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Colombiano usaba peluquín no para cubrir no su calvicie sino cocaína que pretendía ingresar a España

 

El nerviosismo que mostraba un hombre que llegó a Barcelona (España) procedente de Bogotá, fue determinante para que la policía española descubriera el cargamento que llevaba bajo su peluca y que a su vez ocultaba bajo un sombrero.

Escondido bajo en peluquín, un colombiano pretendió ingresar a Madrid más de medio kilo de cocaína, informó la Policía de Barcelona (España), narcótico que fue valorado en cerca de 35.000 dólares (unos 30.000 euros).

El colombiano, cuyo nombre no fue suministrado por las autoridades españolas, llegó a Barcelona en un vuelo comercial procedente de Bogotá. Además usaba un sombrero y bajo de él estaba el peluquín con el que cubría su cargamento de cocaína.

“Los agentes vieron que bajo un sombrero llevaba puesta una peluca que usaba para suplir la falta de pelo y que se destacaba por sus grandes dimensiones por lo que sospecharon que pudiera ocultar algún tipo de sustancia ilegal”, dijo el informe de la policía española.

Para las autoridades tanto el nerviosismo que mostraba el hombre y así como el desproporcionado tamaño del peluquín que lucía llevó a fuera sometido a una requisa que culminó con el descubrimiento del narcótico que pretendía ingresar a España.

Una vez que interceptado los agentes “localizaron un paquete precintado perfectamente adherido a su cabeza", que contenía 503 gramos de cocaína en polvo.

Fumigación aérea de cultivos de coca con glifosato decidiría Colombia en julio

 

Tanto el presidente de la República, Iván Duque, así como su ministro de Defensa, Guillermo Botero, dicen que el Ejecutivo cuenta con los argumentos necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por la Corte Constitucional para permitir el uso de dicho herbicida. Ambientalistas le salen al paso.

Una vez más el gobierno del presidente Iván Duque se enfrenta a los ambientalistas por el posible uso, de nuevo, del glifosato como instrumento para combatir los cultivos de coca en el territorio nacional, los cuales en los últimos años registran un gran crecimiento en cuanto a los plantíos y que según cifras de Estados Unidos sobrepasan las 220 mil hectáreas.

El nuevo enfrentamiento surgió una vez que el jefe del Estado y su ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunciarán la posibilidad de que a partir de julio venidero el gobierno Nacional tenga en su mano la autorización para implementar nuevamente la aspersión aérea con el uso de dicho herbicida.

El ejecutivo colombiano aguarda que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), en su próxima reunión prevista para el mes de julio, le entregue el aval para fumigar desde el aire los diferentes plantíos que existen en zonas alejadas del país y que por la condición escabrosa del terreno, en algunos casos, y en los otros por la existencia de minas antipersona o quiebrapata como se le denomina en Colombia, o por la presencia de francotiradores, hacen difícil que esa acción se puede desarrollar a través del sistema de erradicación manual, como se viene haciendo y que no ha permitido disminuir la cantidad del territorio colombiano que los cocaleros usan para el cultivo de esa mata.

El ministro Botero puntualizó que el retorno de las fumigaciones aéreas con glifosato esta en manos del CNE y que el ejecutivo tiene plena confianza en que en el próximo mes de julio reciba la luz verde de parte de esa entidad adscrita al Gobierno, decisión que debe adoptar una vez analice las decisiones adoptadas porel ejecutivo para cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional.

Según Botero, el Gobierno tiene listos los seis protocolos exigidos por la Corte Constitucional para el retorno de la fumigación área de los cultivos ilícitos con glifosato.

Por su lado, el presidente Duque aseguró que su Gobierno ha avanzado "en todas las líneas de precaución, en todas las líneas de análisis, en todos los exámenes técnicos, en todos los exámenes científicos, de manera que tenemos todas las herramientas para revivir la disposición’.

