Viernes, 21 Junio 2019 16:47

Fumigación aérea de cultivos de coca con glifosato decidiría Colombia en julio

La fumigación aérea de los cultivos de coca con glifosato, anunciada por el Gobierno de Iván Duque, prende una vez más la polémica por el uso de dicho herbicida. La fumigación aérea de los cultivos de coca con glifosato, anunciada por el Gobierno de Iván Duque, prende una vez más la polémica por el uso de dicho herbicida.
 

Tanto el presidente de la República, Iván Duque, así como su ministro de Defensa, Guillermo Botero, dicen que el Ejecutivo cuenta con los argumentos necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por la Corte Constitucional para permitir el uso de dicho herbicida. Ambientalistas le salen al paso.

Una vez más el gobierno del presidente Iván Duque se enfrenta a los ambientalistas por el posible uso, de nuevo, del glifosato como instrumento para combatir los cultivos de coca en el territorio nacional, los cuales en los últimos años registran un gran crecimiento en cuanto a los plantíos y que según cifras de Estados Unidos sobrepasan las 220 mil hectáreas.

El nuevo enfrentamiento surgió una vez que el jefe del Estado y su ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunciarán la posibilidad de que a partir de julio venidero el gobierno Nacional tenga en su mano la autorización para implementar nuevamente la aspersión aérea con el uso de dicho herbicida.

El ejecutivo colombiano aguarda que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), en su próxima reunión prevista para el mes de julio, le entregue el aval para fumigar desde el aire los diferentes plantíos que existen en zonas alejadas del país y que por la condición escabrosa del terreno, en algunos casos, y en los otros por la existencia de minas antipersona o quiebrapata como se le denomina en Colombia, o por la presencia de francotiradores, hacen difícil que esa acción se puede desarrollar a través del sistema de erradicación manual, como se viene haciendo y que no ha permitido disminuir la cantidad del territorio colombiano que los cocaleros usan para el cultivo de esa mata.

El ministro Botero puntualizó que el retorno de las fumigaciones aéreas con glifosato esta en manos del CNE y que el ejecutivo tiene plena confianza en que en el próximo mes de julio reciba la luz verde de parte de esa entidad adscrita al Gobierno, decisión que debe adoptar una vez analice las decisiones adoptadas porel ejecutivo para cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional.

Según Botero, el Gobierno tiene listos los seis protocolos exigidos por la Corte Constitucional para el retorno de la fumigación área de los cultivos ilícitos con glifosato.

Por su lado, el presidente Duque aseguró que su Gobierno ha avanzado "en todas las líneas de precaución, en todas las líneas de análisis, en todos los exámenes técnicos, en todos los exámenes científicos, de manera que tenemos todas las herramientas para revivir la disposición’.

Según Duque, la aspersión aérea "no es la única herramienta con la que cuenta el gobierno para combatir los cultivos de coca’, pero si fue enfático en decir que ’es una herramienta necesaria", porque los erradicadores manuales enfrentan peligros letales como el de los francotiradores o las minas antipersonal, entre otros factores y que les impiden cumplir con eficacia con su labor encomendada.

Es por ello que dijo: "Esa herramienta se requiere, toda vez que hay lugares del territorio que son de difícil acceso y donde muchos de los erradicadores están expuestos a minas antipersonales o a francotiradores".
Por eso, indicó que "debemos contemplar la utilización de técnicas de aspersión con precisión con todos los mecanismos y mitigantes para no producir efectos dañinos de las personas".

Las aspersiones aéreas con glifosato fueron suspendidas desde el año 2017 por la Corte Constitucional, la cual ordenó su no uso y precisó que lamedida se mantiene en pie hasta tanto se lleve a cabo un proceso decisorio en el que un órgano independiente evalúe el riesgo que representa paras la salud humana y el medio ambiente el uso de esta sustancia química, pronunciamiento que se debe hacer con base en un trámite participativo y técnicamente fundado en investigaciones científicas de rigor, calidad e imparcialidad (...) que demuestra ausencia de daño a la salud y el medio ambiente".

Es por ello que una piedra en el zapato que podría encontrar el Gobierno para revivir la fumigación aérea con glifosato es la Corte Constitucional y cuya presidenta, magistrada Gloria Stella Ortiz, aseguró que la sala plena de la corporación revisará si se cumplen los protocolos establecidos para la reanudación de la aspersión con glifosato.

"Uno de los temas que se tendrá que resolver en la sala plena es el de la salud y el del orden público. Hay muchos elementos de juicio que la corte debe ponderar", afirmó Ortiz.

Varios expertos y ambientalistas le salieron al paso al anuncio hecho por el ministro de Defensa, quien aseveró que el Gobierno tiene listo los seis protocolos que fueron exigidos por la Corte Constitucional para poder reiniciar las fumigaciones. El jefe de esa cartera dijo que espera que entre 12 y 16 semanas se retomarían las aspersiones con este herbicida. 

Uno de esos ambientalistas es Pedro Arenas, director del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, queien al analizar el anuncio del Gobierno dijo que primero hay que ver si tiene respuestas claras y concretas como por ejemplo saber si esa política cumple con todas y cada uno de los interrogantes exigido por la Corte. 

’La primera inquietud que me surge es saber si todas las condiciones requeridas por la Corte Constitucional quedarían superadas y qué tanta transparencia tendrían esos protocolos que serían aprobados por el CNE. Se debe determinar también si responden al principio de precaución", comentó Arenas, quien considera que también se debe estar pendiente del Plan de Manejo Ambiental que debe tramitar la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

A su juicio, existe evidencia científica que da cuenta sobre los daños que causa el glifosato a la salud humana, pero también al medioambiente. 
"Adicionalmente el gobierno debe adelantar una consulta previa con las comunidades indígenas y afro.