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'Santrich' fue recapturado al salir de La Picota

Los agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación se acercaron al exnegociador de paz y le informaron que era capturado por los delitos de presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y que por ello quedaba a disposición de las autoridades.

El Detenido desde abril de 2018, Santrich en horas de la mañana se habría infligió heridas en los brazos mientras esperaba su excarcelación, la cual había sido emitida desde el pasado miércoles por el tribunal de paz que investiga los peores crímenes que cometieron rebeldes de las Farc, militares y otras fuerzas antes de la firma del acuerdo de paz el mes de noviembre de 2016.

Por su parte la Fiscalía añadió que “dentro de esas nuevas evidencias se obtuvo por fiscales colombianos, adscritos a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, la declaración del señor Marlon Marín Marín”, por lo que se hizo efectiva una nueva orden de captura.

En Comunicado el ente investigador afirmó que “en las últimas horas se han incorporado nuevas evidencias y elementos de prueba que dan cuenta con claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico atribuidas a Santrich”.

A esta hora Zeuxis Pausias Hernández Solarte se encuentra en las instalaciones del Bunker de la Fiscalía, en el proceso de reseña e identificación y a la espera de la audiencia de legalización de captura de la cual hay 36 horas para que un juez de garantías legalice su captura. Noticia en desarrollo. 

GeneralesNacional Pronunciamiento del Gobierno de los Estados Unidos por renuncia de Fiscal Martínez

En su cuenta de Twitter la Embajada de Estados Unidos en Colombia aseguraron que Néstor Humberto Martínez y María Paulina Riveros, son unos ciudadanos que han trabajado por el estado de derecho en Colombia y abogaron por la productiva cooperación judicial bilateral.

También renunció María Paulina Riveros, vicefiscal general de la Nación por caso 'Santrich'

Minutos luego de que lo hiciera su jefe, Néstor Humberto Martínez, la vicefiscal presentó también su carta de renuncia al cargo de forma irrevocable.
Al conocerse que el Fiscal General de la Nación entregara su cargo a manos del presidente Duque se dio a conocer que su compañera y vicefiscal María Paulina Riveros, anunciara su intención de apartarse de su cargo en el ente investigador.
Según se logró establecer, la vicefiscal presentó su renuncia ante Néstor Humberto Martínez, y quien enseguida realizó el acto de posesión nombrando a Fabio Espitia como su reemplazo en el cargo de vicefiscal y quien luego de la renuncia de Martínez y aceptación de la misma por parte de la Corte Suprema de Justicia, asumiría como Fiscal General encargado mientras se nombra la terna y se hace la elección del nuevo o la nueva Fiscal General de la Nación.

Procuraduría apelará decisión de la JEP de conceder garantía de no extradición a 'Jesus Santrich'

La Procuraduría General de la Nación apelará inmediatamente la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, que a través de la Sección de Revisión concedió el beneficio de la garantía de no extradición de Alias 'Jesús Santrich' (Seuxis Paucias Hernández Solarte).

Para el Ministerio Público, la competencia para continuar con el estudio de este caso le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, dado que los hechos investigados ocurrieron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz.

Este trámite se inició en abril de 2018, desde entonces la Procuraduría ha insistido en que la Sección de Revisión de la JEP cuenta con los elementos probatorios suficientes para verificar la fecha de ocurrencia de los hechos, por los cuales 'Santrich' es solicitado en extradición por el Tribunal del Distrito Sur del Estado de Nueva York en los Estados Unidos, requisito indispensable para la concesión de la garantía de no extradición.

La Procuraduría ha sido enfática en que la acusación de la autoridad judicial extranjera contra 'Jesús Santrich' goza de presunción de legalidad; y que la valoración de las pruebas que reposan en la JEP deben orientarse a establecer si los hechos investigados ocurrieron con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz.

Insistirá el Ministerio Público que, de acuerdo con las reglas de procedimiento de la JEP y las normas ordinarias que regulan el trámite de extradición, el caso de 'Santrich' debe continuar su estudio ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, quien tendrá la decisión final sobre la situación jurídica del ex guerrillero; asimismo, reiterará la importancia de que se protejan y ponderen los derechos de las víctimas en los procedimiento que siguen.

