Martes, 07 Mayo 2019 18:46

Procuraduría destituyó al director de la CAR-Cundinamarca por irregularidades y sobrecosto en la construcción de la Planta de Chía

Néstor Guillermo Franco, director de la CAR de Cundinamarca, fue destituido por la Procuraduría General de la Nación. Néstor Guillermo Franco, director de la CAR de Cundinamarca, fue destituido por la Procuraduría General de la Nación.
Además de la penalidad de destitución el director de la CAR, Néstor Guillermo Franco González, fue sancionado durante 10 años para ocupar cualquier cargo público.
 
El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Néstor Guillermo Franco González fue sancionado con la pena de destitución y de paso fue inhabilitado durante los próximos 10 años para ocupar cargos públicos por la Procuraduría General de la Nación 


Sancionó le fue aplicada por haber incurrido en irregularidades en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía – PTAR II, acción que el ministerio público califica como "violar el principio de planeación" y con ello haber provocado un incremento de 62.876 millones de pesos (alrededor de 20,7 millones de dólares) en la construcción de dicha planta de tratamiento.

En audiencia verbal, el Ministerio Público señaló que el convenio suscrito por la CAR con la Empresa de Servicios Públicos de Chía (Emserchía), y la alcaldía del municipio, por más de 35.000 millones de pesos (unos 10,6 millones de dólares), no se encontraba en condiciones de ser ejecutado.

Para el Ministerio Público eran suficientes tanto los estudios como los diseños planteados ya que ni estaban actualizados y eran completos para ejecutar el proyecto, lo que llevó a retrasos en la ejecución de las obras y a un reajuste en el valor, que ascendió a $62.876 millones.

’Para la Procuraduría esa situación debió preverse antes de la firma del convenio, en 2015, en razón a que las normas que rigen los procesos contractuales deben cumplirse con estricto rigor, pues es la forma de garantizar el cumplimiento del interés general que constituye la finalidad de todo proceso de contratación, y así evitar retrasos en las obras o adiciones en el valor de las mismas’, explicó la Procuraduría en un comunicado.

’Como consecuencia de lo anterior se violó el principio de planeación, como expresión del de economía y de responsabilidad, toda vez que el objetivo del convenio no fue posible ejecutarlo a partir de los estudios y diseños que se tenían al momento de su firma, lo que ocasionó que la construcción solo se iniciara tres años después de la suscripción del documento’, agregó.

Para la Procuraduría la conducta de Franco González la cataloga como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. El fallo de primera instancia fue apelado por el funcionario.