Según Duque, la aspersión aérea "no es la única herramienta con la que cuenta el gobierno para combatir los cultivos de coca’, pero si fue enfático en decir que ’es una herramienta necesaria", porque los erradicadores manuales enfrentan peligros letales como el de los francotiradores o las minas antipersonal, entre otros factores y que les impiden cumplir con eficacia con su labor encomendada.

Es por ello que dijo: "Esa herramienta se requiere, toda vez que hay lugares del territorio que son de difícil acceso y donde muchos de los erradicadores están expuestos a minas antipersonales o a francotiradores".
Por eso, indicó que "debemos contemplar la utilización de técnicas de aspersión con precisión con todos los mecanismos y mitigantes para no producir efectos dañinos de las personas".

Las aspersiones aéreas con glifosato fueron suspendidas desde el año 2017 por la Corte Constitucional, la cual ordenó su no uso y precisó que lamedida se mantiene en pie hasta tanto se lleve a cabo un proceso decisorio en el que un órgano independiente evalúe el riesgo que representa paras la salud humana y el medio ambiente el uso de esta sustancia química, pronunciamiento que se debe hacer con base en un trámite participativo y técnicamente fundado en investigaciones científicas de rigor, calidad e imparcialidad (...) que demuestra ausencia de daño a la salud y el medio ambiente".

Es por ello que una piedra en el zapato que podría encontrar el Gobierno para revivir la fumigación aérea con glifosato es la Corte Constitucional y cuya presidenta, magistrada Gloria Stella Ortiz, aseguró que la sala plena de la corporación revisará si se cumplen los protocolos establecidos para la reanudación de la aspersión con glifosato.

"Uno de los temas que se tendrá que resolver en la sala plena es el de la salud y el del orden público. Hay muchos elementos de juicio que la corte debe ponderar", afirmó Ortiz.

Varios expertos y ambientalistas le salieron al paso al anuncio hecho por el ministro de Defensa, quien aseveró que el Gobierno tiene listo los seis protocolos que fueron exigidos por la Corte Constitucional para poder reiniciar las fumigaciones. El jefe de esa cartera dijo que espera que entre 12 y 16 semanas se retomarían las aspersiones con este herbicida. 

Uno de esos ambientalistas es Pedro Arenas, director del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, queien al analizar el anuncio del Gobierno dijo que primero hay que ver si tiene respuestas claras y concretas como por ejemplo saber si esa política cumple con todas y cada uno de los interrogantes exigido por la Corte. 

’La primera inquietud que me surge es saber si todas las condiciones requeridas por la Corte Constitucional quedarían superadas y qué tanta transparencia tendrían esos protocolos que serían aprobados por el CNE. Se debe determinar también si responden al principio de precaución", comentó Arenas, quien considera que también se debe estar pendiente del Plan de Manejo Ambiental que debe tramitar la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

A su juicio, existe evidencia científica que da cuenta sobre los daños que causa el glifosato a la salud humana, pero también al medioambiente. 
"Adicionalmente el gobierno debe adelantar una consulta previa con las comunidades indígenas y afro.

Asesinan a madre comunitaria y a su hija, al parecer por robarlas

 

Como Doris Góngora Guerra fue identificada la mamá y quien trabajaba como madre comunitaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y tenía a su cargo un hogar comunitario que funcionaban en Soacha.

Una mujer de 46 años de edad quien al parecer murió degollada y su hija de tan solo 7 años, quien quedo tendida en su cama, fueron encontradas muertas dentro de su residencia, en una acción que inicialmente las autoridades atribuyen a una personas cercana al núcleo familiar por cuanto no se encontró signos de violencia en los lugares de acceso a la vivienda.

La mujer, identificada como Doris Góngora Guerra, fue hallada sin signos vitales en la primera planta del predio, mientras que su hija estaba muerta caída sobre su cama en una habitación del segundo piso.

Tanto la madre como su pequeña hija vivían en un hogar comunitario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) identificado como ‘Sonrisitas’ y está ubicado en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá.

 Las autoridades señalan que el objeto de doble homicidio sería el robo y argumentan que la mujer tenía unos ahorros guardados en la residencia. La violenta muerte de las dos mujeres ocurrió en las horas de la madrugada de este viernes.