JEP Ordena libertad y no extradición de alias 'Jesús Santrich'

Por medio de un comunicado de prensa la JEP se pronunció sobre la revisión de la garantía a la no extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte conocido con el alias de 'Jesús Santrich', quien era pedido en extradición por los Estados Unidos, quienes abrieron investigación por continuar en el negocio de las drogas después del proceso de paz y de haberse acogido a la Justicia Especial para la Paz, y la misma que estaba realizando la revisiones del caso para otorgar o no los permisos para que el negociador de las Farc, fuera extraditado a rendir cuentas en ese país. 

Hoy se pronunció en forma negativa en la solicitud de extradición y emitió la orden de que fuera puesto en libertad de forma inmediata ya que no debe serguir en curso alguna investigación en su contra, puesto que no fueron entregadas las pruebas que se le solicitaron al gobierno de los Estado Unidos para su vinculación al delito de narcotráfico después de acogerse al proceso de paz en Colombia. A continuación el comunicado de la JEP. 

COMUNICADO 073

LA SECCIÓN DE REVISIÓN DE LA JEP APLICA LA GARANTÍA DE NO EXTRADICIÓN A SEUXIS PAUCIAS HERNÁNDEZ SOLARTE

-Ordena a la Fiscalía General de la Nación disponer la libertad inmediata de Hernández Solarte

-La JEP considera que con las pruebas aportadas no se puede evaluar la conducta atribuida a Hernández Solarte ni tampoco determinar la fecha precisa de su realización.
-Considera que el juzgamiento de Hernández en Colombia es la manera más efectiva de respetar el derecho internacional público y posibilitar el goce de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Bogotá, 15 de mayo de 2019. La Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, mediante decisión mayoritaria aprobada hoy, resolvió aplicar la garantía de no extradición a favor de Seuxis Paucias Hernández Solarte.

La aplicación de la garantía de no extradición se fundamentó en que la Sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición.

Para la Sección de Revisión, el juzgamiento del compareciente en Colombia es la manera más efectiva de garantizar la consolidación de una paz estable y duradera, y el goce de los derechos del solicitante de la garantía de no extradición, en cuanto a su seguridad jurídica, y también los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición.
Asimismo, la Sección de Revisión de la JEP le ordenó al Fiscal General de la Nación disponer la libertad inmediata de Hernández Solarte.

También, la Sección de Revisión determinó que Hernández Solarte siga a disposición de la JEP conforme al régimen de condicionalidad que les exige a todos los comparecientes, entre otras cosas, aportar a la verdad plena, la no repetición, la no reincidencia y la reparación a las víctimas.

La Sección señaló que una vez esté ejecutoriada la decisión adoptada hoy se remitirá el expediente de Hernández Solarte a la Sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la JEP, para lo de sus respectivas competencias.
Además, la Sección decidió la compulsa de copias disciplinarias ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura y la Oficina de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación, según sea el caso, a raíz de las irregularidades que se presentaron en el trámite de solicitud de asistencia judicial para recaudar pruebas en Colombia.
En la decisión de hoy se consideró que la garantía de no extradición consignada en el artículo transitorio 19 de la Constitución Política generó un cambio sustancial, que varió la tradición jurídica en materia de extradición, al asignar a la Sección de Revisión competencias y funciones distintas a las ya radicadas en cabeza de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el siguiente sentido:

i. Para el ejercicio de la función encomendada a la Sección de Revisión, el artículo 19 transitorio de la Constitución Política le exige evaluar la conducta objeto de requerimiento de extradición en los casos en los que se alegue que la misma ocurrió después de la firma del Acuerdo Final de Paz, para determinar la fecha precisa de su realización. Para esto es indispensable conocer las pruebas que soportan el indictment y la solicitud de extradición, así como aquellas que la Fiscalía General de la Nación adujo se encontraban relacionadas con la citada conducta y que había ofrecido a las autoridades norteamericanas.

ii. El ejercicio de valoración de la conducta realizado por la Sección de Revisión, en tanto define la aplicación de una garantía constitucional, implica pronunciarse a través de una providencia judicial.
En el caso de Hernández, respecto a la declaración jurada del agente de la DEA Brian Witek se constataron serias irregularidades, por cuanto la Fiscalía General no aportó la solicitud de asistencia judicial que debía tramitar la autoridad extranjera y al responderle a la JEP sobre ese requerimiento, justificó la ausencia de la asistencia judicial y del control judicial de las actuaciones de los testigos cooperantes, argumentando que estos intervinieron como particulares.

