Miércoles, 15 Mayo 2019 17:12

Farc denuncia campaña de exterminio de parte de grupos paramilitares

El partido de las Farc, antiguo grupo guerrillero que hace dos años firmó un acuerdo de paz con el Estado, denunció a través del senador Carlos Antonio Lozada que  esta en marcha una campaña de exterminio de esa colectividad como aconteció tres décadas atrás contra integrantes del partido Unión Patriótica (UP)  y el cual surgió en mayo de 1985 como resultado del proceso de paz que adelantó el  gobierno del Presidente Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc. Imágenes  de algunos de los dirigente de la UP asesinados. El partido de las Farc, antiguo grupo guerrillero que hace dos años firmó un acuerdo de paz con el Estado, denunció a través del senador Carlos Antonio Lozada que esta en marcha una campaña de exterminio de esa colectividad como aconteció tres décadas atrás contra integrantes del partido Unión Patriótica (UP) y el cual surgió en mayo de 1985 como resultado del proceso de paz que adelantó el gobierno del Presidente Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc. Imágenes de algunos de los dirigente de la UP asesinados.

La advertencia es del senador y ex comandante de la desaparecida agrupación guerrillera y hoy convertida en partido político, Carlos Antonio Lozada, quien puntualizó que la situación es muy compleja en materia de seguridad. En total han sido asesinados 145 miembros de ese partido entre ex combatientes y familiares de estos.

Una campaña de exterminio de militantes del partido Farc, antigua guerrilla que durante más de 50 años estuvo en el monte y que hace dos años firmó un acuerdo de paz con el estado colombiano, denunció el ex comandante y hoy senador de Colombia, Carlos Antonio Lozada.

El ex integrante del secretario de las desaparecidas Farc dijo que esa campaña es adelantada por lo que denomino grupos paramilitares y cuya victima más reciente fue el ex combatiente Jorge Enrique Corredor González, de 48 años y quien se identificó con el alias de ‘William Saavedra’, fue comandante del frente 21 de la columna móvil Saavedra Ramos de las Farc.

El cuerpo de Corredor González recibió cinco impactos de bala que le provocaron la muerte.

El ex comandante del Frente 21 y de la Columna Saavedra Ramos de las Farc estuvo vinculado al proceso de reincorporación como líder del espacio territorial de Marquetalia, en el sur del Tolima, sector donde tuvo sus inicios la guerrilla de las Farc.

Frías cifras

De acuerdo con las cifras que manejan los integrante del hoy partido de las Farc, desde que esta en vigencia el acuerdo de paz un total de 114 ex combatientes de la organización han sido asesinados por desconocidos y a ellos se suman las muertes violentas de 31 familiares de otros ex integrantes, incluido un bebé recién nacido.

Corredor González estaba en el establecimiento Rancho Panorama, a un lado de la carretera Panamericana que comunica a Cali con Bogotá, cuando le dispararon desde una motocicleta, en jurisdicción del municipio valluno de Tuluá, ubicado a 270 kilómetros al occidente de Bogotá.

De acuerdo con las versiones entregadas por los integrantes de las Farc, Corredor González había llegado a Tuluá acompañado por otro integrante de la desaparecida organización guerrillera para firmar y promover un proyecto productivo y de paso comprar una torta de cumpleaños para su hijo, cuando fue atacado por sus asesinos.

Situación complicada

Lozada calificó la situación de seguridad de los antiguos combatientes de “muy compleja en materia” y dijo que el tema ya fue expuesto al Gobierno Nacional.

“Así lo expresamos”, dijo el congresista y ex guerrillero quien lamentó que en el país se haya hecho eco a lo que catalogó como “una campaña de estigmatización contra los integrantes del partido y esa advertencia se cumplió”.

Luego precisó: “De palabra uno escucha apoyo de ministros y consejeros, pero cada día hay más trabas para los que trabajamos. El asesinato de Corredor González no está desligado del acuerdo o las políticas trazadas”.

El senador consideró que detrás de estos crímenes estarían grupos paramilitares y denunció: “Hace dos días recibí una comunicación en donde se nos informa que hay ofrecimiento de dinero para que algunos dirigentes del partido sean asesinados (…) Han ofrecido dinero por la cabeza de nosotros. Es el tipo de riesgo que sabemos que hay que asumir”.