Farc denuncia campaña de exterminio de parte de grupos paramilitares

La advertencia es del senador y ex comandante de la desaparecida agrupación guerrillera y hoy convertida en partido político, Carlos Antonio Lozada, quien puntualizó que la situación es muy compleja en materia de seguridad. En total han sido asesinados 145 miembros de ese partido entre ex combatientes y familiares de estos.

Una campaña de exterminio de militantes del partido Farc, antigua guerrilla que durante más de 50 años estuvo en el monte y que hace dos años firmó un acuerdo de paz con el estado colombiano, denunció el ex comandante y hoy senador de Colombia, Carlos Antonio Lozada.

El ex integrante del secretario de las desaparecidas Farc dijo que esa campaña es adelantada por lo que denomino grupos paramilitares y cuya victima más reciente fue el ex combatiente Jorge Enrique Corredor González, de 48 años y quien se identificó con el alias de ‘William Saavedra’, fue comandante del frente 21 de la columna móvil Saavedra Ramos de las Farc.

El cuerpo de Corredor González recibió cinco impactos de bala que le provocaron la muerte.

El ex comandante del Frente 21 y de la Columna Saavedra Ramos de las Farc estuvo vinculado al proceso de reincorporación como líder del espacio territorial de Marquetalia, en el sur del Tolima, sector donde tuvo sus inicios la guerrilla de las Farc.

Frías cifras

De acuerdo con las cifras que manejan los integrante del hoy partido de las Farc, desde que esta en vigencia el acuerdo de paz un total de 114 ex combatientes de la organización han sido asesinados por desconocidos y a ellos se suman las muertes violentas de 31 familiares de otros ex integrantes, incluido un bebé recién nacido.

Corredor González estaba en el establecimiento Rancho Panorama, a un lado de la carretera Panamericana que comunica a Cali con Bogotá, cuando le dispararon desde una motocicleta, en jurisdicción del municipio valluno de Tuluá, ubicado a 270 kilómetros al occidente de Bogotá.

De acuerdo con las versiones entregadas por los integrantes de las Farc, Corredor González había llegado a Tuluá acompañado por otro integrante de la desaparecida organización guerrillera para firmar y promover un proyecto productivo y de paso comprar una torta de cumpleaños para su hijo, cuando fue atacado por sus asesinos.

Situación complicada

Lozada calificó la situación de seguridad de los antiguos combatientes de “muy compleja en materia” y dijo que el tema ya fue expuesto al Gobierno Nacional.

“Así lo expresamos”, dijo el congresista y ex guerrillero quien lamentó que en el país se haya hecho eco a lo que catalogó como “una campaña de estigmatización contra los integrantes del partido y esa advertencia se cumplió”.

Luego precisó: “De palabra uno escucha apoyo de ministros y consejeros, pero cada día hay más trabas para los que trabajamos. El asesinato de Corredor González no está desligado del acuerdo o las políticas trazadas”.

El senador consideró que detrás de estos crímenes estarían grupos paramilitares y denunció: “Hace dos días recibí una comunicación en donde se nos informa que hay ofrecimiento de dinero para que algunos dirigentes del partido sean asesinados (…) Han ofrecido dinero por la cabeza de nosotros. Es el tipo de riesgo que sabemos que hay que asumir”.

Reacción gubernamental

Tras rechazar el asesinato de ex comandante guerrillero, el Gobierno del presidente de la República, Iván Duque

Dijo mediante un escueto comunicado: “La seguridad de los excombatientes comprometidos con su proceso de reincorporación es una prioridad para todas las entidades del Estado”.

La misiva que fue firmada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila y Representantes del Gobierno Nacional en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo Final, se indica que “el Gobierno Nacional  trabajará conjuntamente con la Unidad Especial de la Fiscalía para dar con los responsables del crimen contra William Saavedra”.

Puntualizó luego que los mecanismos para garantizar la seguridad de los excombatientes seguirán siendo fortalecidos, en el marco del cumplimiento de los compromisos derivados de la  implementación de los acuerdos.