Por ese motivo, la Sección de Revisión advirtió que las autoridades norteamericanas pudieron violar las normas de cooperación internacional y asistencia judicial en el recaudo de pruebas en Colombia. Lo anterior dio lugar a que se compulsaran copias en contra de los servidores de la Fiscalía General de la Nación que eventualmente omitieron sus deberes de velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y afectación de la soberanía nacional.

Adicionalmente, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no envió las evidencias solicitadas y que en las interceptaciones telefónicas referidas a otra investigación remitidas por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición, la Sección concluyó que no podía evaluarla y, por lo mismo, tampoco le fue posible determinar la fecha precisa de su ejecución.

Se destaca que los videos inaudibles que circularon por redes sociales y que la Sección le pidió a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades de Estados Unidos no fueron entregados a la Jurisdicción y no obran en el expediente.Ante ese escenario de indeterminación y, apoyándose en los principios pro homine, pro paz y pro víctima, y entendiendo que los ex integrantes de las Farc-EP ostentan la garantía de no extradición hasta tanto se acredite que no se cumple el factor temporal, como lo ha entendido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (radicado 53719 de 31 de octubre de 2018), la Sección ordenó aplicar la aludida garantía. Como consecuencia de ello, ordenó al Fiscal General de la Nación que disponga la libertad inmediata de Seuxis Paucias Hernández Solarte.

La Sección de Revisión aclaró que la solicitud de pruebas tendiente a evaluar la conducta tiene como propósito determinar la fecha precisa de su realización, motivo por el cual no le corresponde efectuar juicios de responsabilidad penal, ni sobre la existencia o no de aquella. En consecuencia, en el caso en concreto nunca se concluyó que la conducta no existió, sino que, por falta de pruebas, no pudo evaluarla.

La Sección resaltó que la aplicación de la garantía no implica que la conducta se quede sin investigar y, en consecuencia, de conformidad con el principio aut dedere aut judicare (extraditar o juzgar), señaló que compete a las autoridades judiciales nacionales (transicionales u ordinarias, según corresponda) definir si tienen competencia para investigar los hechos sobre la base de elementos de prueba obtenidos legalmente. Por tanto, resolvió, a la ejecutoria de esta providencia, remitir copia del presente proceso a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas.

La Sección no estimó necesario enviar copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación, pues esa entidad ya cuenta con los elementos de convicción obrantes en esta actuación.
Salvamentos de voto.

Frente a la decisión tomada hoy hubo dos salvamentos de voto, de las magistradas Claudia López Díaz y Gloria Amparo Rodríguez, quienes expusieron razones diferentes para apartarse del Auto SRT- AE-0XX.

La magistrada López Díaz considera que “honrando la interpretación fidedigna del Acuerdo Final y sus propósitos, la Sección debió negar el beneficio de la garantía de no extradición (…) y remitir el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para continuar el trámite de extradición, como lo pidió el Ministerio Público”.

Según la magistrada López, la solicitud de extradición de los Estados Unidos de América y sus anexos contenían la prueba suficiente para establecer la fecha precisa de las conductas atribuidas. Además, consideró que “se concedió la garantía de no extradición por un delito común, de narcotráfico, de carácter permanente, sin establecer su conexidad con el delito político”.

Por su parte, la magistrada Rodríguez consideró que la Sección debió haber solicitado otras pruebas “que hubieren permitido establecer la fecha precisa de la comisión de la conducta”. También consideró la magistrada Rodríguez que la Sección no tiene competencia para decidir sobre la libertad de Hernández Solarte y que se limitó a remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia, cuando lo que procedía era ordenarle que determinara si procede una investigación en contra de Hernández Solarte por las conductas señaladas en el idictment, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de obligaciones internacionales y salvaguardar el Acuerdo de Paz.

ULTIMA HORA Renuncia el Fiscal General Nestor Humberto Martinez

Hoy miércoles 15 de mayo y luego de conocer el fallo de la JEP, sobre la no extradición de alias 'Jeús Santrich' en una rueda de prensa el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez presentó su renuncia irrevocable por un supuesto «estado de cosas antijurídicas» que han sido advertidas por la Institución que él preside, y no han sido atendidas.
Luego de presentar su renuncia habló a los medios de comunicaion dejando ver que está primero su integridad personal y profesional ente las decisiones de la JEP y por ello da un paso al costado y hace un llamado a la ciudadania a defender el estado de derecho, al orden constitucional y que no vuelva el narcotráfico a las calles y sin impunidad. 
 
