de que el Congreso de la República rechace las objeciones planteadas por Duque y deje en pie la Ley Estatutaria tal y como salió de la Corte Constitucional.

A este planteamiento le salió al paso el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien puntualizó que el proceder del presidente Duque, antes de torpedear el proceso de paz con las Farc, lo que hace es facilitar las cosas para que ese tipo de Justicia Especial para la Paz comience a operar como debe ser.

Según Martínez, la JEP puede seguir funcionando tal y como lo ha venido realizando, por cuanto recordó que hasta este momento la Ley Estatutaria no ha entrado a operar por cuanto solo hasta ahora se esta cumpliendo el último paso de su trámite legal y que ahora se amplia al tener que el Congreso aceptar o negar las objeciones presidenciales.

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