¿Se repite o revive la historia?

Lo que esta ocurriendo con el partido de las Farc trae a memoria lo que aconteció con el Partido Unión Patriota (UP) –organización creada a raíz de los acuerdos de paz firmado por el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur y las Farc.

Dicha colectividad política fue sometida a un proceso de exterminio, genocidio en el que fueron asesinados cerca de 4.500 de sus militantes, entre ellos dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa; ocho congresistas; 13 diputados; 70 concejales y 11 alcaldes, ello de acuerdo con las cifras que maneja el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH. Dicho ejercicio de la violencia sistemática y generalizada contra la UP ocurrió entre años 1984 y el  2002. La política de exterminio incluyó cometidos por grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado, que fueron consumados mediante una violencia de alta frecuencia y bajo perfil, violencia visible para exterminar a los líderes y masacres de alto impacto para aleccionar a las comunidades.

"En esta violencia contra la UP existen patrones que apuntan a su exterminio y no solo a su hostigamiento como fuerza política. Se trató de una violencia con alcance nacional con concentraciones territoriales críticas como en las regiones del Urabá, el Ariari-Guayabero, la región del Magdalena Medio y el departamento del Tolima. Así mismo, fue continuada en el tiempo, pero con coyunturas críticas en los periodos 1986-1988 y 1996-1997", refiere el documento del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH.

Reconocimiento estatal

“Quiero hoy expresar en este acto público, como Presidente de la República y como Jefe de Estado, que el exterminio y desaparición de la Unión Patriótica jamás debió haber ocurrido; y reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, atentados y demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha”, reconoció en septiembre de 2016 el entonces presidente Juan Manuel Santos ante cerca de 200 personas, entre líderes de ese movimiento político y sobrevivientes del genocidio.

Dentro del proceso que adelanta la Sala de Justicia y Paz en contra de Hebert Veloza, alias ‘HH’, ex jefe paramilitar del autodenominado Bloque Bananero, dicha organización judicial aseguró que, de acuerdo con el análisis histórico y las pruebas presentadas por la Fiscalía, el exterminio de la Unión Patriótica, UP, fue un genocidio político.

“Para nosotros la UP fue creado por las Farc. Quizá muchos simpatizantes no tenían que ver con la guerrilla, pero por el hecho de pertenecer a algo relacionado con lo subversivo, los matamos”, dijo en una ocasión alias ‘HH’ desde Estados Unidos a donde fue extraditado.

Cabe aclarar que este tipo de genocidio, según el fallo de la Sala de Justicia y Paz, se refiere a la intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano por razones políticas, y ocasionar la muerte a sus miembros por razón de su pertenencia al mismo, descripción que responde a la persecución de que fue víctima la UP a manos de paramilitares y miembros de la fuerza pública durante la década de los 80 y los 90.

En otro pronunciamiento hecho por la ONG Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” – CCAJAR – señaló que a pesar de que en el fallo en contra de es comandante paramilitar ‘HH’ solo se documentaron ocho crímenes en contra de miembros de la Unión Patriótica, el caso de este paramilitar, sirve para demostrar la persecución a la que fue sometido el movimiento político y la que incluiría unos 4.500 asesinatos.

Procuraduría destituyó al director de la CAR-Cundinamarca por irregularidades y sobrecosto en la construcción de la Planta de Chía

Además de la penalidad de destitución el director de la CAR, Néstor Guillermo Franco González, fue sancionado durante 10 años para ocupar cualquier cargo público.
 
El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Néstor Guillermo Franco González fue sancionado con la pena de destitución y de paso fue inhabilitado durante los próximos 10 años para ocupar cargos públicos por la Procuraduría General de la Nación 


Sancionó le fue aplicada por haber incurrido en irregularidades en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía – PTAR II, acción que el ministerio público califica como "violar el principio de planeación" y con ello haber provocado un incremento de 62.876 millones de pesos (alrededor de 20,7 millones de dólares) en la construcción de dicha planta de tratamiento.

