Lunes, 11 Febrero 2019 18:52

“Hidroituango, una crisis con verdades a medias”, Carrillo. Pide que se declare la emergencia ambiental

Fernando Carillo, Procurador General y su pedido de declaratoria de emergencia ambiental. Fernando Carillo, Procurador General y su pedido de declaratoria de emergencia ambiental.
El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo exhortó al Gobierno colombiano a que declare la emergencia ambiental a causa de los problemas generados en la presa que se construye en el bajo cauca antioqueño

Declarar la emergencia ambiental por los impasses causados en el norte y bajo cauca antioqueño tras los problemas registrados en el manejo de la presa Hidroituango, pidió la Procuraduría General de la Nación al Gobierno de presidente Iván Duque.

Entre tanto, otro despacho del Ministerio Público anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra directivos de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) por las presuntas irregularidades registradas en la ejecución del proyecto hidroeléctrico.

El procurador General, Fernando Carrillo Flórez, se declaró convencido, de que “aquí hay una crisis ambiental de unas dimensiones muy grandes, enormes y por lo tanto hay que tomar medidas drásticas como la declaratoria de una emergencia ambiental".

Puntualizó que “el país  tiene que saber qué es lo que está pasando, dónde estamos y que si se va a tener la capacidad por parte de la empresa en tomar control de este proyecto” para agregar luego que la Procuraduría esta convencida de que “se han contado verdades a media” sobre lo que está aconteciendo con Hidroituango.

De ahí que anunció la realización de una audiencia pública en Medellín para que la gente entienda y conozca realmente que es lo que esta aconteciendo.

En su cuenta de twitter el Procurador dijo: “Hoy hemos solicitado formalmente al gobierno nacional declarar la emergencia ambiental ante la crisis que se vive alrededor del proyecto Hidroituango”.

A juicio del jefe del Ministerio Público, la opinión pública debe saber cuáles son los desafíos futuros que se tiene que enfrentar y solo se podrá hacer una vez se tengan todas las fichas para descifrar el rompecabezas que está por armar.

INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA

De otro lado, la Procuraduría decidió una investigación disciplinaria para establecer cuál sería la responsabilidad disciplinaria por parte de la empresa EPM, sus directivas y de las demás autoridades ambientales como la Anla.

De acuerdo con el Ministerio Público hay evidencias que darían cuenta de las irregularidades que han provocado emergencias ambientales que afectan a la población de más de 20 municipios.

En las cifras que da la Procuraduría para justificar la investigación, por lo menos 20.000 familias de pescadores que están siendo afectadas por la ejecución de una obra que debe tener un retraso de al menos 3 años y un costo de recuperación de la misma de más de 2 billones de pesos”.

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