Comunicado Fiscal Nestor Humberto Martínez 

Progresivamente se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico que conjura contra el estado de derecho y expone a la sociedad frente al crimen, en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación. En el futuro la reincidencia en el secuestro y la extorsión, entre otros delitos, podrá convivir con los privilegios de la justicia transicional; en adelante los delitos permanentes de narcotráfico no podrán ser investigados por la justicia ordinaria y se juzgarán por la JEP con un sistema de beneficios, pese a que el colectivo social está amenazado como nunca por el cultivo y tráfico ilícito de drogas; las facultades de investigación de la Fiscalía respecto de los crímenes ocurridos durante el conflicto quedaron emasculadas y se abrió una puerta falsa para restringir la extradición. ¡¡¡Todo esto en nombre de la paz!!!.

Por si fuera poco, de acuerdo con las informaciones de prensa –dado que la Fiscalía no ha sido formalmente informada- en el día de hoy la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por Estados Unidos y por esta Fiscalía; hace trizas la cooperación judicial internacional; desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales sobre la materia; confronta abiertamente la Constitución Política (art. 19, A.L. No. 1 de 2017) y, lo más grave, destruye la muralla que construyó el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico, cuya promiscua relación constituye una amenaza para la democracia.

Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación.

Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para todas las víctimas del conflicto.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

La Fiscalía imputa dos nuevos cargos contra Wilson Arévalo, alias ‘chaco’ quien le vendió el carro a Rojas Rodríguez

Wilson Arévalo, alias ‘chaco’, fue detenido porque la entidad asegura que hace parte de las estructuras del Frente de Guerra Oriental de la guerrilla del Eln. El implicado habría salido de Bogotá tres días después del ataque terrorista que dejó 22 cadetes muertos.

Nuevos cargos en contra de Wilson Arévalo Hernández, alias ‘chaco’ por su presunta participación en la acción terrorista registrada el 17 de enero pasado y que mató a 22 cadetes de la Policía y dejó varios heridos, formuló la Fiscalía General de la República.

Los cargos están basados en material fílmico y fotográfico recolectado por el ente acusador y en donde, entre otras, aparece el sujeto, acusado de formar parte el rebelde Ejército de Liberación Nacional (Eln) subiéndose a un bus que de la terminal de Bogotá salió con rumbo al departamento de Casanare.

Arévalo Hernández fue judicializado por los delitos de rebelión y financiamiento del terrorismo por un juez de Yopal y se encuentra detenido desde hace dos semanas.

Para la Fiscalía General hay indicios sólidos sobre su participación en la planeación y apoyo logístico para la ejecución del atentado perpetrado contra la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander.

NUEVA IMPUTACIÓN

El fiscal de conocimiento culpa a alias ‘chaco’ de los delitos de terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, y concierto para delinquir agravado.

El jefe de la Fiscalía, Néstor Humberto Martínez, señaló que con apoyo de investigadores de la policía judicial, se recaudó material documental de los registros del Runt (Registro Único Nacional de Tránsito) y de revisión técnico- mecánica que permitió determinar que el vehículo tipo campero, utilizado para cometer el atentado, fue comprado el 17 de febrero de 2017 por Mauricio Mosquera León, alias macancán, con traspaso abierto y quien registra dos antecedentes por rebelión; uno por concierto para delinquir con fines terroristas y uno por terrorismo.

Nueve meses después, el 21 de noviembre de 2017, se realizó el traspaso en el municipio de Bello (Antioquia) a Wilson Arévalo, alias chaco. Mientras que el 20 de abril de 2018, Arévalo registró el contrato de venta a José Aldemar Rojas Rodríguez, conductor suicida que murió en el atentado a la General Santander. El traspaso del vehículo se efectuó 20 días después en la oficina de Tránsito y Transporte de Bello (Antioquia). El 27 de julio de 2018, se realizó la última revisión técnico – mecánica al vehículo solicitada por Wilson Arévalo en (Saravena, Arauca).

ARÉVALO CONDUJO DESDE ARAUCA A BOGOTÁ

De acuerdo con los elementos en poder de la Fiscalía, alias chaco trasladó desde Arauca hasta Bogotá el vehículo que fue cargado con 80 kilogramos de pentolita. Arévalo llevó el campero hasta la bodega alquilada por José Aldemar Rojas Rodríguez.