En audiencia verbal, el Ministerio Público señaló que el convenio suscrito por la CAR con la Empresa de Servicios Públicos de Chía (Emserchía), y la alcaldía del municipio, por más de 35.000 millones de pesos (unos 10,6 millones de dólares), no se encontraba en condiciones de ser ejecutado.

Para el Ministerio Público eran suficientes tanto los estudios como los diseños planteados ya que ni estaban actualizados y eran completos para ejecutar el proyecto, lo que llevó a retrasos en la ejecución de las obras y a un reajuste en el valor, que ascendió a $62.876 millones.

’Para la Procuraduría esa situación debió preverse antes de la firma del convenio, en 2015, en razón a que las normas que rigen los procesos contractuales deben cumplirse con estricto rigor, pues es la forma de garantizar el cumplimiento del interés general que constituye la finalidad de todo proceso de contratación, y así evitar retrasos en las obras o adiciones en el valor de las mismas’, explicó la Procuraduría en un comunicado.

’Como consecuencia de lo anterior se violó el principio de planeación, como expresión del de economía y de responsabilidad, toda vez que el objetivo del convenio no fue posible ejecutarlo a partir de los estudios y diseños que se tenían al momento de su firma, lo que ocasionó que la construcción solo se iniciara tres años después de la suscripción del documento’, agregó.

Para la Procuraduría la conducta de Franco González la cataloga como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. El fallo de primera instancia fue apelado por el funcionario.

Cayó asesinado otro líder y defensor de los derechos de los indígenas en el departamento del Chocó, occidente de Colombia

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) aseguró que uno de sus líderes de el departamento del Chocó, uno de los más pobres de Colombia, fue asesinado por desconocidos y responsabilizo del hecho al grupo ilegal Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc)

 

El líder indígena de la comunidad Embera, Aquileo Mecheche Baragon fue asesinado por desconocidos que llegaron hasta su sitio de residencia y tras ser sacado a la fuerza de su casa fue ejecutado por los agresores que le propinaron tres disparos en su rostro.

La denuncia la realizó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la cual a través de un comunicado hecho público sostuvo que el asesinato del líder indigenista, quien contaba con 52 años de edad, se registró en la cabecera municipal de RioSucio, Chocó, al occidente de Colombia en la costa Pacífica y donde él además se desempeñaba como rector del colegio indígena de Jagual.

La ONIC recordó que en el mes de noviembre del 2018 denunció, en una reunión con el Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República, las múltiples amenazas recibidas en su contra provenientes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

Dijo que a finales de marzo pasado volvieron las amenazas cuando hombres pertenecientes al grupo armado AGC ingresaron a la comunidad El Jagual con el fin de intimidar, hostigar y amenazar a toda la comunidad, y especialmente al compañero Aquileo.

La confirmación del crimen la realizó la oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entidad que está haciendo seguimiento al hecho, acompañando a las autoridades, tanto nacionales como indígenas. 

En su pronunciamiento la ONU pidió a las autoridades una investigación que esclarezca el asesinato, así como la protección efectiva de la comunidad. 

Aquileo Mecheche fue Cabildo Mayor de Camizba, Gobernador de la comunidad de Jagual y desde hace 7 años se desempeñaba como rector de la institución Educativa indígena de Jagual.

En su pronunciamiento la ONIC señaló que durante el Gobierno del presidente Iván Duque se han registrado 63 asesinatos a líderes indígenas y 153 amenazas a población indígena.

Colombia, un país donde el suicidio sube cada año. En 2017 el aumento fue del 10% con relación al 2016 y va hacia arriba

Organizaciones No Gubernamentales le proponen al Gobierno adoptar una política denominada ‘antisuicida’ en la que participen todos los sectores de salud, tanto públicos como privados.

El Gobierno de Colombia fue exhortado a que adopte políticas de contingencia a fin de tratar de evitar que jóvenes y niños de diferentes estratos sociales transiten por el camino del suicidio.