Reacción gubernamental

Tras rechazar el asesinato de ex comandante guerrillero, el Gobierno del presidente de la República, Iván Duque

Dijo mediante un escueto comunicado: “La seguridad de los excombatientes comprometidos con su proceso de reincorporación es una prioridad para todas las entidades del Estado”.

La misiva que fue firmada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila y Representantes del Gobierno Nacional en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo Final, se indica que “el Gobierno Nacional  trabajará conjuntamente con la Unidad Especial de la Fiscalía para dar con los responsables del crimen contra William Saavedra”.

Puntualizó luego que los mecanismos para garantizar la seguridad de los excombatientes seguirán siendo fortalecidos, en el marco del cumplimiento de los compromisos derivados de la  implementación de los acuerdos.

¿Se repite o revive la historia?

Lo que esta ocurriendo con el partido de las Farc trae a memoria lo que aconteció con el Partido Unión Patriota (UP) –organización creada a raíz de los acuerdos de paz firmado por el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur y las Farc.

Dicha colectividad política fue sometida a un proceso de exterminio, genocidio en el que fueron asesinados cerca de 4.500 de sus militantes, entre ellos dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa; ocho congresistas; 13 diputados; 70 concejales y 11 alcaldes, ello de acuerdo con las cifras que maneja el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH. Dicho ejercicio de la violencia sistemática y generalizada contra la UP ocurrió entre años 1984 y el  2002. La política de exterminio incluyó cometidos por grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado, que fueron consumados mediante una violencia de alta frecuencia y bajo perfil, violencia visible para exterminar a los líderes y masacres de alto impacto para aleccionar a las comunidades.

"En esta violencia contra la UP existen patrones que apuntan a su exterminio y no solo a su hostigamiento como fuerza política. Se trató de una violencia con alcance nacional con concentraciones territoriales críticas como en las regiones del Urabá, el Ariari-Guayabero, la región del Magdalena Medio y el departamento del Tolima. Así mismo, fue continuada en el tiempo, pero con coyunturas críticas en los periodos 1986-1988 y 1996-1997", refiere el documento del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH.

Reconocimiento estatal

“Quiero hoy expresar en este acto público, como Presidente de la República y como Jefe de Estado, que el exterminio y desaparición de la Unión Patriótica jamás debió haber ocurrido; y reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, atentados y demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha”, reconoció en septiembre de 2016 el entonces presidente Juan Manuel Santos ante cerca de 200 personas, entre líderes de ese movimiento político y sobrevivientes del genocidio.

Dentro del proceso que adelanta la Sala de Justicia y Paz en contra de Hebert Veloza, alias ‘HH’, ex jefe paramilitar del autodenominado Bloque Bananero, dicha organización judicial aseguró que, de acuerdo con el análisis histórico y las pruebas presentadas por la Fiscalía, el exterminio de la Unión Patriótica, UP, fue un genocidio político.

“Para nosotros la UP fue creado por las Farc. Quizá muchos simpatizantes no tenían que ver con la guerrilla, pero por el hecho de pertenecer a algo relacionado con lo subversivo, los matamos”, dijo en una ocasión alias ‘HH’ desde Estados Unidos a donde fue extraditado.

Cabe aclarar que este tipo de genocidio, según el fallo de la Sala de Justicia y Paz, se refiere a la intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano por razones políticas, y ocasionar la muerte a sus miembros por razón de su pertenencia al mismo, descripción que responde a la persecución de que fue víctima la UP a manos de paramilitares y miembros de la fuerza pública durante la década de los 80 y los 90.

En otro pronunciamiento hecho por la ONG Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” – CCAJAR – señaló que a pesar de que en el fallo en contra de es comandante paramilitar ‘HH’ solo se documentaron ocho crímenes en contra de miembros de la Unión Patriótica, el caso de este paramilitar, sirve para demostrar la persecución a la que fue sometido el movimiento político y la que incluiría unos 4.500 asesinatos.