La Fiscalía evidenció que Arévalo Hernández habría mentido en la declaración que entregó a los investigadores el 17 de enero -día en el que ocurrió el atentado-. En esa oportunidad, manifestó que vendió el vehículo a Rojas Rodríguez y se lo entregó a través de un joven que lo recogió en Saravena (Arauca).

En su testimonio fue enfático en señalar que, desde ese momento, no tuvo más conocimiento del carro ni contacto con el comprador.

Sin embargo, a través de verificaciones técnicas se constató que viajó entre Arauca y Bogotá durante el 23 y 24 de noviembre de 2018. Incluso, habría registros de llamadas desde la bodega en la que permaneció el carro bomba.

PASO POR PEAJES

Otros elementos que indicarían que alias chaco condujo el vehículo tipo campero de Arauca a Bogotá son los videos de seguridad de los peajes y donde se observa a Arévalo Hernández abrir la puerta delantera del carro para realizar los pagos, toda vez que el automotor era blindado y no se podían bajar los vidrios.

Captura de pantalla 2019-02-11 a la(s) 10.32.05.png Otra prueba que dice la Fiscalía tener son los registros de las cámaras de video de la terminal de transportes de Bogotá y los tiquetes expedidos que alias ‘chaco’ salió de la capital del país el 24 de noviembre de 2018 en un bus de servicio público que lo llevó hasta Yopal (Casanare) y, posteriormente, a Paz de Ariporo (Casanare) con destino final Tame (Arauca).

Otra prueba que dice la Fiscalía tener son los registros de las cámaras de video de la terminal de transportes de Bogotá y los tiquetes expedidos que alias ‘chaco’ salió de la capital del país el 24 de noviembre de 2018 en un bus de servicio público que lo llevó hasta Yopal (Casanare) y, posteriormente, a Paz de Ariporo (Casanare) con destino final Tame (Arauca).

“Hidroituango, una crisis con verdades a medias”, Carrillo. Pide que se declare la emergencia ambiental

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo exhortó al Gobierno colombiano a que declare la emergencia ambiental a causa de los problemas generados en la presa que se construye en el bajo cauca antioqueño

Declarar la emergencia ambiental por los impasses causados en el norte y bajo cauca antioqueño tras los problemas registrados en el manejo de la presa Hidroituango, pidió la Procuraduría General de la Nación al Gobierno de presidente Iván Duque.

Entre tanto, otro despacho del Ministerio Público anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra directivos de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) por las presuntas irregularidades registradas en la ejecución del proyecto hidroeléctrico.

El procurador General, Fernando Carrillo Flórez, se declaró convencido, de que “aquí hay una crisis ambiental de unas dimensiones muy grandes, enormes y por lo tanto hay que tomar medidas drásticas como la declaratoria de una emergencia ambiental".

Puntualizó que “el país  tiene que saber qué es lo que está pasando, dónde estamos y que si se va a tener la capacidad por parte de la empresa en tomar control de este proyecto” para agregar luego que la Procuraduría esta convencida de que “se han contado verdades a media” sobre lo que está aconteciendo con Hidroituango.

De ahí que anunció la realización de una audiencia pública en Medellín para que la gente entienda y conozca realmente que es lo que esta aconteciendo.

En su cuenta de twitter el Procurador dijo: “Hoy hemos solicitado formalmente al gobierno nacional declarar la emergencia ambiental ante la crisis que se vive alrededor del proyecto Hidroituango”.

A juicio del jefe del Ministerio Público, la opinión pública debe saber cuáles son los desafíos futuros que se tiene que enfrentar y solo se podrá hacer una vez se tengan todas las fichas para descifrar el rompecabezas que está por armar.

INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA

De otro lado, la Procuraduría decidió una investigación disciplinaria para establecer cuál sería la responsabilidad disciplinaria por parte de la empresa EPM, sus directivas y de las demás autoridades ambientales como la Anla.

De acuerdo con el Ministerio Público hay evidencias que darían cuenta de las irregularidades que han provocado emergencias ambientales que afectan a la población de más de 20 municipios.

En las cifras que da la Procuraduría para justificar la investigación, por lo menos 20.000 familias de pescadores que están siendo afectadas por la ejecución de una obra que debe tener un retraso de al menos 3 años y un costo de recuperación de la misma de más de 2 billones de pesos”.