Tras reportar un aumento en los casos de suicidio en todo el país la directora de la Fundación Sergio Urrego, Alba Reyes aseguró que el Ejecutivo colombiano debe adoptar en forma urgente un plan de contingencia cuyo objetivo fundamental sea salvar vidas jóvenes y niños.

Los casos más recientes se registraron en la ciudad colombiana de Pereira dos alumnos de un mismo colegio se suicidaron y un tercero intento quitarse la vida.

Por su lado, un portavoz de la alcaldía de Pereira, la quinta ciudad de Colombia, expresó la voz de alerta en que se encuentran las autoridades sanitarias luego de que un joven comentara una noticia sobre la muerte en redes sociales diciendo: ’sigo yo’.

Reyes es la mamá de Sergio Urrego Reyes, un joven que a los 17 años tomó la decisión de quitarse la vida tras lanzarse de cabeza desde un puente peatonal y lo hizo como forma de acabar con las burlas y bromas que despertaba entre sus compañeros de estudio su condición de homosexual.

INTENTOS SUICIDAS CONTROLADOS

De acuerdo con las cifras que maneja dicha fundación y que tienen su origen en datos del mismo Gobierno, en lo que va del 2019 se han atendido más de dos mil casos de personas, especialmente jóvenes de ambos sexos, que han expresado su deseo de quitarse la vida.

"Lamentablemente la crisis por la que atraviesa Colombia respecto al suicidio de niñas, niños y adolescentes desborda las capacidades de la fundación", dijo Urrego.

De acuerdo con su propuesta, el ’objetivo de dicho plan es para que entre los diferentes sectores de la sociedad articulemos acciones inmediatas y urgentes que nos permitan hacer contención de los casi 600 casos que aún tenemos en el momento", manifestó la Directora de la Fundación Sergio Urrego.

Puntualizó que entidades como el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Bomberos, la Secretaría de Integración Social de Bogotá, Colegio Colombiano de Psicología y la Asociación Colombiana de Psiquiatría; deben trabajar de manera conjunta con la sociedad civil y las universidades.

ANTISUICIDIOS

Propuso la conformación de una mesa técnica en la que ’nos sentemos con representantes de los diferentes sectores e instituciones y organizaciones, para cortar y poner en marcha el Plan de Contingencia Nacional Antisuicidio".

Recordó que en Colombia el suicidio es la cuarta causa de mortalidad y la segunda entre los jóvenes.

Cifras oficiales que se tienen hasta el año 2017 como las que maneja el estatal Instituto de Medicina Legal, en ese año se registró un incremento del 10 por ciento en el caso de jóvenes y niños que le pusieron fin a sus vidas a través del suicidio. 

SUBEN CADA AÑO

Por ello el director de Tribunales del Colegio Colombiano de Psicólogos, Paulo Daniel Acero, señaló que su preocupación cada día crece por el aumento de las cifras que ha revelado la entidad.

Indicó que en el 2016 se registraron 2.310 casos mientras que en el 2017 fueron notificados 2.571 muertes, que ocurrieron entre personas de 14 años a 24 años de edad.

’En el país las cifras de los casos de suicidio se han incrementado en un 10 por ciento, pero lo que más nos llama la atención y nos genera preocupación es el rango de edad en que vienen ocurriendo los hechos’, afirmó.

PREOCUPACIÓN DE TODOS

De acuerdo a su opinión, el problema de suicidios no es una situación que solo deba preocupar al Gobierno y sus entidades de salud, sino que es un problema que entre todos los integrantes de la sociedad colombiana deben encontrarle una salida inmediata y así evitar que más niños y jóvenes sigan optando por ese camino.

’Este es un problema que debe preocupar a no solo a los que están dentro del sistema de la salud pública, sino que todos tenemos que participar como la familia, los profesores con la red educativa y en general a toda la comunidad’ dijo el científico.

Reconoció que hay dificultades tanto dentro del sistema educativo del país, así como en el de la salud para prevenir ’adecuadamente los suicidios, referidos a personas que tienen diagnósticos de depresión o personas a las que se les dan dictámenes de enfermedades físicas o mentales, a las que se les atribuye el 30 por ciento de los suicidios’.

UN INTENTO CADA TRES HORAS

Según un informe de la publicación Vice señaló que durante el año pasado se registró un intento de suicidio de una persona cada tres horas y media y agregó que el suicidio sigue siendo un fenómeno en aumento progresivo, pero silencioso, que amenaza la salud pública del país.

Los motivos por los cuales las personas deciden suicidarse son muchos y de ahí el problema de tratar de saber cuando una persona piensa en que la única salida o el único camino para dejar atrás los problemas que enfrenta es el suicidio.

La ola de suicidios registrados en tan solo el 2018 dejó al descubierto diferentes circunstancias por las cuales las personas optan por esa lamentable vía.

De seguro que de la memoria de los colombianos es difícil borrar hechos como el caso de dos adolescentes, uno de 12 años y el otro de 16, y quienes tomaron el camino del suicidio todo por hacerle caso a un infame juego llamado ‘Momo’.

CASOS DEL 2018

También la gente recuerda a una mujer de 32 años que se lanzó desde la terraza de un centro comercial y a otra que hizo lo mismo pero desde un puente peatonal. 

Tampoco se olvida al joven de 21 años que se suicidó tras denunciar abuso sexual de parte del rector de un colegio privado o el suicidio del esposo de una tatuadora de Manizales, acción que adoptó luego de que se dieran a conocer denuncias de maltrato físico en su contra. Otro caso de recordación es el joven de 17 años que se lanzó desde el piso 48 de una de las torres construidas en Bogotá.

A estos casos se suman los de Alejandro Pizano, hijo de Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el caso Odebrecht y quien también murió en circunstancias notan claras. Alejandro murió tras ingerir cianuro, situación que también aconteció con Rafael Merchán, ex funcionario de la Presidencia de Colombia y de quien su familia asegura que su suicidio fue una decisión tomada por él.

El caso es que el suicidio es un hecho que es considerado como un problema de salud pública y que se repite sobre todo en países de ingresos medios y bajos donde en ocasiones parece ser extremadamente difícil de prevenir.

Fiscalía de Colombia pidió que el cubano Raúl Gutiérrez Sánchez sea condenado por concierto para delinquir

En su querella, el ente acusador de Colombia lo señala de haber ingresado de forma ilegal al país para preparar actos terroristas, entre ellos un atentando contra un restaurante ubicado en los alrededores de la embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Bajo el cargo de ser un potencial terrorista que vino a Colombia con el propósito de fraguar ataques terroristas en la capital de la República, la Fiscalía General de la República pidió que el ciudadano cubano Raúl Gutiérrez Sánchez sea condenado por el delito de concierto para delinquir agravado.

Al parecer y de acuerdo con la investigación llevada a cabo por el ente acusador colombiano, el hombre cubano llevó a cabo un encuentro con otras personas, cuyas identidades no fueron divulgadas, reunión que se habría realizado en territorio nacional y se hizo con el fin de fraguar ataques terroristas en la capital colombiana.

El Raúl Gutiérrez Sánchez es el ciudadano cubano que fue detenido por las autoridades colombianas a mediados de marzo de 2018 por presuntamente planear un atentado terrorista en Bogotá contra funcionarios de la embajada de Estados Unidos en esta ciudad.

En declaraciones que realizó ante los periodistas cuando fue llevado a una audiencia judicial, Gutiérrez Sánchez respondió “Tengo mi propio grupo. Soy solo. No tengo a nadie”. De acuerdo con el relato hecho por autoridades nacionales, el cubano de 46 años, ingresó a Colombia de manera ilegal.

En la misma declaración el cubano se declaró como una persona que está en contra del “nuevo orden mundial”.

Si bien pidió que al ciudadano cubano se le absuelva de cargos por los delitos de tentativa de terrorismo, pues no ase cuenta con el material probatorio suficiente para una acusación formal, su pidió condenarlo por el de concierto para delinquir agravado.