Lea también: https://www.elespacio.net.co/component/k2/item/11482-dano-ambiental-causado-por-hidroituango-es-recuperable-gerente-epm

De “machista” califican el Procurador y la Defensoría al comentario del alcalde de Bucaramanga contra las mujeres venezolanas

 
Rodolfo Hernández, mandatario de Bucaramanga, sostuvo que las mujeres migrantes de Venezuela “son una fábrica de hacer chinos pobres

Un ambiente de rechazo y repudio generalizado produjo el comentario del alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, quien señaló en forma despectiva que las mujeres migrantes de Venezuela “son una fábrica de hacer chinos pobres”.

Uno de los primeros en rechazar la postura del gobernante de los bumangueses fue el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, quien calificó la opinión del mandatario de machista, xenofóbica y aporofobica.

Manifestó su indignación contra el comentario de Hernández y en su cuenta de Twitter sostuvo que los personajes públicos están en la obligación de dar buenos ejemplos

Pero la reacción adversa no fue solo la del Procurador. También se pronunció la Defensoría del Pueblo, la cual unió su protesta a la que provinieron de sectores sociales, políticas, institucionales y de la población venezolana.

Para Diana Rodríguez, encargada de la oficina de Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo, el gobernante se salió de lugar y exigió una rectificación sobre sus inoportunas afirmaciones contra las venezolanas.

Coincidió con Carrillo en que las declaraciones del alcalde Hernández “son expresiones machistas” al tiempo que “estigmatizan a las mujeres venezolanas, quienes por lo contrario necesitan de todo nuestro apoyo, exigimos una rectificación”, manifestó la funcionaria.

Daño ambiental causado por Hidroituango es recuperable: gerente EPM

Para Jorge Londoño la decisión de cerrar las compuertas que permitían la salida de agua de la presa se tomó tras valorar que era lo ideal, “preservar la vida de las personas o las consecuencias ambientales significativas que incurría esta decisión”.

El gerente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Londoño, aseguró que la afectación ambiental causada por la reducción drástica del caudal del río Cauca, dentro de ellas la muerte de más de 70.000 peces, es reversible.

La situación ocurrió por la determinación de cerrar el paso de agua del río Cauca con el objeto de subir el nivel de la presa de Hidroituango y lograr su máxima altura y con ello extraer el sobrante por los vertederos de la obra.

Londoño habló con Caracol Televisión sobre la situación de Hidroituango y su decisión de haber cerrado las compuertas de la presa pese a las afectaciones ambientales que iba a traer.

“La decisión se tuvo que tomar para preservar la seguridad y la vida de las personas. En algún momento nos enfrentamos a un dilema ético de qué era más importante, si la vida humana o las consecuencias ambientales que incurría esta decisión. Nos fuimos por el camino de preservar las vidas humanas, sabiendo que había una afectación ambiental significativa”, explicó el gerente.
En medio de las miles de críticas que recibió EPM, Londoño respaldó su decisión acotando que el daño ambiental no era irreparable, como muchos estudios han mostrado en los últimos días, por el contrario, explicó que las afectaciones eran “reversibles”.

“Estos daños no son irreparables, y en eso nos vamos a concentrar en los próximos días, ya cuando regresen los caudales, que van a estar volviendo a su normalidad el día lunes o martes, ya haremos un inventario de cuáles fueron las especies que se vieron afectadas y estaremos haciendo resiembra en forma significativa de estas especies para que el río retorne a su normalidad”, dijo.

Ante la sequía del río y las especies que murieron tras la emergencia, Londoño dejó claro que el concepto de secar el río no es exacto”, pues, según explicó, “el río nunca perdió el caudal”.

“Estamos en una contingencia, esta es una emergencia de proporciones mayúsculas y las decisiones que se tomaron fueron para preservar las vidas de los ciudadanos. Evidentemente hay unas afectaciones de tipo ambiental que hicimos todo el esfuerzo por mitigarlas de la mejor manera y vamos a estar compensándolas de la mejor manera, pero son con efectos reversibles”, aseveró.

Sin embargo, dejó en claro que su responsabilidad con el país es la de poner todo el esfuerzo y todos los recursos para superar la contingencia”.

Lea también: https://www.elespacio.net.co/administrator/index.php?option=com_k2&view=item&cid=11481

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