A juicio del ente acusador, Gutiérrez es un potencial terrorista y para sustentar sus cargos la Fiscalía presentó un informe contenido en 12.678 páginas en las que se detallan las conversaciones de Raúl Gutiérrez Sánchez con supuestos allegados a  grupos islámicos terroristas, para atentar contra un restaurante cercano a la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Esas conversaciones se habían dado entre el 2017 y el 2018. 

El fallo del juez que lleva el caso se producirá el próximo 20 de mayo.

Gobierno no dialogará con indígenas hasta cuando ellos dejen de bloquear vías

La advertencia es del presidente de la República Iván Duque quien puntualizó que su administración no cederá ante las medidas de hecho. “Los hechos violentos y la transgresión de los derechos de los demás no estarán permitidos”  

Con la advertencia de que su Gobierno no cederá ante las medidas de hecho, el presidente de la República Iván Duque exhortó a los indígenas que mantienen cerradas algunas carreteras del país, como la Panamericana que une a Colombia con Ecuador y demás países de Suramérica, a que dejen de lado sus acciones violentas y se sienten a dialogar con el Ejecutivo.

“Los hechos violentos y la transgresión de los derechos de los demás no estarán permitidos”, precisó el primer mandatario, y condicionando el inicio de conversaciones con los indígenas a que ellos abandonen las vías de hecho y de paso le pongan fin a los bloqueos.

“Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, pero en referencia a los bloqueos de las carreteras, como ocurre en el sureño departamento del Cauca, y como presidente de Colombia no puedo validar ninguna vía de hecho porque no puede haber ninguna justificación para afectar los derechos fundamentales de los demás”, aseveró el gobernante colombiano.

Por su lado, la estatal Defensoría del Pueblo anunció el sábado la suspensión temporal de sus actividades de mediación en el conflicto Gobierno-comunidades indígenas, luego del ataque que padeció una de su misión por parte de un grupo de manifestantes nativos.

La delegación de la Defensoría fue atacada con un artefacto explosivo no convencional y de baja intensidad el viernes en la noche a la altura del corregimiento de El Cairo, en jurisdicción del municipio de Cajibío, Cauca.

 

“La misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, liderada por el Defensor Regional del Cauca, que se encuentra realizando verificación a la situación de derechos humanos derivada de la movilización indígena y campesina en la vía Panamericana, fue atacada con un artefacto explosivo no convencional y de baja intensidad por parte de los manifestantes”, precisó en un comunicado.

Por fortuna los integrantes de la misión, que se trasladaban en un carro oficial de la Entidad, plenamente identificado con las insignias de la Defensoría del Pueblo, no fueron afectados por el artefacto y se encuentran en perfecto estado de salud.

“Debido a la falta de garantías para hacer monitoreo y verificación de la situación de derechos humanos en el marco de la movilización”, la Defensoría del Pueblo “suspende sus actividades hasta tanto los manifestantes generen acciones concretas que aseguren la integridad personal de nuestros funcionarios”.

Articulado de Transmileno se estrelló contra paradero de la Pepe Sierra

El accidente se produjo porque al parecer el autobús supuestamente perdió los frenos. La pericia del conductor evitó que el carro se hubiera estrellado contra otro vehículo.

Un total de 16 personas resultaron heridas luego de que un bus de la empresa Transmilenio embistió la estructura de la parada de La Pepe Sierra (calle 116) con la autopista norte.

Las personas que resultaron con lesiones de alguna consideración fueron trasladas en ambulancia a diferentes centros médicos localizados en los alrededores del sitio donde se produjo el accidente.

Según se informó, a pesar de su maniobra el conductor del vehículo que colisionó con la estructura metálica del paradero, no pudo evitar que se produjera el choque.

El accidente al parecer ocurrió porque el bus accidentado al parecer perdió los frenos y su conductor por tratar de esquivar a otro bus que se encontraba delante de él, se estrelló contra la estructura.

El bus quedó incrustado en una de las esquinas de la estación y por ello la parte frontal resultó destruida y hundida al lado derecho y done va el puesto del operador del vehículo.

Como consecuencia del impacto resulto herido el conductor del articulado.

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